Estimaciones señalan que hasta el 40 por ciento del agua del Estado de México es desviada o robada.
La diputada local del partido Morena, Zaira Cedillo Silva, busca endurecer las penas para quienes participen en este delito, el cual, de acuerdo con voces de algunos piperos, sabían de la existencia de pozos que operaban de forma clandestina.
Buscan endurecer penas por robo de agua
“El Estado de México ha enfrentado severos problemas respecto a la escasez del agua, pero justamente el 40 por ciento del agua que perdemos en el Estado de México, en realidad es desviada o huachcileada por grupos organizaciones disfrazadas de sindicatos u organizaciones de trabajadores”, expresó en entrevista.
La legisladora subió en marzo de este año al pleno de la Cámara de Diputados del Estado de México esta propuesta para modificar el Código Penal estatal y compartió algunos datos que obtuvo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que retrataron el fenómeno delictivo.
La urgencia de evidenciar este fenómeno es que al ordeñar tanta agua, la presión es insuficiente en los domicilios y por ello el recurso es insuficiente o nulo en algunas regiones, por lo que los ciudadanos se ven orillados a tener que rentar pipas.
Fiscalía inició 37 carpetas de investigación de 2023 a 2024
Aunado a ello, en la exposición de motivos, explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició entre 2023 a 2024 un total de 37 carpetas de investigación, pero ninguno de estos casos fue judicializado.
La diputada morenista agregó que actualmente el Código Penal en el estado es insuficiente, ya que por un lado las sanciones no parecen inhibir a los infractores y por el otro, hay impunidad en el hecho, a pesar de que hay una amplia red de personas involucrada, desde quien carga la pipa, hasta quien la vende, entrega, limita los precios, coacciona su compra, entre otros.
“No hubo sanciones y actualmente el código penal lo que contempla son hasta tres años de prisión y aproximadamente 30 mil pesos de multa para las personas que se les encuentre acumulando o desviando productos de agua, vendiendo o transportando agua de manera ilegal, sin embargo, todas estas medidas no han sido suficientes por las cuales tomamos la decisión de darle las herramientas jurídicas, pues justamente a la autoridad para que puedan sancionar este delito y que en el Estado de México ya sea un delito grave que se sancione con prisión entre 20 y 30 años y que además tenga unas multas entre 20 y 25 mil UMAS”.
Está reforma al marco jurídico permitirá enviar un mensaje a los sindicatos y agrupaciones que disfrazan sus actividades y se dedican al “huachicoleo de agua”, pero también a. Los servidores públicos involucrados.
“Hoy tenemos que atender de raíz la problemática de Huachicleo del Agua, porque pues lo que habemos evidentemente en ese momento es qué tal vez algunos pozos no estuvieran operando o que no hay agua todos los pozos que pertenecen a sistemas públicos que están operando.
¿Qué es lo que sucede? pues que quienes justamente desviaban o robaban el agua hoy no pueden trasladar el agua en pipas a nuestras comunidades y que entonces justamente nos damos cuenta o se visibiliza la grave problemática que tenemos del que no nos llegue el agua vía red, vía administraciones municipales y ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? pues que haya más recursos para que llegue hasta nuestros hogares”.
¿Cuáles son las propuestas?
La propuesta en estudio en comisiones legislativas propone:
- Elevar las sanciones hasta 30 años y multas de 2.8 millones de pesos por acciones de extracción, apropiación, restricción o suministro de agua potable, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente
- Que el delito sea considerado como grave y se acredite como un daño a la nación
- Que se inhabilite a servidores públicos que participen en el hecho, entre otros
“Hay pozos que realmente están mal y nos están afectando”; piperos reconocen clandestinidad.
'Operación Caudal' en Edomex
La 'Operación Caudal' tiene como propósito inhibir diversas redes que favorecerían el robo de agua en el Estado de México. En esta primera operación localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de que aseguraron 322 pipas que serían utilizadas para distribuir este recurso.
Uno de los sectores que se movilizó el lunes y el miércoles fue el de las pipas de agua, empresarios que argumentan que únicamente se encargan del flete del agua, pero que en realidad, forman parte de toda esta cadena de distribución.
Este lunes se reunieron con personal de la Fiscalía, las comisiones del Agua del Estado de México (CAEM) y Nacional del Agua (CONAGUA), a fin de atender sus peticiones.
En entrevista, uno de los representantes reconoció la existencia de pozos clandestinos, los cuales dijo, han afectado su actividad económica.
“Estamos conscientes de que si hay pozos que si están mal, de hecho es lo que nosotros expresamos, hay pozos que realmente están mal y que también a nosotros nos están afectando, porque sí hay pozos que sí también están en regla, pero pues por ahí por algún cierto requisito o algún tema, bueno no lo quisieron tomar y cerraron… tampoco estamos de acuerdo en que haya algo ilegal”.
Clausura de establecimientos afecto a piperos
La acción de la autoridad afectó directamente a los piperos, sin embargo, parte de la investigación de la 'Operación Caudal' estuvo motivada por denuncias de la gente por el robo de agua, pero también por el sobreprecio, el cual era excesivo en diversas zonas.
A decir de Alberto Reyes, otro representante de piperos, la clausura de inmuebles y el aseguramiento de pipas fue excesivo por parte de las autoridades.
“No nos esperaban a que entregásemos los papeles ni nada más llegaban como si fuéramos delincuentes, nos cerraron los pozos y realmente no saben la consecuencia de cerrar unos pozos, los hospitales, las escuelas, los restaurantes nomás cierran”.
Asimismo, señaló que la responsabilidad de la legalidad de las fuentes de abastecimiento corresponde a la autoridad y no a los distribuidores.
“Si estuviera chueca, fuera de noche, fuéramos a cargar en la noche, en la madrugada, no a pleno día, pasan por ahí las patrullas ‘todo en orden, todo en orden’ porque tampoco son ellos la policía municipal para que digan a ver si su papel está legalizado, por eso está la CONAGUA, está la fiscalía para para que vayan a a checar a esos pozos
Entonces si está abierto el pozo, se forma, usted cree que está actualizado, entonces no nos toca nosotros más que la fiscalía y a CONSGUA registrar si ese pozo está derecho, no nosotros preguntar ‘¿y tienes papeles?’”.
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