En 1972, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó que se anularan todas las sentencias de pena de muerte vigentes a lo largo del país, lo que evitó la ejecución de 588 personas.
Este castigo, también conocido como pena capital, llevaba siglos de arraigo como una tradición del sistema de justicia en el territorio que hoy ocupa la Unión Americana.
Datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) señalan que entre 1608 y 1972 fueron ejecutadas 14 mil 489 personas a raíz de esta condena.
Entonces, ¿por qué la Suprema Corte estableció una abolición temporal? Todo se remonta al caso de William Furman, un hombre acusado de asesinato en el estado de Georgia, cuyos detalles te compartiremos a continuación.
La historia de William Furman
Antes de que su nombre se hiciera conocido en todo el país, William Henry Furman tuvo una vida enmarcada por las carencias y las dificultades que acarreaban sus padecimientos mentales.
Interrumpió sus estudios después de cursar el sexto grado y, mientras aún vivía con su madre, encontró trabajo en el sector de la construcción, aunque su sueldo era apenas suficiente para llegar a fin de mes. A lo anterior se sumaban los episodios de psicosis que sufría a causa de un trastorno convulsivo y una creciente dependencia al alcohol.
Para 1967, cuando tenía 26 años de edad, Furman ya había acumulado diversas condenas por delitos menores y era conocido por la tosquedad de sus actos como ladrón. En un intento por robarse algunos aparatos electrónicos, Furman cometió un delito que marcó por igual su vida y la historia del sistema de justicia estadunidense.
El crimen por el que condenaron a William Furman
Aquel 11 de agosto de 1967, Furman había bebido una gran cantidad de alcohol y, para terminar la jornada, decidió irrumpir en la casa de William Joseph Mickie, en la ciudad de Savannah, Georgia.
Debido al ruido que Furman provocó al entrar, Mickie se despertó y notó que un extraño estaba en su hogar. Mientras Furman escapaba, el arma que llevaba consigo se accionó. El muchacho no se dio cuenta en ese momento, pero la bala atravesó la puerta de la cocina y se alojó en el cuerpo de Mickie, provocándole la muerte.
Durante las primeras investigaciones, la policía siguió una serie de pistas que permitieron encontrar a Furman, quien se escondía en casa de un familiar. El muchacho no se enteró de que Mickie, padre de cinco hijos, había muerto sino hasta que los oficiales le informaron que sería arrestado por homicidio.
En una declaración posterior, Furman reconoció haber entrado a la casa de la víctima y dijo que, al escapar, tropezó con un cable que había en el suelo y fue en ese momento que su arma se disparó. "No sabía que estaba detrás de la puerta", aseguró.
Las autoridades estatales imputaron a Furman por homicidio y advirtieron que buscarían castigarlo con la pena de muerte. Al inicio del proceso, la Corte designó como abogado de Furman a Clarence Mayfield, un jurista interesado en la defensa de los derechos humanos.
Antes de que iniciara el juicio, Mayfield alegó demencia por parte de su cliente, por lo que Furman fue enviado al Hospital Estatal Central para ser sometido a diversos estudios.
El personal médico concluyó, de manera unánime, que Furman vivía con una deficiencia mental, de leve a moderada, y experimentaba episodios de psicosis asociados a un trastorno convulsivo. Aunque no lo declararon formalmente como una persona psicótica, reconocieron que "es incapaz de cooperar con su abogado para la preparación de su defensa".
Pese al diagnóstico y a la recomendación de que Furman fuera internado para recibir tratamiento psiquiátrico, la Corte lo consideró apto para enfrentar un juicio. Más de un año después de su arresto, el 20 de septiembre de 1968, Furman fue sentenciado a muerte tras un juicio que duró apenas un día.
Desde un inicio, Mayfield consideraba que su representado sería condenado con dureza debido, en gran medida, al arraigado racismo en el estado.
"Era negro sobre blanco. Un hombre negro mató a un hombre blanco, eso fue todo. Un juez blanco, un jurado blanco. No necesitaban saber nada más cuando oyeron 'negro sobre blanco'. El hombre negro estaba acabado", dijo el abogado, según testimonios difundidos por el DPIC.
La histórica decisión de la Suprema Corte
Ante la condena dictada en contra de Furman, su abogado se encargó de difundir detalles sobre el caso entre sus colegas defensores de derechos humanos, lo que captó la atención de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).
Mediante su Fondo de Defensa Legal, el colectivo de activistas atrajo el caso de Furman como uno de sus argumentos para controvertir formalmente la constitucionalidad de la pena de muerte.
El caso de Furman, así como dos más, fue presentado ante la Suprema Corte el 17 de enero de 1972. En el proceso se planteó que la pena capital violaba la Octava Enmienda de los Estados Unidos, la cual prohíbe la imposición de castigos crueles e inusuales. Además, se expuso que los jueces y jurados se veían constantemente influenciados por sus prejuicios raciales al momento de emitir veredictos.
Luego de casi seis meses de análisis y discusiones, la Suprema Corte emitió el 29 de junio de 1972 un fallo histórico, pues con una votación de cinco a cuatro determinó que la pena de muerte era una sanción inconstitucional, ya que en muchas ocasiones era impuesta de forma arbitraria y conducía a resultados discriminatorios.
Durante la exposición de motivos, el juez Thurgood Marshall, nieto de esclavos y el primer afroestadunidense en llegar a la Suprema Corte, compartió la opinión más extensa, la cual fue considerada un hito histórico en la lucha contra la desigualdad:
"Las personas pobres e integrantes de grupos minoritarios son los que tienen menores posibilidades de hacer esucchar sus inconformidades contra el castigo capital. Esta impotencia los sitúa como víctimas de una sanción que los ricos y mejor representados, igual de culpables, podrían evadir".
Con este fallo, la pena de muerte que se había ordenado contra Furman quedó desechada junto con las sentencias de casi 600 personas que estaban a la espera de ser ejecutadas en diversas prisiones del país.
Aunque la decisión de 1972 fue considerada como un avance en contra de esta medida, la pena de muerte quedó restituida en 1976, también mediante un proceso encabezado por la Suprema Corte, con la condición de que cada estado implementara lineamientos para evitar que el castigo se aplicara de forma arbitraria.
Respecto a Furman, fue liberado en 1984 y durante algunos años consiguió trabajos, de forma esporádica, en proyectos de construcción, mientras se refugiaba en autos o casas abandonadas.
En 2006 fue ingresado a prisión nuevamente por robo y, después de recuperar su libertad en 2016, se instaló en un albergue de la ciudad de Macon, en Georgia
BM.
