Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que existen riesgos de corrupción en las compras públicas que hace el gobierno federal debido a que casi uno de cada dos pesos se gastan en adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, procesos de contratación considerados de excepción en los que no hay competencia, que se están volviendo la norma.
“Vemos esta tendencia creciente de adjudicación directa en procesos de excepción y una vez más, éste es un motor que es utilizado por las redes de corrupción, ya que es más fácil dar un contrato a una empresa con la que ya hubo un arreglo o desviar a una empresa fachada dinero a través de procesos que no tienen competencia porque al final de cuentas, en un concurso, el ganador es determinado por calidad y precio”, aseguró Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO.
Al participar en la presentación del estudio Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente, mostró una gráfica en la que se exhibe que 46.1 por ciento de los contratos asignados en 2019 por instituciones del gobierno federal se asignaron mediante licitación pública, pero al mismo tiempo 45.1 por ciento de los contratos se asignó por adjudicación directa o invitaciones restringidas.
“Estos procesos que en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras se llaman procesos de excepción son básicamente la norma y cada vez se está dando más dinero a través de este tipo de cuestiones y esto es un problema porque hay mayores riesgos de corrupción y también porque cuando uno sale a licitar al mercado, es probable que uno encuentre mejores condiciones de calidad y precio”, agregó.
El estudio propone algunas modificaciones a leyes y procedimientos para evitar riesgos de corrupción, fomentar más competencia y transparentar más los procesos de compra.
Fernanda Avendaño, investigadora del IMCO, explicó que entre las propuestas de política pública en materia de compras públicas están: reducir y limitar motivos para exceptuar la licitación pública, pues actualmente hay más de 20 causales “laxas, subjetivas y ambiguas” para evitar esa modalidad de compra.
“La propuesta es revisarlas, acotarlas, limitarlas, para que no haya subjetividad”, dijo.
Otra propuesta es que cuando sea inevitable realizar una adjudicación directa se debe publicar información completa: la cotización antes de adjudicar, las investigaciones de mercado y análisis de por qué es mejor la adjudicación directa y no la licitación, el contrato y los anexos suscritos.
Asimismo, IMCO propuso establecer 30 por ciento de las compras públicas como un umbral para adjudicaciones directas. También, consideró que se deben priorizar los criterios de calidad en la evaluación de propuestas por sobre errores de presentación o criterios administrativos que eliminan la competencia sin considerar la oferta económica.
Finalmente, insistieron en la necesidad de modificar la plataforma CompraNet para que los datos generados allí sean usados para detectar riesgos de corrupción, por lo que se debe habilitar una sección de denuncias para todo el público en la plataforma donde se puedan reportar irregularidades o riesgos de corrupción en procesos de compra, incluso antes de concretarla.
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