Narcotraficantes de la talla de Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, por mencionar sólo algunos, recibieron una bocanada de aire fresco a principios de agosto, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que no buscaría sentenciar a ninguno de ellos con la pena de muerte.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, reiteró que esta misma restricción aplicaría para los más de 50 jefes criminales que fueron entregados al país vecino en los operativos de febrero y agosto de 2025.
Aunque varios de los capos son señalados por las autoridades estadunidenses como responsables de múltiples homicidios y de desatar la crisis de opioides que enfrenta su ciudadanía, la pena capital no sería aplicable para ellos debido a que no es una sanción contemplada en los códigos penales mexicanos.
Pero, ¿qué dicen las leyes en Estados Unidos sobre la pena de muerte y en qué casos se puede implementar? En MILENIO te contamos.
¿Qué dice la ley en EU sobre la pena de muerte?
Desde 1976, más de mil 600 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos a raíz de esta sanción, siendo Texas la entidad con un mayor número de casos (595), seguida por Oklahoma (129) y Florida (117), según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI, por sus siglas en inglés).
A lo largo de las últimas cinco décadas, el método más empleado fue la inyección letal, aunque también se han registrado ejecuciones mediante electrocución, gas, fusilamiento y ahorcamiento.
En el país de las barras y las estrellas, la pena de muerte está regulada mediante una combinación de normas tanto estatales como federales.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia establece que a nivel federal la pena de muerte sólo se puede solicitar contra criminales sentenciados por delitos capitales, entre los cuales se ubica el asesinato, traición, espionaje genocidio, homicidio o secuestro de funcionarios estadunidenses y participación en una empresa criminal continua.
Cabe señalar que en estos procedimientos, los fiscales a cargo de cada caso deberán acudir ante un Comité de Revisión del Departamento de Justicia, el cual determinará si es factible solicitar este castigo en contra de los acusados.
El Congreso de los Estados Unidos precisa que están exentos de esta sanción las personas menores de edad o que se encuentren incapacitadas para enfrentar un juicio, al igual que mujeres embarazadas.
Es pertinente señalar que el número de sentenciados a pena de muerte durante procesos federales ha sido notoriamente menor en comparación con los casos estatales, pues la cifra es de 50 personas ejecutadas desde 1927.
Tal disparidad se debe a que sólo algunos casos son atraídos por la Fiscalía General estadunidense, mientras que la gran mayoría se desarrolla en el marco de las leyes estatales.
Por mencionar un ejemplo, en el estado de Texas todos los actos considerados como ofensas capitales se configuran como homicidios con al menos un agravante:
- Asesinato de un agente de seguridad o un bombero mientras ejerce sus funciones
- Asesinato a cambio de remuneración (o bajo promesa de la misma)
- Asesinato de niños menores de 10 años
- Asesinato de un oficial penitenciario mientras el victimario cumple una sentencia en prisión
En Oklahoma, el segundo territorio con más ejecuciones en la historia de Estados Unidos, el gobernador tiene la facultad de otorgar su perdón a una persona sentenciada y revocar la pena de muerte, aunque esto sólo ha ocurrido una vez, en el caso de Richard Glossip, quien iba a ser sometido a la inyección letal en 2015.
Pena de muerte: la herramienta frustrada de Trump contra los cárteles mexicanos
Desde noviembre de 2022, el ahora presidente Donald Trump manifestó sus intenciones de impulsar cambios legales, en caso de regresar a la Casa Blanca, para que los traficantes de drogas fueran castigados con la pena de muerte.
En su discurso, Trump consideró que los narcotraficantes, especialmente aquellos relacionados con el trasiego de opioides, podrían ser responsables por la muerte de miles de personas, lo que sería equiparable a los homicidios contemplados como ofensas capitales.
El 20 de enero de 2025, el mismo día que asumió la Presidencia, Trump emitió una orden ejecutiva en la que calificaba la pena capital como una herramienta "esencial para castigar a quienes cometen los delitos más atroces contra ciudadanos estadunidenses".
Bajo esta misma narrativa, adelantó que la Fiscalía General buscaría esta sanción contra quienes hayan asesinado a un agente de la fuerza —uno de los actos que se le atribuyen a Rafael Caro Quintero— o contra extranjeros que cometan ofensas capitales mientras permanecen de forma irregular en Estados Unidos.
Un par de semanas más tarde, el 5 de febrero, la Fiscalía General emitió un memorándum para alertar que pondría en marcha todas las estrategias necesarias para eliminar a los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales.
Entre las medidas contempladas estaba imputar cargos por delitos capitales contra los mayores líderes de estas estructuras delictivas, como terrorismo, crimen organizado, violaciones a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y uso de arsenal de gran calibre.
Pese a ello, luego de que 55 jefes criminales fueran trasladados de México a Estados Unidos para enfrentar sus acusaciones, el Departamento de Justicia tuvo que comprometerse a no buscar la pena de muerte contra ninguno de ellos.
Aunque la entrega de los capos ocurrió en circunstancias muy puntuales, bajo el argumento de priorizar la seguridad nacional, existe un artículo del Tratado de Extradición entre ambos países que faculta a México para denegar el traslado de un acusado si el país requirente (Estados Unidos, en este caso) no garantiza que no se le impondrá tal castigo, ya que en nuestro país dejó de aplicarse contra civiles en 1975.
¿En qué territorios de EU es legal la pena de muerte?
Además de estar contemplada en las leyes federales, la pena de muerte actualmente es legal en 27 territorios de Estados Unidos, que son: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.
De los 23 estados que han abolido esta sanción, los últimos en hacerlo fueron Washington (2023), Colorado (2020) y Nuevo Hampshire (2019
BM.
