La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a integrantes de su gabinete que inicie una revisión de las condiciones en las que Juan Carlos Minero Alonso, ex director de la financiera Black Wallstreet Capital, acusado de crimen organizado y lavado de dinero, fue enviado a cumplir la "prisión oficiosa" dentro de un departamento de lujo de un edificio residencial de Las Lomas de Chapultepec.
Minero Alonso recibió ese beneficio pese a reportes de la Guardia Nacional, dados a conocer por MILENIO el 11 de marzo, que establecen que dicho inmueble habitacional, ubicado en Sierra Guadarrama número 30, no ofrece las condiciones de seguridad necesarias para garantizar que no escape o no ponga en riesgo la integridad de terceros.
Ayer, los vecinos hicieron del conocimiento de esta situación a la Presidencia a través de un oficio firmado por José Antonio Domínguez Snyder, apoderado y administrador de la Asociación del Condominio Sierra Guadarrama 30 A.C, en el que se detallan los riesgos y se advierte del temor de hechos de corrupción detrás de los inéditos privilegios que Minero ha recibido.
Unas horas después, la directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia, Adriana Contreras Vera, les informó que el tema ya era del conocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum la cual pidió su atención inmediata directamente por Presidencia, por lo que se requirió a los funcionarios de las dependencias involucradas en este tema que entreguen informes sobre el caso
“Nosotros nos encargaremos de darle seguimiento y constatar que la petición tenga respuesta”, indicó en su oficio la directora.
En la carta entregada a presidencia, Domínguez Snyder describió que por segunda vez en menos de seis meses Minero Alonso, quien es está siendo procesado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en apoyo a carteles colombianos en México y además buscado por una corte de Distrito en Miami Florida, fue excarcelado del penal de máxima seguridad del Altiplano para ser trasladado al edificio en el que, entre otros, viven familias con menores de edad.
“Estos hechos ocurren pese a que la propia Guardia Nacional ha determinado que este condominio no es un lugar viable ni idóneo para la ejecución de una prisión preventiva, ya que no ofrece las condiciones necesarias para asegurar la permanencia del imputado en su interior y evitar una posible evasión y que tal determinación obra en constancias dentro del juicio de amparo número 1051/2025, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México”, india la misiva.
El apoderado legal del condominio hizo énfasis en la situación de miedo y de inseguridad en la que se encuentren los que viven en el condominio, los que trabajan en él y los que lo visitan, ante el riesgo latente de ataque de grupos criminales contrarios al del imputado o la necesidad de la Guardia Nacional de hacer uso de la fuerza para impedir una inminente fuga.
“Aunado a lo anterior el hecho de tener desplegado un enorme dispositivo de seguridad de esta magnitud con más de 40 elementos genera un severo detrimento el erario y limita el ejercicio de las funciones que cabalmente deberían ser encomendadas a los integrantes de la Guardia Nacional, de lo cual se advierte que la única justificación para un hecho de esta naturaleza puede ser motivado por un acto de corrupción” concluye la misiva.
Promueven nuevo amparo
De forma paralela a la carta entregada a la Presidencia los vecinos promovieron un nuevo juicio de amparo a través de su abogada Estefanía Medina Rubalcava y en contra de la jueza federal María Jazmín Ambriz López, la cual autorizó el nuevo excarcelamiento de Minero del penal del Altiplano y su traslado al departamento, y de dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República.
En la demanda, de la que este medio tiene copia, se hace énfasis en que las fiscales de la FGR han sido “omisas” en aportar los datos y evidencia suficiente que prueban que el edificio habitacional no es un lugar idóneo para ejecutar una prisión preventiva, y menos una en contra de una persona imputada por crímenes tan serios como los de Minero.
En ese contexto la abogada advierte múltiples violaciones a los derechos humanos y constitucionales de quienes habitan en el inmueble incluidos los derechos de los menores que ahí se encuentran.
En la demanda de amparo se solicita al juzgado de distrito que otorgue una suspensión a efectos de que la FGR presente como pruebas ante la jueza de control los oficios en los que la Guardia Nacional evaluó y concluyó que el sitio no es apto para la ejecución de una prisión oficiosa; y para que la jueza realice una nueva audiencia en la que modifique el sitio de prisión preventiva del director de Black Wallstreet Capital.
ROA
