La frontera norte es un foco rojo en el tráfico de armas, pero la ley para combatirlo no ha sido reformada y conserva las mismas sanciones desde que se expidió, asegura la senadora Guadalupe Covarrubias.
Estima necesario adecuar el marco jurídico y propone que quien porte, fabrique, produzca, comercialice, distribuya, transporte, importe, venda, almacene o acopie ilícitamente, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de mil a dos mil veces el valor diario de la UMA; actualmente es de uno a seis años de prisión y hasta mil UMAs.
Te recomendamos
Esta sanción se incrementará hasta en una tercera parte cuando se trate de servidores públicos, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Así lo plantea la legisladora tampiqueña en una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de tráfico de armas.
“Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal”, expone.
Refiere que el uso de armas de fuego en la comisión de algunos delitos ha aumentado exponencialmente en años recientes, particularmente en homicidios dolosos y feminicidios.
En su exposición de motivos, apunta que la magnitud del problema puede advertirse en la cantidad de armas que se estima han cruzado ilegalmente la frontera norte a nuestro país.
Por ello propone ampliar el catálogo de conductas punibles contenido en el artículo 160 del Código Penal Federal, además de incrementar la sanción consistente en la privación de la libertad y que estos actos cometidos por servidores públicos, sean considerados como agravante.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictamen así como calificación por parte del pleno legislativo en el Senado de la República.
ACGCH
