El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, revivió la denuncia que presentó el morenista Sergio Gutiérrez Luna en contra de las consejerías que en 2021 aprobaron pausar la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador por falta de presupuesto, y les notificó que inició un proceso administrativo en su contra por la forma en que votaron.
Cuatro años después de que la mitad del Consejo General del INE decidió en diciembre de 2021 frenar la organización de la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por el recorte presupuestal histórico que recibieron y que les impedía cumplir con este ejercicio en los términos que exigía la ley, el contralor que tiene nueve meses en el cargo, notificó a Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes votaron entonces y permanecen en el Consejo General, que retomó las denuncias.
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Decisión legal y colegiada: Ravel
La consejera Dania Ravel hizo pública esta notificación, recordó que se trató de una decisión legal y colegiada, y señaló que es una persecución que sólo inhibe la independencia del INE y de sus integrantes.
“Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieran una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”.
Criticó que cuatro años después y a pesar de que el INE recibió el respaldo de la máxima autoridad que es la Suprema Corte, el Órgano Interno de Control del INE decida iniciar un proceso administrativo, por consultas hechas hace unos meses y tras pedir los expedientes personales de cada consejera y consejero.
“No deja de ser llamativo que desde el 22 de diciembre de 2021, fecha en que se presentó la queja, hasta el 25 de febrero de 2025, fecha en la que se requirieron los expedientes personales de otros denunciados, no se habría realizado diligencias de investigación más allá de algunas certificaciones.
“Fue hasta el 12 de junio de 2025 cuando se formuló otro requerimiento a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, en el que se solicitó, entre otro, mi expediente personal. Así, cuatro años después y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra, derivado de una decisión colegiada, fundada y motivada”.
Gutiérrez Luna presentó una denuncia administrativa en el INE
El actual contralor del INE, Víctor Hugo Carvente trabajó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de la Función Pública con Irma Eréndira Sandoval y también en la Lotería Nacional, en diciembre de 2024 fue nombrado contralor del INE y le tomó protesta Sergio Gutiérrez Luna quien era presidente de la Cámara de Diputados.
En 2021, el mismo Gutiérrez Luna presentó una denuncia administrativa en el INE y penal ante la Fiscalía General de la República que después tuvo que retirar ante las críticas y rechazo del partido y del propio López Obrador.
Las denuncias fueron en contra de Lorenzo Córdova, José Roberto Ruiz, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel, quienes votaron a favor de posponer la organización de esa consulta popular, por falta de presupuesto. Mientras que Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Faz, Uuc-kib Espadas y Adriana Favela libraron denuncias porque votaron en contra.
De las consejerías actuales, Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, Martín Faz, Uuc-kib Espadas permanecen intactos por sus votos en contra.
En contraste con Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera quienes recibieron la notificación del Órgano Interno de Control el pasado jueves 18 de septiembre, de que se inició un procedimiento de responsabilidades en su contra, por su voto de hace cuatro años.
Ravel recordó que el caso que comenzó el 17 de diciembre de 2021, cuando, ante la carencia de tres mil 830 millones de pesos para organizar la revocación de mandato, el Consejo General “aprobó posponer temporalmente la realización de la consulta hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la controversia constitucional que presentó el INE o cuando la autoridad competente generara las suficiencias presupuestales para llevar a cabo la consulta de Revocación en los términos previstos por la ley”.
El 29 de diciembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del INE pero ordenó a la Secretaría de Hacienda a proveer los recursos necesarios para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este ejercicio.
El 30 de diciembre de 2021, el Consejo General ordenó la continuación de la organización mientras esperaba la respuesta de la Suprema Corte ante la controversia constitucional que el INE interpuso, pues la ley los obligaba a cumplir con ciertos requisitos para la revocación de mandato que sin tres mil 830 millones de pesos, era imposible cumplir.
“El 31 de enero de 2022, la Suprema corte concedió una suspensión al INE en la controversia constitucional 209/2021 para el efecto de que pudiera continuar el proceso de revocación de mandato con los recursos que hasta ese momento tenía programados para ello, y con las posibilidades que esos recursos permitan, lo cual fue muy relevante porque el INE carecía de los recursos suficientes para organizar la consulta de revocación en los términos previstos por la ley en la materia”.
Es decir, la SCJN libró al INE de responsabilidades si no podía cumplir con las exigencias legales para organizar esa consulta, pues la Secretaría de Hacienda no accedió a acatar la sentencia del TEPJF y entregar el presupuesto, además, la Corte señaló, por primera vez, que la Cámara de Diputados le aplicó un recorte presupuestal INE sin ninguna justificación, lo que podría traducirse en una denegación o afectación de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El 24 de agosto de 2022, al SCJN resolvió que el INE actuó de manera eficaz y eficiente en la realización de la revocación de mandato. En virtud de que cumplió con el objetivo que le fue encomendado y porque utilizó los recursos disponibles de manera óptima.
Por lo que la consejera Ravel lamentó que se busque perseguir a las consejerías actuales que hace cuatro años tomaron una decisión que tras ser revocada la acataron, y en la que tuvieron el blindaje de la SCJN para actuar con el dinero que disponían y que les impedía cumplir con las exigencias de la ley.
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