El Alto Tribunal español condenó al exministro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, varios de cohecho, y otros de malversación y tráfico de influencias.
Además, impuso una pena de 19 años y ocho meses de cárcel para el que fuera su mano derecha Koldo García por los mismos delitos, cometidos en el marco de los hechos enjuiciados en el “caso mascarillas”.
El tribunal también dictó una pena de cuatro años y medio de cárcel para el comisionista Víctor de Aldama, que habría ganado casi 4 millones de euros en comisiones, si bien fue suspendida la ejecución de su pena, de modo que se librará de entrar en prisión, debido a que contribuyó proporcionando información durante el proceso judicial.
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Caso Mascarillas
El “caso mascarillas” se dio durante la pandemia. Los acusados se dedicaron a hacer negocios con la venta de éstas mientras en el país morían decenas de españoles por Covid 19. Ábalos fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, así como uno de los hombres de mayor confianza del presidente Pedro Sánchez.
La sentencia, ponencia de Andrés Martínez Arrieta, admitió todos los puntos de la acusación del Ministerio Público: que los tres implicados conformaron una organización criminal con reparto de funciones, que la trama facilitó la contratación de la expareja de Ábalos, Jésica García, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), que un socio de Aldama costeó como soborno al exministro un piso para ella en la Plaza de España de Madrid y que acordaron la compra de un departamento en la Castellana para el político, así como que Claudio Rivas, empresario de los hidrocarburos, costeó una vivienda vacacional en Cádiz para el también ex secretario de Organización del PSOE en La Alcaidesa (Cádiz).
El juicio quedó visto para sentencia el 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.
La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el derechista Partido Popular defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.
La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y la Administración de Estructuras Ferroviarias por valor de 36,7 millones de euros.
LJ
