Alrededor de las 5:30 horas de este martes, seis hombres encapuchados irrumpieron en el centro de rehabilitación Alfa Fortaleza A.C., ubicado en Dolores Hidalgo, donde asesinaron a tres hombres conocidos como padrinos. Fue la continuación de una ola de ataques contra anexos que en lo que va del año ha dejado a 19 personas sin vida.
El ataque generó temor entre los familiares de los jóvenes internos, quienes decidieron llevárselos tras los hechos.
En entrevista con MILENIO, encargados del centro de rehabilitación explicaron que los agresores sometieron a cinco responsables del lugar y privaron de la vida a tres de ellos, identificados como: Jesús, de 24 años y originario de Ojuelos, Jalisco; Luis, de 33 años, procedente de León; y Alexis, de 50 años, vecino de Dolores Hidalgo.
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Un encargado que sobrevivió al ataque aseguró que el centro operaba desde hace tres años y que hasta ahora no habían enfrentado amenazas ni incidentes de violencia.
“Estábamos dormidos, a veces nosotros dormimos abajo. Cuando escuché los disparos pensé que seguía yo”, relató con temor.
El anexo contaba con 93 internos, quienes comenzaron a ser retirados por sus familiares después del ataque, lo que dejó el inmueble prácticamente desalojado.
Otro de los encargados señaló que la labor del centro siempre estuvo enfocada en la recuperación de personas con problemas de adicciones.
“Lo que se conoce, eran buenas personas y aquí problemas no hay, simplemente para apoyar a las personas a salir adelante de la enfermedad y nada más, eso es lo único que ahorita yo les puedo comentar”, aseguró.
El inmueble se ubica en avenida Sur 53 y consta de tres niveles en un terreno de aproximadamente 7 por 15 metros. En la planta baja se realizaban pláticas motivacionales, reuniones y dinámicas de integración, además de ser el espacio donde dormían algunos de los encargados. En el segundo y tercer piso, construidos con ladrillo rojo, se distribuían los cuartos donde dormían los 93 internos.
Tras el ataque, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Ejército Mexicano implementaron un operativo de seguridad y acordonaron la zona.
Durante un recorrido realizado por MILENIO fue posible observar manchas de sangre en el piso y puertas dañadas, mientras los familiares ingresaban para retirar a sus parientes.
De acuerdo con vecinos, el centro funcionaba sin mayores problemas desde su apertura hace tres años. Aseguraron que nunca habían presenciado hechos de violencia dentro del inmueble y que las actividades eran visibles, como reuniones al aire libre y visitas familiares los fines de semana.
Descartan incidentes previos
Familiares de internos del centro de rehabilitación Alfa Fortaleza A.C., en Dolores Hidalgo, aseguraron que el anexo operaba de manera tranquila y sin incidentes antes del ataque armado ocurrido la mañana de este martes, en el que tres padrinos fueron asesinados.
De acuerdo con los familiares, los encargados mantenían un trato cercano y respetuoso con los internos y sus familias, quienes coincidieron en que nunca habían registrado problemas ni amenazas mientras sus parientes estuvieron internados.
Tras el ataque, los padres acudieron al lugar y exigieron llevarse a sus familiares. Aunque en el centro se encontraban alrededor de 93 internos, la mayoría fue retirada por sus seres queridos.
San Juana Jazmín Mendiola, esposa de uno de los internos, comentó: “Yo no sabía, ya tenía 4 meses y pues me comentaba que estaba todo bien, que era buen anexo y no sé la verdad qué pasó”. Al cuestionarle si había escuchado alguna amenaza o accidente previo, respondió que no, hasta hoy.
Ana Juárez, quien tiene a su hijo en el centro desde hace un mes, explicó que nunca había ocurrido un ataque. “Ya no hay seguridad aquí, nos enteramos por las noticias”, dijo.
Por su parte, Ernestina, madre de otro interno, señaló preocupada: “Esto nunca había pasado, el trato estaba muy bien”.
Internos como Julio Galicia, Felipe y Carlos González relataron que escucharon detonaciones y gritos durante el ataque.
Julio Galicia comentó: “Conocía a las personas, todos somos internos de aquí. Hasta que me bajé de mi cama y dijeron que había pasado algo allá abajo”.
Felipe añadió: “No me di cuenta, estaba encerrado, sí escuché las detonaciones pero no entendí qué pasaba”, mientras que Carlos González señaló: “Estaba dormido cuando sucedió eso, nada más escuché que rafaguearon y se escucharon gritos; no hemos hablado con las autoridades ni con nadie”.
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“Estamos cansados de reuniones sin resultados”: Nicolás Pérez
Tras el ataque armado en Dolores Hidalgo, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, pidió reforzar la seguridad en estos espacios y advirtió que las reuniones con autoridades no han generado protocolos de protección efectivos.
El dirigente señaló que el ataque se registró contra el grupo conocido como Padrino Rubén y reconoció que la situación genera alarma entre los centros de rehabilitación de la región.
“Es lamentable la situación que está pasando de verdad y volvemos a lo mismo, es que esta situación es por mucha falta de seguridad, no hay rondines, no hay ninguna atención hacia estos lugares”, señaló Nicolás.
Indicó que el dueño del grupo atacado, originario de Ocampo, pertenecía a la organización de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío desde hace más de cuatro años, aunque aseguró que desconocen si el anexo de Dolores Hidalgo contaba con todos los permisos necesarios.
“Cuando él ingresó con nosotros regularizamos el que tiene en Ocampo. Además de este, tiene uno en San Felipe y este de Dolores, pero no sabemos, desconocemos si estaba ya con todos sus permisos ese lugar”, dijo.
El presidente de la organización pidió que las autoridades implementen medidas de vigilancia más efectivas y recordó que, a pesar de la disposición de los centros de rehabilitación para colaborar, los protocolos de protección no se han activado.
“Es lamentable esta situación, es alarmante para nosotros porque nuevamente se activa la alarma hacia estos lugares, estamos en la zozobra, pero aquí la situación es que nosotros le hacemos el llamado a la autoridad pues que nos manden rondines. No entiendo, supuestamente ellos tienen un censo de estos lugares, de cuántos hay en cada municipio”, afirmó.
Finalmente, enfatizó la necesidad de que las autoridades cuenten con un censo actualizado y refuercen la seguridad en cada municipio, para prevenir que hechos similares se repitan y garantizar la protección de internos y personal.
“Es que nosotros hemos estado en la mejor disposición de reunirnos para llevar a cabo esto, pero te lo juro que ya estamos cansados de tanta reunión y que no se active algún protocolo por parte de ellos”, concluyó.
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En un año, cinco hechos de violencia contra anexos
Violencia, ataques armados, negligencia e irregularidades han provocado que, en lo que va de 2025, se registren cinco hechos violentos en anexos y centros de rehabilitación en Guanajuato, con saldo de 19 muertos y 9 heridos.
A ello se suma la clausura y próxima demolición de un cuartel militar abandonado en León que organizaciones ocuparon de manera irregular y convirtieron en un anexo clandestino, ya desalojado.
El ataque más reciente ocurrió la mañana del 2 de septiembre en el municipio de Dolores Hidalgo, en el Centro de Rehabilitación Alfa Fortaleza A.C.
Ante la proliferación de anexos y centros de combate a las adicciones operando de manera irregular en todo el estado, el gobierno de Guanajuato emprendió acciones para su regularización.
No obstante, las autoridades han reconocido públicamente que algunos de estos lugares son utilizados por delincuentes como refugios o mecanismos de captación y trata de personas.
San José Iturbide: 12 muertos en incendio
El primero de junio en San José Iturbide, la negligencia del anexo Volver a Vivir 24 Horas A.C., que operaba en la clandestinidad, provocó la muerte de 12 personas y dejó 5 más lesionadas.
La falta de protocolos llevó a que, sin supervisión, los internos fueran encerrados con candados cada noche para evitar fugas. Ante la desesperación, uno de ellos prendió fuego que se expandió rápidamente; las víctimas murieron calcinadas al no poder escapar.
Posteriormente se reveló que este anexo era operado por Francisco Manuel Sánchez Baeza, primo del alcalde Edgar Manuel Montes de la Vega, y que días antes de la tragedia había sido visitado por autoridades municipales que le permitieron seguir operando.
León: muere un menor de 14 años en medio de omisiones y negligencia
El 3 de mayo de 2025, en León, se confirmó la muerte de un joven de 14 años, identificado como Jonathan Osiel, quien se encontraba bajo custodia en el centro de rehabilitación La Derrota, ubicado en la colonia San Nicolás.
El menor, que estuvo en contacto con drogas desde los 10 años, fue detenido por una falta administrativa el 14 de abril por la policía municipal y remitido a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al negarse su familia a recibirlo, fue internado en el centro, donde perdió la vida a causa de asfixia.
En la puerta de un anexo asesinan a un “padrino”
La noche del 6 de abril, un hombre que fungía como “padrino” fue asesinado a balazos en un anexo de la colonia El Trianon, en León.
De acuerdo con los testimonios, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, tocaron la puerta haciéndose pasar por interesados en recibir tratamiento y, acto seguido, dispararon repetidamente contra el hombre, cuyo cuerpo quedó tendido en la entrada.
Dos muertos y cuatro lesionados
El 26 de febrero, a plena luz del día, sujetos armados ingresaron al centro de rehabilitación Esperanza y Fe, ubicado en León, y dispararon contra los internos, dejando un saldo de dos muertos y cuatro lesionados.
Algunos internos que se encontraban en el pórtico lograron correr hacia el interior para refugiarse, mientras que dos quedaron tendidos en la calle de terracería, que quedó manchada de sangre.
Desalojan ex cuartel militar de León convertido en anexo
En julio de 2025, autoridades estatales desalojaron un cuartel militar abandonado en la carretera León-Silao que había sido ocupado por un grupo de rehabilitación y convertido en un anexo irregular.
Más allá de la operación al margen de la ley, el inmueble presentaba severos daños estructurales que representaban un riesgo latente. Por ello, se notificó a los ocupantes, quienes lo desocuparon voluntariamente y rechazaron el apoyo gubernamental.
HCM
