Una jueza federal del Estado de México autorizó que Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital (BWC) , procesado por delincuencia organizada y lavado de dinero de cárteles colombianos, cumpla la prisión preventiva que se le había impuesto en un edificio residencial de Las Lomas de Chapultepec.
En lugar del penal federal del Altiplano donde estaba recluido.
La jueza Guillermina Matías Garduño autorizó el cambio del sitio de cumplimiento de la prisión preventiva oficiosa impuesta a Minero Alonso el 12 de octubre, de un penal de máxima seguridad a un edificio residencial, según consta en los registros judiciales del juicio de amparo número 667/2025 que promovió ante el Juzgado Primero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca.
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¿Qué se sabe de Minero Alonso?
Para ello, según confirmaron a MILENIO fuentes judiciales, el dueño de BWC exhibió una garantía de 20 millones de pesos y además se le colocó un localizador electrónico.
Desde el 15 de octubre, Minero Alonso cumple con la prisión preventiva en un departamento ubicado en el interior de un edificio habitacional de 12 pisos ubicado en el número 30 de Sierra Guadarrama, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
La presencia de elementos armados de la Guardia Nacional en el edificio, custodiando la prisión preventiva de Minero Alonso, ha generado alarma entre vecinos e inquilinos, sobre todo tras conocer la gravedad de los cargos que se le imputan al procesado.
“El edificio se ha convertido en un centro penitenciario, vivimos en un constante pánico de una bala perdida de la Guardia Nacional o la presencia de otros grupos criminales para ajustes de cuentas”, dijo uno de los vecinos a MILENIO, quien pidió reserva sobre su identidad por el temor en el que se encuentran.
Expertos consultados por este diario calificaron de “inquietante” e “irregular” que una jueza haya enviado a una persona en prisión preventiva con la misma medida a un domicilio residencial y en una zona altamente poblada.
Una situación que, incluso, contradice al artículo 18 de la Constitución, que establece que las personas en prisión preventiva por delincuencia organizada deben estar en “centros especiales” de reclusión.
¿Quién es Minero Alonso?
Juan Carlos Minero Alonso es un empresario cubano-mexicano de 35 años, conocido principalmente por ser el director y socio principal de la casa financiera Black Wallstreet Capital (BWC), una firma relacionada con manejo de inversiones y asesoría financiera que llegó a proyectar una imagen de prestigio dentro del sector financiero mexicano.
Sin embargo, su perfil público cambió drásticamente cuando diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República (FGR) comenzaron a revelar conexiones entre BWC y actividades de crimen organizado a escala internacional.
Las investigaciones en su contra se remontan al menos a 2022, cuando un ex miembro del cártel colombiano del Norte del Valle denunció que BWC operaba como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico y tráfico de armas.
El modus operandi descrito involucraba el traslado de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica, usando vehículos y aeronaves con matrículas falsas, y el uso de la casa financiera para canalizar recursos ilícitos a través de operaciones aparentemente legales.
En marzo de 2023, autoridades capitalinas realizaron un cateo en las oficinas de BWC en la colonia Azures, donde se detuvo provisionalmente a Minero y se aseguraron diversas sumas de recursos.
Sin embargo, el caso se cayó luego de que se comprobó que los policías sustrajeron ilegalmente diversas sumas de dinero gracias a los videos del establecimiento.
El 27 de mayo de 2025 agentes de la FGR detuvieron a Minero Alonso en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y lo trasladaron al penal federal del Altiplano en Almoloya.
El 5 de junio quedó vinculado a proceso bajo la causa penal 341/2024 y con la medida de prisión preventiva oficiosa impuesta en su contra.
Esto sabemos de su detención
Del Altiplano a las Lomas
Tras ser recluido en el penal del Altiplano, el empresario se movilizó y presentó diversos juicios de amparo, entre ellos uno el 24 de junio en contra de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso. Su demanda quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, bajo el amparo indirecto 667/2025.
En las semanas siguientes, el referido juzgado concedió a Minero Alonso una suspensión provisional y luego definitiva, con la finalidad de que se llevara a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, determinación que fue impugnada por el Ministerio Público de la Federación.
Sin embargo, en los registros judiciales del referido juicio de amparo quedó constancia de una comunicación enviada por el juzgado de control del Altiplano, en el que se notifica que el 12 de octubre se realizó una audiencia en la que se acordó dar el visto bueno a una “modificación del lugar” en el que el procesado cumple la prisión preventiva que se le había impuesto.
“Se declara fundada la pretensión de modificar el lugar en que se ejecuta la prisión preventiva respecto del inculpado en cita; sin que ello implique un cambio de medida cautelar ni se otorgue la libertad al privado de la libertad; sino que su ejecución es en un domicilio, no en el centro de reclusión de que se trata, por las razones expuestas”, indica la comunicación de la jueza.
Expertos critican decisión de la jueza
Litigantes consultados por MILENIO mostraron extrañeza por esta resolución, pues como la jueza señala, no se trata de un cambio de medida cautelar a un “resguardo domiciliario”, que es una medida cautelar que contempla el Código Nacional de Procedimiento Penales.
Gabriel Regino, experto penalista, recordó que la delincuencia organizada es un delito que amerita como media cautelar la prisión preventiva oficiosa, la cual solo puede ser cumplida en un centro penitenciario, salvo una causa de fuerza mayor como una edad avanzada de la persona o una enfermedad terminal, que no es el caso, pues Alonso tiene 35 años.
“El cambio de ejecución de la prisión preventiva oficiosa de un lugar de reclusión del Estado al domicilio particular carece de fundamento legal. En todo caso tendría que haberse autorizado un cambio de medida cautelar al resguardo domiciliario por una cuestión extraordinaria como ser mayor de 70 años o de una persona lactante. Es una resolución inquietante” dijo el litigante,
Otros expertos recalcaron a su vez que en casos de delincuencia organizada no solo es obligatoria la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, sino que además el artículo 18 de la Constitución claramente expresa que tanto procesados como sentenciados por este delito tienen que estar recluidos en centros especiales para ello.
Lo anterior no solo por la seguridad de otras personas, sino de los propios procesados por dichos delitos, que debido a la naturaleza de las actividades criminales en las que estarían implicados pueden verse en riesgo.
“Mis niños están aterrados”
Desde la llegada de Minero Alonso al edificio ubicado en el número 30 de Sierra Guadarrama, el 15 de octubre, el inmueble se encuentra bajo vigilancia día y noche por elementos de la Guardia Nacional.
Fotografías compartidas por los inquilinos en distintos momentos muestran la presencia de estos elementos con trajes tácticos, varios de ellos encapuchados y portando armas largas, tanto en el exterior como en el interior del complejo habitacional.
La tarea de dichos agentes no solo se ha limitado a hacer una vigilancia, sino que incluso han cuestionado y revisado en varias ocasiones a los propios vecinos que llevan semanas sin poder ingresar tranquilamente en sus domicilios.
“La presencia de encapuchados y con armas largas al interior del condominio tiene a mis niños en constante estado de ansiedad y terror”, señaló una de las vecinas.
Los inquilinos del condominio ya han comenzado a organizarse para estudiar acciones legales por esta situación, pues acusan que han convertido un edificio totalmente habitacional en un centro de reclusión para una persona de alto perfil criminal.
“No solo se trata de que este señor que dicen que lava dinero de cárteles colombianos pueda hacer algo. ¿Y si alguien lo quiere matar? ¿Y si quieren cometer un atentado en su contra? Es increíble que nos pongan en esta situación”, dijo otro de los vecinos.
RM
