DOMINGA.– La tarde del 7 de octubre España se sacudió de golpe: Maricarmen Abascal, una mujer octogenaria que dos semanas antes había sido desalojada del que fuera su hogar por más de setenta años, murió en el hospital al que fue llevada después de que la policía la sacara de su casa entre las protestas de activistas y vecinos. Era el miércoles 23 de septiembre y ese día, con esa chispa, se encendió un fuego que en las semanas posteriores tomaría las plazas de varias ciudades y llevaría al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a convocar a nuevas elecciones.
El combustible de este fuego tiene origen en el hecho de que el caso de Maricarmen ni es excepcional, ni es inusualmente cruel. Las historias de personas desalojadas de su vivienda se han multiplicado desde hace varios años en España, con particular énfasis en el periodo posterior a la pandemia de covid-19.
Entonces los llamados “nómadas digitales” comenzaron a llegar a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao para disfrutar los beneficios de trabajar a distancia desde una región con un clima más amable y un costo de vida más asequible que el de sus países –Estados Unidos o el norte de Europa–, pero disfrutando de los mismos elevados ingresos que perciben allá por sus empleos.
Esta corriente se sumó a la ya existente del turismo low-cost, impulsado por el crecimiento de aerolíneas de muy bajo precio y de plataformas como Airbnb. Hoy en Madrid o Barcelona, con turistas dispuestos a pagar entre cien y 170 euros diarios por un departamento –más económico que un hotel–, los inquilinos que solían pagar entre mil y mil 200 euros mensuales difícilmente pueden competir.
Digámoslo en código mexicano: con turistas dispuestos a pagar el equivalente a entre dos mil y tres mil 500 pesos diarios por un departamento –más económico que un hotel–, los inquilinos que solían pagar entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales difícilmente pueden competir.
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Los grandes propietarios inmobiliarios –conocidos como “fondos buitre”, grupos de inversionistas que compran propiedades o deudas hipotecarias a precios muy bajos para obtener una alta rentabilidad a corto o medio plazo–, han comprado edificios enteros, han dejado de renovar contratos a inquilinos de toda la vida, y han puesto lo que solía ser el hogar de una familia al mejor postor. Con frecuencia los departamentos se quedan vacíos por largos periodos, porque lo redituable para estos fondos es el aumento del valor del inmueble en un mercado en el que es cada vez es más difícil para el ciudadano común encontrar un lugar para vivir.
En respuesta, en cada ciudad se organizan sindicatos de inquilinos y plataformas contra los desalojos que se agrupan, construyen barricadas y hacen públicos los casos de las personas más vulnerables, casi siempre con un impacto mediático, pero con escasa protección de la ley.
Y así, un miércoles de octubre por la mañana, Maricarmen Abascal salía por última vez de su casa enviando un mensaje a la gente joven: “Yo no lo conseguí, pero vosotros luchad; seguid defendiendo lo que es vuestro”.
Gente sin casa, casas sin gente
“Esto apenas comienza. ¡Vamos a la huelga general!”. Un par de días antes de la muerte de Maricarmen, los volantes circulaban de mano en mano mientras la Plaza de Urquinaona, en el centro de Barcelona, se empezaba a llenar. La Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad, recibía ríos de gente que entraba por las calles aledañas y no podía moverse más. La ruta de la marcha tuvo que cambiar para circular por avenidas más amplias: unas 120 mil personas, la gran mayoría jóvenes, se agolpaban de acera a acera y, cuando empezaron a marchar, lanzaron el grito acusador: “¡No se entiende, es indecente: gente sin casa, casas sin gente!”.
Aunque se denuncia el problema de la vivienda, este es en realidad la confluencia de muchos problemas. Son los bajos salarios en comparación con las rentas cada vez más impagables. Es la imposibilidad de comprar un piso –como le llaman aquí a los departamentos–, incluso si se cuenta con un empleo estable y un buen historial de crédito. Es la gentrificación, los nómadas digitales que teletrabajan pagando rentas muy por encima de las posibilidades del ciudadano español promedio. Es el del turista al que no le importa que su Airbnb haya dejado a alguien sin casa y opere de manera ilegal. Y es, sobre todo, el de los fondos buitre que rescinden el contrato a quienes viven en esos inmuebles (hay Maricarmen en todos lados), los remodelan y los rentan a extranjeros, o los conservan vacíos como inversión.
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“Porque trabajar ya no garantiza que puedas pagar un lugar donde vivir. Los alquileres suben mucho más que los salarios y cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes”, explica el volante que circula de mano en mano entre la gente que marcha por Paseo de Sant Joan, una amplia avenida arbolada de cincuenta metros de ancho, con zonas verdes y carriles para la bici que fue catalogada como una de las mejores calles del mundo por la revista Time Out. El precio promedio de renta por un piso de dos recámaras sobre esta avenida es de 3 mil 800 euros mensuales (casi 80 mil pesos), aunque hay algunos que rozan los 9 mil. El salario mínimo en España es de mil 400 euros al mes (cerca de 30 mil pesos).
Ya entrada la noche, entre consignas –“la vivienda es un derecho, no una inversión”; “quien siembra miseria, recoge rabia”– la marcha termina frente a la Plaza de Catalunya, el corazón de la ciudad: una gran explanada con dos enormes fuentes, conocidas como las Fuentes Gemelas, a donde llegan algunas de las principales avenidas de Barcelona y donde, desde el 29 de septiembre, haciéndose eco de la acampada de la Plaza del Sol de Madrid, se empezaron a instalar tiendas de campaña para hacer un plantón exigiendo a las autoridades garantizar el derecho a la vivienda.
Las 150 personas que durmieron esa primera noche en la plaza se multiplicaron como los peces y los panes; al 15 de octubre, la Acampada por la Vivienda reunía a más de 700 tiendas de campaña y más de mil personas, visibilizando ante los empresarios, los turistas y los ciudadanos de a pie que pasan por ahí cada día, que en esta ciudad, en este país, hay gente sin casa, hay casas sin gente.
“Ustedes por dinero, nosotros por amor”
Mar tiene veintiocho años y está en el plantón desde el primer día. “Acabamos de cumplir dos semanas y seguimos creciendo”, dice con orgullo cuando habla del millar de almas que se mueven en la pequeña ciudad de tiendas de campaña alineadas en círculos en torno al centro de la acampada, un espacio principal donde se realizan las asambleas de día y se reúnen los comités. Las tiendas, una tras otra, se organizan en pequeñas calles que desembocan en espacios colectivos bien organizados.
Avanzando entre las tiendas se puede encontrar un punto de información con las actividades del día –un taller de prevención de riesgos, un partido de voleibol, la proyección de un documental, un espacio de micrófono abierto–; una enfermería, donde se atiende a quienes se sienten mal y se pueden encontrar artículos de higiene personal; un punto lila, donde se pueden denunciar las violencias de género, o un espacio de diseño para crear mantas, carteles y otros materiales para hacer difusión.
Aunque unos días después de iniciadas las movilizaciones el gobierno español aprobó algunas medidas para calmar las aguas –suspensión temporal de los desalojos de personas vulnerables, medidas fiscales a alojamientos turísticos, o ajustes en los contratos de renta– el plantón, afirman los que están ahí, va para largo.
“El segundo día de asamblea acordamos objetivos que van más mucho más allá de la aprobación del decreto”, explica Mar, “porque necesitamos medidas a nivel político, material y de infraestructura: el fin a los alquileres de temporada y la recuperación de los pisos que tienen fondos buitres y los especuladores, para que podamos tener un parque de vivienda pública real, solo para clase trabajadora”.
—¿Cómo gestionas a mil personas acampando?
—No se gestionan, se autogestionan. Funcionamos por comités, grupos de trabajo, asambleas horizontales. Todas las decisiones las tomamos a partir de una propuesta que se aprueba de forma asamblearia —responde Mar con emoción.
También de forma asamblearia se decidió convocar a la sociedad civil, “a la clase trabajadora”, dice Mar, para sostener lo más urgente: la comida para los cientos de personas que mantienen el plantón de día, y para los que llegan por la noche. El llamado se ha hecho principalmente a través de la cuenta de Instagram @acampada.habitatge (vivienda, en catalán), donde publican listas de las cosas que se necesitan, desde cebollas, papas y sal, hasta bolsas de basura y cajas de herramientas.
Aquí es donde entra en acción Jorge, de cincuenta años, a cargo del equipo de cocina. Su experiencia en Xama, una red de ayuda mutua que se encarga de recoger excedentes de alimentos en los supermercados para su distribución entre familias necesitadas, lo hace la persona ideal para administrar este punto en el que se preparan cada día más de 200 desayunos, 400 comidas y 400 cenas. Por lo que toca al agua, por el momento las fuentes públicas de la ciudad, con agua potable, hacen lo suyo.
“Las donaciones llegan de la gente, desde una caja hasta varios kilos de verdura”, dice Jorge, y justo en ese momento entra por la puerta de la gran tienda de campaña-cocina una caja con pollo y vegetales traída por alguien que vino a preguntar qué hacía falta. “Se da prioridad a la comida vegana; partimos de una base de verduras para a partir de ahí hacer arroces, y luego vamos incorporando algunos cárnicos”, explica, convencido de que el movimiento apenas empieza.
“Estamos viendo un impulso internacional de la movilización social en países como Portugal y Francia, y las acampadas en España siguen creciendo; ya hay en veintiséis ciudades y todas se sostienen”.
Debido a esto que apenas empieza, en la acampada se respira esperanza. Mar lo explica con la palabra catalana para decir “calor humano”:
—Me emociona mucho. Me da mucha caliu en el corazón.
Y en medio de las tiendas sobresale un letrero que reza: “Ustedes por dinero, nosotros por amor”.
La revolución de los llaveros
Pocos gestos más comunes que el de agarrar las llaves antes de salir de casa y llevarlas en el bolsillo del pantalón o en la bolsa de mano; algo tan cotidiano, una acción que realizamos todos los días y tomamos por sentada, para algunos se ha convertido en algo inalcanzable: las llaves son la señal de que tenemos casa, pero hay gente que va sin ellas. Maricarmen, por ejemplo, murió fuera de su casa, enferma y sin llaves.
Sin llaves se quedó también Olga Matute, vecina de Barcelona de 54 años, con dos hijas, quien fue desalojada de su hogar en abril de este año; en septiembre se quitó la vida. Se quitaron la vida también las hermanas Núria y Mercedes M. de 64 y 54 años, en julio de 2024, horas antes de ser desalojadas del departamento donde habían vivido cuarenta años por no poder seguir con la renta.
Sin llaves se han quedado un millón de personas que en los últimos diez años han sido expulsadas de sus viviendas porque el dinero no alcanza, porque una enfermedad, un problema de salud mental, una vuelta de la vida, te puede quitar el único techo que te cubre y con él se van todas las certezas. La vulnerabilidad, la incertidumbre, mata. Tener un llavero te sirve para aferrarte a la vida.
La gente joven lo sabe y mientras se congrega en la segunda marcha por la vivienda en lo que va del mes de octubre, hace sonar sus llaves y llaveros. En medio del silencio absoluto, el sonido metálico que todos conocemos, el tintineo disparejo de metales de todos tamaños, multiplicado por cientos, por miles, resulta estremecedor.
Esta gente joven es el trofeo codiciado de izquierdas y derechas; políticos que les solían prometer y no les han podido dar nada en la última década. La última vez que las promesas tuvieron cara de realidad fue en 2015, cuando se derramó el vaso del malestar que venía llenándose desde la crisis económica de 2008. España vivía con un nivel de desempleo que en sus peores momentos superó el 25%, con recortes en servicios públicos, rescates bancarios y miles de desalojos. A esto se sumaron grandes escándalos de corrupción que involucraban a integrantes del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero de España (PSOE), que se habían alternado en el poder durante décadas. El movimiento 15-M de 2011, con acampadas en las plazas bajo lemas como “no nos representan”, canalizó esa indignación y dio lugar a redes vecinales y colectivos de defensa de los derechos que hasta hoy se encuentran vivos.
Ese movimiento social dio el salto a la política institucional y partidos como Podemos, y figuras como Ada Colau, quien se convertiría en alcaldesa de Barcelona, o Manuela Carmena, que llegaría al mismo cargo en Madrid, ocuparon espacios representando lo mejor de aquel movimiento, hasta que el partidismo hizo lo suyo y convirtió el espectro político español en más de lo mismo, en cálculo y negociación. Hasta hace unas semanas, cuando la nostalgia por la ilusión volvió a tomar la calle.
Hoy el cálculo y la negociación siguen ahí: Pedro Sánchez, quien llegó a la presidencia de España bajo las siglas del PSOE y con una coalición de izquierdas, utilizó la coyuntura de las manifestaciones por la vivienda para convocar a elecciones el 29 de noviembre próximo con la esperanza de que estos movimientos progresistas que han tomado las plazas, los que finalmente han encontrado una motivación para salir a la calle y exigir sus derechos, se manifiesten también en las urnas para frenar la amenaza de la ultraderecha que recorre toda Europa.
En medio del cinismo político, el mensaje es que esta gente joven, la que acampa y se da caliu, puede abrir una puerta a la esperanza. La llave está en sus manos.
GSC / MMM
