En el ciclo 2024-2025, la educación básica atendió a 23.3 millones de estudiantes; a pesar de ello, la tasa de abandono sigue representando una amenaza para la continuidad educativa, ya que se registró 2.8 por ciento en primaria y 7.5 por ciento en secundaria, en el mismo periodo.
Además, en materia de recursos humanos, alrededor de 1.2 millones de docentes trabajan en educación básica en los sectores público y privado, pero la sobrecarga de funciones, capacitación insuficiente y las condiciones de trabajo son factores de precariedad y desmotivación de los formadores en las aulas.
Estos son datos que evidencian los resultados de la política educativa reciente, en donde las estrategias aplicadas perpetúan la crisis en el sistema educativo, advirtió la organización civil Educación con Rumbo.
Recordó que desde 2019 hasta la fecha, México ha puesto en marcha al menos dos reformas educativas sin completar ciclos de evaluación ni procesos formales de retroalimentación.
“Innovaciones que debieron ser piloteadas se generalizaron de inmediato, y los esfuerzos de capacitación y acompañamiento en el aula quedaron truncos o desarticulados. El resultado ha sido un clima de incertidumbre en las escuelas y una creciente inestabilidad en las prácticas docentes”, indicó la organización.
En contraste, países como Finlandia, Estonia, Canadá y Corea del Sur han apostado por políticas educativas de largo plazo sosteniendo sus reformas y visiones estratégicas por más de cuatro décadas.
La diferencia es palpable: los cuatro alcanzaron resultados sobresalientes y muy por encima del promedio de la OCDE en las evaluaciones PISA 2022, confirmando que la continuidad y la visión educativa a futuro sí generan impactos medibles, sostuvo Educación con Rumbo.
Asimismo, existe un debilitamiento del sistema nacional de evaluación, ya que, tras la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el año 2019 y la reconfiguración de MEJOREDU, las transformaciones impulsadas no cuentan con una evaluación nacional rigurosa ni transparente que permita medir avances en aprendizajes, permanencia, inclusión y calidad educativa.
La organización señaló que sería deseable mantener sistemas de evaluación nacional periódicos y públicos, que representaran una herramienta clave para medir la calidad educativa, detectar rezagos y garantizar una educación de calidad.
“Por ello, estos procesos deben diseñarse y ejecutarse bajo los más altos estándares, generando resultados válidos y confiables. Cuando esto no ocurre, las evaluaciones pierden su utilidad y se convierten en un gasto de tiempo y de recursos públicos”.
También advirtió que la baja inversión en educación y la tendencia a priorizar transferencias económicas (becas) como eje central de la política pública, perpetúa las carencias en infraestructura, equipamiento y formación docente.
De acuerdo con UNESCO, los países deberían invertir entre 4 y 6 por ciento de su PIB en educación; sin embargo, México se ha mantenido muy por debajo de este rango.
Para 2025, las estimaciones apuntan a que apenas se destinó alrededor de 3.2 por ciento del PIB, cifra que compromete la cobertura, calidad y equidad en el acceso a la educación.
Además, la eliminación en 2022 del PETC (Programa Escuelas de Tiempo Completo) dejó inconclusos los avances en equidad y calidad educativa.
Este programa, alertó la organización, beneficiaba alrededor de 3.6 millones de estudiantes de educación básica en más de 25 mil escuelas del país. Para el año 2025 no se observó algún sustituto de este programa que tuviera la misma cobertura ni mecanismos de seguimiento y evaluación.
Por ello, urgió, contemplar estrategias que favorezcan la equidad, mejoren los aprendizajes y fortalezcan la vinculación escuela-comunidad.
“Frente a este panorama, es indispensable invertir de forma consistente y progresiva en educación. El país requiere infraestructura digna y equitativa, así como recuperar la evaluación y transparencia como herramienta de mejora. Es fundamental que cada innovación curricular cuente con seguimiento, capacitación y recursos suficientes. “Resulta indispensable implementar políticas diferenciadas con enfoque territorial, fortalecer los programas con evidencia de impacto y establecer mecanismos que garanticen su permanencia, calidad y equidad sin importar los cambios sexenales”, concluyó la organización.
LG
