La Consejería Jurídica de la Presidencia calificó como ilegítima la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte por legisladores de oposición contra la ley de precursores químicos al acusarlos de organizar pijamadas, bailables y encadenarse a una silla en lugar de legislar.
A través de un comunicado, detalló que los legisladores, entre los que destacan a Xóchitl Gálvez, están reclamando una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede cuando fue su actuar lo que obligó a buscar un inmueble alterno al Senado.
“Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”.
El documento viene acompañado con dos fotografías, en una aparecen los senadores Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza acostados en la tribuna del Senado para impedir que se sesionara y en otra está Gálvez sola encadenada a la tribuna de la Vieja Casona de Xicoténcatl en un intento por frenar la aprobación de reformas en la sede alterna.
Según la Consejería, es necesario tomar en cuenta que invalidar la reforma en materia de control de sustancias implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como al cumplimiento a los compromisos internacionales del estado mexicano.
Por tanto, acusa a la oposición de tratar de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas, siguiendo al plan anunciado el 9 de junio de 2022 en el que se comprometieron a impedir la aprobación de cualquier reforma a la Constitución promovida por la mayoría legislativa o por el ejecutivo.
“Es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe; por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada”.
Finalmente, consideró necesario que la Corte actúe imparcialmente y tome en cuenta “las conductas antidemocráticas de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de forma legítima y, en consecuencia, debe reconocer la validez del decreto impugnado”.
LG
