En 2016, cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la ley le dio una herramienta tecnológica que sería su principal arma contra la corrupción. Pero, a la fecha, las autoridades no quieren usarla: ni aportan elementos para su desarrollo ni la aprovechan para detectar amenazas contra el dinero público.
Se trata de la Plataforma Digital Nacional (PDN), un sistema de sistemas, que comenzó a funcionar en 2019 y en el que debería haber información estratégica de todos los servidores públicos del país para que, con ciencia de datos, se detecte cuando alguno cometa o pueda cometer actos de corrupción.
Ahí, por ejemplo, debería estar la información de los bienes e ingresos de los senadores Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, o del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, personajes que recientemente han estado involucrados en la polémica por el tamaño de sus patrimonios.
Sin embargo, a seis años de haberse echado a andar, la PND no es lo que se esperaba. Parece inoperante por los vacíos que aún tiene y la falta de actualización de la poca información con la que se ha alimentado.
El desinterés en usar la Plataforma abarca desde algunas de las instituciones federales que encabezan el Comité Coordinador del SNA, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción, que no se han conectado a ella para aportar datos de sus empleados, hasta casi todas las instituciones estatales y municipales.
En total, de 6 mil 702 instituciones públicas obligadas a conectarse, solo lo han hecho 2 mil 904, es decir, el 43 por ciento, y de seis sistemas que debería tener la PDN, sólo funcionan cuatro.
Nancy Camacho, ex directora de Desarrollo y Evaluación de la PDN en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), quien hasta julio pasado estuvo a cargo de la Plataforma, aseguró, en entrevista con MILENIO, que la herramienta sí es funcional, pero acusó que instituciones del mismo Sistema obstaculizan el despliegue de toda su capacidad.
Consultada por separado, Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, coincidió en que hay un desinterés por parte de las instituciones públicas para utilizar y empoderar a la PDN, pero también afirmó que existe un temor de que la herramienta no sea segura para resguardar los millones de datos que debería tener, pues dijo que ha tenido “vulneraciones”.
Incluso Vania Pérez fue más allá y atribuyó el retraso en el uso de la Plataforma al perfil profesional de Nancy Camacho, la ex funcionaria de SESNA, al considerar que no tiene experiencia para dirigir la PDN.
“No era ingeniera, no sabía de ciencia de datos”, dijo sobre Camacho Díaz, quien se defendió y refutó la declaración de Pérez Morales al afirmar que cumplía con el perfil multidisciplinario que la herramienta requiere.
Para Dalia Toledo, especialista anticorrupción de Ethos-Laboratorio de Políticas Públicas, no es una buena señal que una herramienta como la PDN no funcione como debería, sobre todo en el contexto que se vive tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“En este momento tan coyuntural en el que no sabemos cómo van a caminar los temas de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, creo que tener información confiable de otras fuentes mitigaría este momento de incertidumbre; pero, desafortunadamente, la Plataforma tampoco ha avanzado lo suficiente”, expresó.
La inoperancia actual de la PDN se inscribe en la inestabilidad que vive la SESNA, la cual desde febrero se quedó acéfala tras la renuncia de su titular, Roberto Moreno, en medio de acusaciones en su contra por parte de la presidenta del SNA, Vania Pérez, por presuntos actos de corrupción.
Moreno ha respondido a los señalamientos con el argumento de que su separación del cargo fue por motivos personales y familiares y que no se le ha notificado ni de denuncias formales o sanciones por presuntos hechos de corrupción o faltas administrativas.
Nancy Camacho, a quien Pérez acusa de tener un perfil inadecuado, era parte del equipo de Moreno Herrera. Salió de la SESNA en julio.
Un sistema de sistemas
Entre 2020 y 2024, a la PDN se le aprobó un presupuesto en total de 172.4 millones de pesos para su desarrollo y administración, pero no pudo usar la totalidad de esos recursos, pues cada año sufrió recortes que la dejaron con 32.9 millones de pesos, es decir, el 19.09 por ciento, según datos de la Secretaría de Hacienda.
La PDN fue pensada como un entramado digital de seis sistemas en el que habría datos de funcionarios municipales y ministros de la Corte, diputados federales, senadores y legisladores locales, desde alcaldes de pequeños poblados hasta la Presidenta de México, desde regidores y concejales hasta gobernadores y sus gabinetes, auditores, fiscales, jueces, policías y más.
De todos tendrían que publicarse en la Plataforma los datos de su patrimonio personal para que la tecnología de la herramienta alertara cuando alguno tuviera un incremento irregular de sus bienes.
Además, tendrían que registrarse todos los contratos que se firmaran en el país y los datos de los funcionarios que participaran en esas contrataciones.
Así, la Plataforma tendría la habilidad de cruzar datos para alertar cuando alguno de esos funcionarios incrementara de manera sospechosa su patrimonio.
Ahí mismo, se divulgaría el nombre de los servidores públicos sancionados y por esa misma vía, las auditorías y contralorías estatales compartirían información con sus pares federales para aprovechar los resultados de sus investigaciones.
En total, la PDN alojaría seis sistemas que se comunicarían entre sí, con información actualizada y útil de las instituciones de todo el país. Estaría todo monitoreado. Pero todo ha quedado en buenas intenciones.
De acuerdo con el tablero informativo de la propia Plataforma, a lo largo de estos seis años, seis estados han ignorado completamente a la PDN: Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Yucatán. Ni una institución de esos estados ha aportado datos de sus servidores públicos.
Once estados apenas llevan un avance en la conexión de sus instituciones menor al 10 por ciento y otras 11 entidades reportan un avance de conexión de entre el 20 y el 50 por ciento de las dependencias locales.
Sólo Puebla, Chiapas, Aguascalientes y Baja California Sur superan el 50 por ciento, pero no llegan ni al 80 por ciento de conexión.
En tanto, la Federación reporta sólo un 83 por ciento de conexión. En todos estos años, la ASF, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal se han negado a aportar datos para que la herramienta funcione.
La información de diputados, senadores y trabajadores del Congreso de la Unión y de varios órganos autónomos tampoco está en la PDN.
Por otra parte, que las instituciones estén conectadas no significa que la información que aporten esté actualizada.
Por ejemplo, Aguascalientes y Baja California Sur, que reportan un 100 por ciento en su conexión al sistema de declaraciones patrimoniales, uno de los seis de la PDN, sólo tienen datos hasta 2024 y 2022, respectivamente.
Otro botón de muestra: aunque hay miles de datos de empleados federales, no está ni la declaración patrimonial más reciente de Raquel Buenrostro, titular de la SABG, ni la última que presentó como secretaria de Economía, en el sexenio pasado.
Desinterés por la herramienta
Nancy Camacho, que fue directora de Desarrollo y Evaluación de la PDN hasta julio pasado, enumeró los problemas que enfrentó para consolidar la herramienta.
Aseveró que la PDN técnicamente sí sirve, es decir, en la forma, más allá de los contenidos que faltan, pero que las autoridades la han bloqueado.
“Yo digo que sí funciona y funciona muy bien. No la puedes ver terminada porque siempre va a ser modular y escalable. Son seis sistemas, pero cada sistema lo puedes dividir en tres etapas: la captura, la consulta y la inteligencia, que es la parte analítica de la información”, detalló.
Como ejemplo de que sí funciona, Nancy Camacho aseguró que, en febrero pasado, ella y el todavía secretario técnico de la SESNA, Roberto Moreno, entregaron a la secretaria Raquel Buenrostro los resultados de un ejercicio de cruce de datos con base en la información disponible en la PDN, en el que identificaron el presunto enriquecimiento ilícito de algunos servidores públicos federales, pero no tuvieron retroalimentación.
“Dimos nombres, contratos, montos, años, nombres de empresas y de beneficiarios finales con el cruce de datos de la Plataforma, que sí funciona. Eran… no sé cuántos millones desviados y servidores públicos. O sea, aun cuando les hemos dado productos específicos por nombre y apellido de quién está atrás de cierto delito, no responden nada”, lamentó.
Camacho Díaz afirmó que desde 2023 se aceleró el desarrollo de la PDN, pero criticó la falta de interés y lentitud del Comité Coordinador del SNA para aprobar avances de la herramienta, además de que los cambios constantes de presidencia en el SNA y la falta de liderazgo la retrasan.
“Nosotros (SESNA) nada más construimos, diseñamos, proponemos, pero ellos tienen que aprobarnos toda la gobernanza que hagamos para que esto pueda tener funcionalidad y pueda dar los siguientes pasos”, aseguró.
También explicó que otro factor que atrasa a la PDN es que ésta se alimenta de las 32 plataformas de los estados, las cuales deben reunir información de todas sus instituciones, lo cual es complejo.
“A nivel estatal, hay muchísima ignorancia y desconocimiento de todos estos instrumentos. Van y vienen secretarios, los equipos son muy pequeños, la relación que tienen con las autoridades es muy distinta a la que tenemos nosotros, a veces es mejor, a veces es peor. Cuesta mucho jalar a todas las partes para la integración de la información”, resumió.
La ex funcionaria afirma que los dos sistemas que faltan, el cuatro, en donde debe concentrarse información de las auditorías federal y estatales y las contralorías federal y estatales, y el cinco, que debe tener datos de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, están listos para echarse a andar, pero que el Comité Coordinador del SNA no los ha aprobado porque desde febrero no ha sesionado.
“La Plataforma, por parte de SESNA, ya está. Se ha documentado. Está en los informes trimestrales. Falta que el Comité Coordinador apruebe formatos y lineamientos y ya podamos echarlo a andar. Nosotros no podíamos declarar el inicio de funciones de un sistema si el Comité Coordinador no nos lo había aprobado, pero sí, ya está”, concluyó.
“Faltan perfiles idóneos”
Sin embargo, por separado, la presidenta del CPC del SNA, Vania Pérez, agregó otros elementos que, en su opinión, han frenado a la Plataforma.
Aunque coincidió en que hay un desinterés de las instituciones en el país para que la herramienta funcione, atribuyó el retraso de la PDN a que específicamente el perfil de Nancy Camacho no era el adecuado.
“La herramienta, en sus primeros años, no arrancó como debía de ser y yo creo que también tiene que ver con un tema importante: ninguna de las personas que llevaba la Plataforma anteriormente, y quien más tiempo la ha tenido, la anterior titular, ni siquiera era ingeniera, no sabía sobre ciencia de datos”, dijo.
“Quien llevaba la plataforma es una persona que finalmente se le acabó su contrato y, en realidad, pues (hubo) un bloqueo importante sobre el avance de la plataforma; no se avanzó en estos temas relevantes, sino en hacer eventos, en hacer cosas que no abonaban a lo sustantivo”, dijo.
“Me parece que se tiene que contratar a perfiles idóneos, gente que efectivamente sean ingenieros”, consideró Pérez.
La presidenta del SNA también mencionó que la PDN ha tenido vulneraciones y que hay temor de que no sea segura para resguardar datos.
“Se han tenido algunas vulneraciones, me parece que incluso muchas personas dicen ‘¿qué garantías tengo de interconectarme? ¿qué garantías me das de que esa información no va a ser no solamente usada, sino vulnerada, o me vas a filtrar algún agente malicioso?’”, expresó.
“La SESNA, me parece que hace año y medio, salió a decir que habían tenido una vulneración de la información. Eso no lo podemos ni siquiera permitir. Imagínate que tantos entes confían en la Plataforma y que se anuncie que hay vulneración”, agregó Pérez.
En respuesta a los señalamientos de la presidenta del SNA, Nancy Camacho negó que la PDN haya tenido “vulneraciones” y afirmó que dirigir la PDN requiere un perfil multidisciplinario, como el que ella tiene.
Según su currículum público, Camacho Díaz tiene dos licenciaturas, una en Relaciones Internacionales y una en Ciencia Política, y tres maestrías, en Políticas Públicas, Administración Pública y Anticorrupción y Compliance, además de seis especialidades en diversas áreas.
“La invito a que pueda conocer toda mi experiencia y los productos que he desarrollado junto con el equipo para que se dé cuenta de que la Plataforma sí funciona. Tengo amplia experiencia en Presidencia de la República, Estrategia Digital Nacional, estuve en Función Pública, me profesionalicé en Anticorrupción y Compliance en la maestría. Me he especializado en uso de datos, he llevado econometría, programación a nivel estadístico”, respondió.
“A un ingeniero necesitas guiarlo para que desarrolle conforme a las especificaciones y necesidades de los usuarios. (…) Lo que se necesita para ser titular de esa unidad es un perfil multidisciplinario, que conozca transparencia, apertura de datos y anticorrupción para que le puedas dar usabilidad a esa información”, dijo.
Camacho consideró que las declaraciones de Pérez son un tema personal en su contra “que está afectando nuestra reputación y carrera profesional”.
LP
