Los conservadores del Partido Popular (PP) español están aceptando el principio de "prioridad nacional" exigido por el ultraderechista Vox en negociaciones de gobierno.
Así se daría preferencia a los españoles e inmigrantes regulares para recibir ayudas, prestaciones y servicios sociales públicos, aunque las dos fuerzas políticas discrepan en la interpretación del concepto.
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Acuerdos regionales
El diálogo ocurrió en la región de Extremadura, donde el PP ganó las últimas elecciones, pero sin la mayoría suficiente para gobernar, y tuvieron que aceptar postulados de Vox para ello. Algo similar ocurrirá, previsiblemente, en Aragón y en Castilla y León.
El pacto de gobierno de Extremadura incide en políticas contra la inmigración irregular, en particular de los menores no acompañados, y habla del acceso a la vivienda protegida y alquileres sociales "inspirado en el principio de prioridad nacional" y "adecuado a la legalidad vigente".
Tanto los beneficios específicos sobre vivienda como todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se asignarán de manera prioritaria a quienes mantengan "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", dice el acuerdo sin que se cite nacionalidad alguna.
Por ejemplo, para la vivienda social, se exigirá el empadronamiento histórico en Extremadura de un mínimo de diez años para la compra y cinco años para el alquiler.
En las ayudas, prestaciones y servicios sociales, será un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio o la exclusión del acceso a quienes se encuentren en situación irregular, excepto supuestos de urgencia vital.
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Vox: "Defendiendo a los nuestros primero"
El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó estos días que las ayudas y prestaciones públicas en Extremadura se basarán en el "arraigo" de los solicitantes, "con independencia" de la nacionalidad.
Por el contrario, Vox no tiene dudas en cualquier caso: los españoles van primero. El líder de la extrema derecha en Extremadura, Óscar Fernández Calle, aseguró este miércoles 22 de abril que no es racismo ni egoísmo ni es irregular, "es simplemente sentido común y realismo", dijo.
"(Estamos) defendiendo a los nuestros primero", argumentó en el debate de investidura de la conservadora María Guardiola, que fue elegida presidenta regional.
Y el martes 21 de abril, la vocera de la ultraderecha en el Congreso, Pepa Millán, consideró también que el acuerdo político en esa región implica atender "a los españoles sobre cualquier otra consideración".
Además, así lo precisaba una moción parlamentaria de la extrema derecha que debatió en el Congreso, pero que una gran mayoría de la cámara rechazó, incluido el PP.
En este caso, Vox no aceptó una enmienda del partido conservador que suprimía la "repatriación" de todos los inmigrantes en situación "irregular", como quiere la extrema derecha, y que ponía la condición de "arraigo" (no de nacionalidad) para recibir ayudas y prestaciones, al modo de lo acordado en Extremadura.
"Anticonstitucional" y "discriminatorio", dice la izquierda
Según el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura está "violando" el principio de igualdad entre ciudadanos y el de no discriminación.
En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el PP se ha convertido en un partido "anticonstitucional".
Y el ministro de Derechos Sociales, el izquierdista Pablo Bustinduy, acusó a los conservadores de "dar a la ultraderecha la capacidad de decidir quién es merecedor de derechos y quién no", lo que consideró "discriminatorio" e "ilegal".
Pero la conservadora Guardiola aseguró que no pedirá perdón por gobernar con Vox en Extremadura, pues "las urnas han hablado" y el acuerdo entre los dos partidos "no es fascismo, es mayoría parlamentaria".
Mientras tanto, el gobierno central ha abierto un procedimiento para regularizar al menos a medio millón de extranjeros residentes en España desde antes del 1 de enero.
La medida será aplicada también para solicitantes de asilo que lo pidieron antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.
LGG
