La política energética de México entró en una fase de reacomodo acelerado, tras años marcados por litigios y un estancamiento en la aprobación de proyectos privados.
Ahora, el gobierno federal busca imprimir orden y certidumbre a la relación entre el Estado y los desarrolladores de infraestructura eléctrica.
El más reciente movimiento en esa dirección proviene de la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Luz Elena González Escobar, que anunció la ampliación de los plazos para el pago de estudios técnicos necesarios para la obtención de permisos de generación y de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.
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La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 5 de noviembre de 2025, extiende del 4 al 14 de noviembre de 2025 el periodo para que empresas y desarrolladores realicen el pago de los estudios que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) debe elaborar para validar la viabilidad técnica de los nuevos proyectos eléctricos.
Polos estatales de desarrollo
La ampliación del plazo responde a la alta demanda registrada en la Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético (VUPE), plataforma en la que empresas de generación, fondos de inversión y compañías industriales se han volcado para incorporar proyectos energéticos dentro de los llamados polos estatales de desarrollo.
Polos que responden a la estrategia gubernamental para consolidar nueva infraestructura eléctrica en zonas definidas como prioritarias hasta 2030.
Según el acuerdo, los solicitantes expresaron la necesidad de tiempo adicional para reunir y acreditar el pago de los estudios del Cenace, requisito indispensable para continuar con el trámite.
Sin este cumplimiento, advierte la Sener, no habrá permisos.
Sin embargo, la dependencia también subraya que el objetivo no es excluir actores, sino evitar que el proceso se estanque por cuellos de botella técnicos o financieros.
Cabe resaltar que el movimiento no es un gesto administrativo aislado, es una pieza dentro de una estrategia que pretende:
• Evitar cuellos de botella en la tramitación.
• Dar certidumbre y progresividad a proyectos que ya manifestaron interés.
• Mantener el control estatal sobre la planeación.
• Incentivar el desarrollo eléctrico en zonas estratégicas para la industrialización.
La luz al final de la penumbra regulatoria
La actualización de la convocatoria se da un mes después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), publicado el 3 de octubre, y que según especialistas de los despachos Sainz y Von Wobeser, y Sierra, signa el primer marco normativo integral del sector tras la reforma constitucional de 2024.
De acuerdo con análisis de los despachos Sainz, junto con Von Wobeser y Sierra, el reglamento de la LSE establece los procedimientos específicos en participación de los privados bajo esquemas como:
- Generación Distribuida
- Autoconsumo
- Esquemas Mixtos
Siempre sujetos a un marco de planeación vinculante y al principio de Justicia Energética.
El reglamento de la LSE abrogó el anterior reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) e implementa la reforma constitucional de 2024.
Los ejes fundamentales del reglamento tienen como base la prevalencia del Estado, que a través de la CFE debe mantener al menos el 54 por ciento de la energía inyectada a la red nacional, en la que la Sener será la encargada de verificar anualmente el cumplimiento de este porcentaje.
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El segundo pilar es la planeación centralizada y vinculante, en la que la Sener publicará anualmente un Plan de Desarrollo del Sector Energético que será obligatorio, definiendo la ruta para nuevos proyectos, ya sean estatales, privados o mixtos.
“La emisión de permisos queda sujeta al estricto cumplimiento de estos planes”, señala el análisis de Von Wobeser y Sierra.
Un tercer componente es la introducción de la Justicia Energética como principio rector, buscando reducir la pobreza y las desigualdades en el acceso a la energía.
Para financiar estas acciones, se crea el Fondo de Servicio Universal Energético.
¿Cómo pueden entrar los privados?
Aunque el Estado continúa siendo el rector en el sector eléctrico, el reglamento detalla cómo los particulares pueden intervenir en el 46 por ciento restante de la generación.
1. Generación para el Mercado Eléctrico Mayorista:
- Permisos a partir de 0.7 MW (antes el umbral era mayor), lo que abre la puerta a más desarrolladores, pero siempre condicionados al plan de expansión nacional.
2. Esquemas Mixtos con CFE:
- Inversión compartida, donde CFE mantiene al menos 54 por ciento del capital.
- La iniciativa privada aporta tecnología, operación o financiamiento.
3. Autoconsumo para empresas e industrias:
- Permite instalar una central para abastecer directamente a uno o varios centros de carga —incluyendo terceros— sin necesidad de ser socios.
- Esto podría transformar parques industriales, zonas manufactureras e incluso cadenas logísticas completas.
4. Generación distribuida: Se amplía a proyectos de hasta 0.7 MW en sitio, con posibilidad de vender excedentes a la CFE.
- La gran novedad es que el modelo de autoconsumo deja de ser un mecanismo legalmente ambiguo y pasa a convertirse en un vehículo viable, transparente y replicable.
- Esto podría detonar una nueva ola de proyectos solares en naves industriales, centros logísticos y desarrollos mineros.
Lo que viene: socialización y cumplimiento
La participación privada viene acompañada de nuevas obligaciones, entre ellas, la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE).
El cumplimiento de la MISSE será indispensable para iniciar obra; esto busca anticipar conflictos comunitarios, un problema recurrente en megaproyectos de energía.
También advirtieron que el proceso de migración de los proyectos legados al nuevo marco presentan desafíos.
“Si quieres incrementar capacidad o instalar almacenamiento en un proyecto legado, tienes que migrar al nuevo marco regulatorio, por lo que anticipan que algunas restricciones, como la prohibición de la migración parcial de capacidades, podrían generar ‘oleadas de amparos’, indicó Ariel Garfio, socio de Von Wobeser y Sierra.
A pesar de esto, los abogados calificaron como positiva la emisión de este reglamento.
“Hay todavía disposiciones y reglas por aterrizarse, pero creo que vamos en un camino correcto. Obviamente hay más restricciones, hay una planeación centralizada, pero hay cabida para los particulares”, afirmó Edmond Grieger, socio de Von Wobeser y Sierra.
Por su parte, Arial Garfio coincidió “en que en los últimos cuatro o cinco años estuvimos en una penumbra regulatoria del sector eléctrico".
"En los últimos ocho meses ha habido una revolución en la publicación de regulación, creemos que el marco regulatorio da mucha claridad en la mayoría de los aspectos”, señaló.
La publicación del reglamento de la LSE brinda reglas más definidas, pese a que priorizan el control estatal, abren la puerta a una participación privada, aunque sujeta a una planeación estricta y una mayor responsabilidad social.
Tras años de litigios y parálisis, México se encamina hacia un modelo eléctrico donde el Estado recupera rectoría, pero abre rutas formales y definidas para la participación privada.
Los incentivos, sin embargo, ya no serán puramente de mercado:
- La viabilidad social
- Territorial
- De planeación será decisiva
Para los desarrolladores, los próximos meses serán de decisiones estratégicas, como adaptarse, migrar proyectos al nuevo marco o, en algunos casos, reconfigurar modelos de negocio.
Pero por primera vez en varios años, coinciden expertos, hay reglas.
KL
