La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a dos agentes del Ministerio Público federal por las presuntas omisiones en que habrían incurrido y que facilitaron el excarcelamiento e incremento de riesgo de fuga de Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, acusado de lavar dinero para cárteles colombianos.
Autoridades ministeriales confirmaron a MILENIO la apertura de la indagatoria en contra de las fiscales Adriana 'N' y Yesenia 'N' adscritas a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
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Lo anterior después de que en marzo los condóminos del edificio habitacional, ubicado en el número 30 de la calle Sierra Guaarrama, en el que actualmente se encuentra Minero Alonso en prisión preventiva, presentaron a través de sus representantes legales una denuncia en contra de las servidoras públicas.
En concreto, la Unidad de Asuntos Internos indaga los motivos por los cuales sus fiscales no presentaron datos de prueba suficientes para controvertir y combatir la decisión de un juzgado federal de enviar a Minero Alonso a dicho inmueble pese al riesgo de fuga y a terceros acreditado por la propia Guardia Nacional en sendos documentos que obran en el expediente del proceso.
Las presuntas actuaciones irregulares habrían comenzado desde la audiencia del 12 de octubre en el que una jueza autorizó el excarcelamiento de Minero Alonso, del penal del Altiplano, bajo el argumento expuesto por sus abogados de que no recibir el tratamiento adecuado para la hipertensión.
Minero Alonso sigue proceso penal en domicilio
MILENIO publicó que en dicha audiencia las fiscales no presentaron datos o alternativas para controvertir la supuesta falta de atención médica, ni tampoco aportaron algún análisis de riesgo del imputado que permitiera a la jueza desestimar la pretensión de enviarlo a un departamento en Lomas de Chapultepec donde, entre otros, habitan ocho menores de edad.
Con posterioridad, la Guardia Nacional emitió tres oficios fechados el 15 de octubre, 25 de noviembre y 26 de noviembre, todos de 2025, en los que se acredita, a través de revisiones físicas e inspecciones oculares que, el inmueble al que trasladaron a Minero Alonso no garantiza que no se fugue, ni descarta posibles afectaciones a terceros.
Pese a la existencia de esa evidencia oficial emitida por la autoridad acreditada para hacer cumplir las medidas cautelares, las fiscales a cargo del proceso no solicitaron alguna audiencia para esgrimir esos argumentos frente a la jueza y solicitar la revocación de su traslado al edifico de la calle Sierra Guadarrama.
Desde noviembre, los representantes de los condóminos también enviaron un correo electrónico a las dos agentes en el que aportaron datos de las condiciones del inmueble y de los riesgos latentes, pero de nueva cuenta, no hubo mayor actuación de parte de las funcionarias.
En ese contexto Asuntos Internos investiga, según los funcionarios consultados, tanto la existencia de las presuntas omisiones ya descritas, así como la posible ocurrencia de hechos de corrupción detrás de la premeditada inacción de las fiscales a cargo del caso.
Operativo incomoda a vecinos
Hasta el momento, Minero Alonso sigue cumpliendo la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en el interior del departamento número 4 del referido complejo habitacional, que en realidad era la vivienda que ya habitaba antes de que se iniciara el procedimiento penal en su contra.
El 28 de marzo un juez federal concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo promovido por los vecinos del condominio, con el efecto de que la Guardia Nacional reforzará la seguridad en dicho inmueble mientras Minero continue en su interior.
De acuerdo con los vecinos, ya son cerca de 40 elementos de dicha corporación los han instalado un operativo en el edificio.
Sin embargo, y como se sostiene en el juicio de amparo promovido que se resolverá en las próximas semanas, la presencia de hombres armados representa para los vecinos un acto de molestia y una sensación de riesgo que, argumentan, afecta sobretodo al derecho a la seguridad y libre esparcimiento de los menores que habitan el condominio.
De forma paralela al desarrollo de este juicio, la Presidencia de la República instruyó a diversas autoridades del gabinete a revisar las condiciones en que se ha desenvuelto este caso y, de ser procedente, iniciar acciones correctivas ante anomalías que pudieran estarse presentando.
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