En Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla no se mide la temperatura de las visitas, no se realizan pruebas covid, no es posible respetar la “sana distancia” debido al hacinamiento, el personal médico no cuenta con insumos necesarios e ignora los protocolos que se llevan a cabo frente a la pandemia y no hay limpieza suficiente, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Con preocupación se notó que la dinámica establecida para resguardo y cuidado de los casos positivos de covid-19 es desorganizada, los pacientes no contaban con insumos de protección. El grupo de personas alojadas en el área de ingreso, que ascendía al momento de la visita de 19 positivos a covid-19, se encontraban hacinados, deambulando libremente por ese espacio y teniendo contacto con otras personas privadas de la libertad, que les llevaban insumos y productos”.
Este es parte del análisis en relación a uno de los penales en Puebla que la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó con información de los 296 Centros penitenciarios de todo el país, donde hay 208 mil 293 Personas Privadas de la Libertad; en particular, con los datos recopilados durante la visita que el 31 de mayo su personal realizó a 26 penales en 17 entidades.
El “Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV-2”, indica que hay profundas fallas que deben ser resueltas.
En el caso de Puebla, el Centro Estatal de Reinserción Social ejemplifica la política que se sigue en sus 22 penales estatales, lo que a su vez explica por qué es la entidad donde mayor cantidad de contagios hay hasta el 1 de julio, con el registro de 195, lo que representa el 29 por ciento del total de todos los centros del país que es de 668 personas; a este estado le sigue Jalisco, con 105 contagios lo que significa 15 por ciento del total nacional.
Entre los problemas que enfrenta la Población Privada de la Libertad se encuentra el hacinamiento que es una falla histórica en los centros de reinserción estatales; en los 276 centros donde hay una capacidad para 186 mil 861 personas hay 190 mil 749 con una sobrepoblación de 3 mil 888 personas en general.
A ello se suma la falta de insumos y de alimentos suficientes, higiénicos y dignos, cosas que generalmente proporcionan los familiares que hoy tienen, en su mayoría, restringida la visita.
Igualmente se documenta que en la mayoría de los centros visitados no se realizan pruebas covid, el personal médico no cuenta con insumos y no todos han sido capacitados o conocen el protocolo de tratamiento de un caso de contagio y, no hay suficiente limpieza, entre otros problemas.
Ante ello la Tercera Visitaduría de la CNDH emitió 48 propuestas dirigidas a autoridades de los tres órdenes de gobierno. Entre esas medidas están: “reforzar acciones para garantizar el derecho a la salud y a la integridad personal; suministrar agua e insumos de higiene suficientes, proporcionar información accesible para todas las personas, garantizar comunicación permanente con familias vía telefónica, elaborar un programa Nacional de Despresurización Penitenciaria, otorgar beneficios de pre liberación a las personas más vulnerables al contagio”.
También se propone diseñar una plataforma en línea a nivel nacional, cuya información deberá ser pública, en la que se reporte periódicamente toda la información que se genere a partir del número de pruebas aplicadas; sanitización periódica de las instalaciones de los centros penitenciarios y; solicitar presupuesto para ampliar y mejorar las instalaciones;
Finalmente se exhorta a la promulgación de Leyes de Amnistía a favor de la población penitenciaria. Ante la reciente emisión de la Ley General de Amnistía y la creación de la Comisión en la materia, se insta de manera respetuosa a analizar la pertinencia y oportunidad de emitir dichas normas en cada estado, a fin de combatir la sobrepoblación y hacinamiento.
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