"No puedo ni quiero disculparme por el crimen de alguien más" escribió Rubén Cárdenas Ramírez, un hombre originario de Guanajuato, antes de ser ejecutado en Estados Unidos en noviembre de 2017.
Las autoridades de aquel país lo declararon culpable de haber violado y asesinado a su prima menor de edad, Mayra Laguna, en 1997. Sin embargo, las pruebas utilizadas en su contra levantaron múltiples sospechas y el gobierno mexicano, en reiteradas ocasiones, se opuso a su pena de muerte.
El caso adquirió gran relevancia a nivel internacional y atrajo la atención de diversos organismos defensores de derechos humanos; pese a ello, Cárdenas recibió la inyección letal. ¿Cuáles fueron las dudas que ensombrecieron esta investigación y qué reacciones provocó este caso en México? En MILENIO te contamos
Un crimen y una confesión dudosa
Rubén Cárdenas nació en Irapuato, Guanajuato, el 7 de abril de 1970, pero desde pequeño se mudó a Estados Unidos, específicamente a la región del Valle del Río Grande, en el sur de Texas.
En esa zona, específicamente en el condado de Hidalgo, ocurrió un crimen que cambió su vida y la de su familia para siempre.
La mañana del 22 de febrero de 1997, Cárdenas y un amigo de nombre Tony Castillo entraron a la casa de Mayra por la ventana, la amordazaron y se la llevaron a una locación abandonada, según los registros del Departamento de Justicia Criminal de Texas.
En una síntesis del caso, las autoridades afirmaron que Cárdenas violó a la víctima de 16 años de edad, la golpeó y la estranguló hasta la muerte. Una vez consumado el crimen, arrojó su cuerpo a un canal cercano.
Al recibir la denuncia por la desaparición de Mayra, la policía local inició sus investigaciones y al día siguiente detuvo a Cárdenas. Como ciudadano mexicano, el hombre tenía derecho a contactarse de forma inmediata con autoridades consulares para recibir asistencia. Sin embargo, nadie le informó de ello sino hasta 11 días después de su captura, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su primer encuentro con los cuerpos policiacos, Rubén Cárdenas negó haber participado en el crimen, pero las fuerzas de seguridad obtuvieron una confesión tras un interrogatorio que se extendió por más de 20 horas, acorde con lo revelado por su abogada a Los Angeles Times.
Las dudas sobre la regularidad del proceso aumentaron cuando se reveló que Rubén Cárdenas declaró sin orientación ni presencia de ningún representante legal. En su confesión, el hombre de 26 años en ese entonces dijo haber secuestrado, violado y asesinado a Mayra Laguna mientras estaba bajo la influencia del alcohol y la cocaína, recoge un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cárdenas dejó el bachillerato inconcluso en Texas; estaba casado y era padre de gemelos, según puede leerse en reportes de The Associated Press. Hasta antes del asesinato de Mayra, Rubén Cárdenas no tenía antecedentes penales.
Sumado a lo anterior, Amnistía Internacional confirmó que los testigos entrevistados por la policía, incluida una hermana de Mayra que estaba en la casa aquel día, no identificaron a Rubén en sus primeras declaraciones y ofrecieron descripciones que no coincidían con el aspecto del acusado.
Por si fuera poco, la organización no gubernamental explicó que, pese a las declaraciones de Cárdenas sobre una violación previa al asesinato, el cuerpo de Mayra no presentaba indicios de agresión sexual.
A pesar de esto, la Corte de Distrito en el Condado de Hidalgo lo declaró culpable de asesinato capital y el 17 de febrero de 1998 fue sentenciado a pena de muerte, luego de que un jurado lo considerara un peligro potencial para la comunidad.
Investigaciones de la CIDH revelaron que los oficiales consulares tuvieron noticia sobre el arresto de Cárdenas casi cinco meses después de que ocurriera, lo que representó una violación a la Convención de Viena.
Las reacciones de México ante la pena de muere impuesta contra Cárdenas
Durante décadas, Rubén Cárdenas y su defensa sostuvieron una batalla legal con la intención de que su caso fuera revisado y, eventualmente, se retirara la pena de muerte.
Entre 2001 y 2009, autoridades estatales y federales rechazaron al menos siete recursos legales con los que Cárdenas buscó la intervención de un juez que evaluara la legalidad de su arresto.
Mientras estuvo en reclusión, Cárdenas Ramírez desarrolló síndrome nefrótico, provocado por fallas en los vasos sanguíneos de los riñones, lo que le valió múltiples ingresos al Hospital John Sealy, en Galveston.
Tras casi 20 años privado de su libertad, un tribunal fijó la fecha de su ejecución para el 7 de junio de 2017, pero tuvo que ser aplazada hasta el 8 de noviembre.
En octubre de ese año, la defensa legal del mexicano solicitó que se realizaran nuevos análisis de ADN a elementos como las uñas de la víctima y su vestimenta, alegando que los estudios iniciales habrían seguido protocolos poco confiables.
Al informar sobre el rechazo de esta petición, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas expuso que, incluso si las pruebas de ADN no coincidieran con el perfil genético del acusado, no serían suficientes para exculparlo.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México condenó el incumplimiento de una resolución de la CIDH emitida el 18 de octubre de ese año. En el documento, el organismo internacional urgió a las autoridades estadunidenses que se abstuvieran de ejecutar a Rubén Cárdenas y que adoptaran las medidas necesarias para resguardar su integridad.
Igualmente, tras un análisis a profundidad del caso, la Corte pidió que el gobierno de Estados Unidos se asegurara de que las condiciones en que Cárdenas fue arrestado se apegaran a los estándares internacionales. No hubo respuesta.
El 6 de noviembre, a petición de México y de la defensa legal de Cárdenas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU hizo un llamado a Estados Unidos para que anulara la sentencia de pena capital y enjuiciara nuevamente al mexicano, garantizando el debido proceso. "Si tuviera lugar la ejecución programada, equivaldría a una privación arbitraria de la vida", consideraron dos expertas en derechos humanos de Naciones Unidas.
Sumado a lo anterior, el entonces canciller, Luis Videgaray Caso, dirigió una petición por escrito al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que conmutara la pena del mexicano. Solicitudes de la misma índole fueron emitidas desde el Congreso de la Unión, el gobierno de Guanajuato y la Procuraduría de Derechos Humanos de aquel estado.
Países como Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Portugal, Suiza y Uruguay emitieron pronunciamientos en el mismo sentido, una vez que la Embajada mexicana en Estados Unidos expuso el caso, pero nada fue suficiente.
Cárdenas Ramírez fue ejecutado el 8 de noviembre de 2017 mediante inyección letal en la penitenciaría de Huntsville. Menos de un minuto después de que le suministraran el barbitúrico designado para el procedimiento, Cárdenas dejó de moverse y su muerte quedó certificada 21 minutos después, a las 22:26 horas, tiempo local.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que era necesario evaluar los casos de 51 mexicanos que habían sido condenados a muerte en Estados Unidos, pues se detectaron violaciones a sus derechos de recibir asistencia legal de su país. Rubén Cárdenas Ramírez era uno de ellos.
BM.
