La Sala Superior del Tribunal Electoral está en desacato de la reforma judicial. Durante cinco semanas ha mantenido paralizados los juicios sancionadores que ya llegaron a 300, sin que se turnen a las ponencias y cumplan los plazos legales que les exige la ley, pues ni siquiera han logrado aterrizar cómo operará la nueva unidad encargada de estos asuntos.
MILENIO confirmó que cientos de juicios que implican ilícitos en las elecciones judiciales o en las locales de Veracruz y Durango, como actos anticipados de campaña, violencia política de género, calumnias o intervención ilícita de servidores públicos siguen esperando una resolución definitiva, pero ni siquiera se ha cumplido el trámite básico de turnarlos a una ponencia para su análisis.
Aunque el bloque mayoritario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encabezado por la magistrada presidenta Mónica Soto defendió la reforma judicial y su imposición, corrigiendo y enmendando sobre la marcha todos los obstáculos y errores de ésta, tras cinco semanas de que arrancó el nuevo Poder Judicial no han acatado lo que la Constitución les impuso y que les corresponde cumplir directamente.
La reforma judicial ordenó la extinción de la Sala Regional Especializada como el único órgano excluido del nuevo Poder Judicial, y ordenó a la Sala Superior asumir sus funciones y crear una unidad que atendiera todos los juicios sobre Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) que analizan violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución, lo que incluye todas las irregularidades en campañas electorales como financiamiento, violencia política contra las mujeres en razón de género o calumnias, las reglas de propaganda, actos anticipados de precampaña y campaña, adquisición indebida de espacios en radio y televisión, y violaciones de servidores públicos como intervención indebida en procesos electorales, vulneración a la equidad e imparcialidad, promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos.
MILENIO reveló que una semana antes de que se extinguiera la Sala Especializada el 1 de septiembre, la Sala Superior aprobó en sesión privada un acuerdo para crear la Unidad Especializada del Procedimiento Especial Sancionador (UEPES) pero sólo con los votos de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.
En contraste, la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra. En su voto particular señalaron que la propuesta del funcionamiento de la UEPES cae en incongruencias, que es vago e impreciso, que deja varias zonas grises en las atribuciones del equipo, y que además, invade etapas de diligencias del INE que complicaría el debido proceso de investigación y de integración de los expedientes.
Este medio confirmó que con la llegada de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y del magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz quien asumirá la presidencia del Tribunal Electoral a partir de noviembre por dos años, lo que implicará quedarse a cargo del funcionamiento de la UEPES, se encendieron las alertas sobre lo que advertían los votos en contra de Rodríguez Mondragón y Otálora Malassis.
Un claro ejemplo, es que aprobaron nombrar como encargado de despacho a Gustavo Pale Beristain quien conoce a fondo estos asuntos pues fue secretario General de Acuerdos de la extinta Sala Regional Especializada, pero no ha podido tomar decisiones plenas porque sus atribuciones no están claras, tal como advirtieron las magistraturas que rechazaron el acuerdo.
Por lo que el pleno habría acordado analizar ajustes al reglamento previamente aprobado para que sea más claro cómo funcionarán los equipos de las ponencias que se encargarán de estos juicios sancionadores, cómo trabajarán con el personal de la Sala Especializada que se fusionó desde hace meses con la Sala Superior y cómo se dará seguimiento para la resolución que ahora debe ser en un plazo breve.
Y es que la reforma judicial ordenó a la Sala Superior asumir los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) con la intención de emitir sentencias definitivas y exprés en 72 horas, eliminando la primera instancia, con la obligación de turnar los expedientes a una de las siete ponencias de manera inmediata para que analicen y presenten un proyecto en máximo 48 horas, y para que el pleno resuelva en un plazo máximo de 24 horas.
Sin embargo, hasta ahora, el INE ha seguido enviado a la Sala Superior los PES que se iniciaron en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que pasaron por la Comisión de Quejas y Denuncias con medidas cautelares concedidas o rechazadas, o que fueron desechados y se presentaron impugnaciones directas a la Sala Superior, sin que el Tribunal Electoral les haya dado el cauce legal obligatorio.
Con corte al pasado 6 de octubre, cinco semanas después que asumieron las funciones de la Sala Especializada, el TEPJF tiene acumulados 300 juicios sancionadores sin que siquiera hayan cumplido el plazo legal inicial de turnar a una ponencia.
En tanto, esta semana la magistrada Mónica Soto quien debe poner a consideración del pleno cambios y ordenar el actuar pleno de la UEPES al ser todavía la presidenta del TEPJF, viajó a Italia para participar junto con Felipe de la Mata y Janine Otálora en el 35 aniversario de la Comisión de Venecia de la que forman parte como representantes de la máxima autoridad electoral mexicana.
Mientras que los juicios continúan acumulándose, incumpliendo los plazos legales de la reforma judicial que defendieron y que exigieron a todos los actores involucrados y ciudadanía en general acatar tal como lo establecía la Constitución.
LG
