A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, funcionarios que tuvieron en sus manos la investigación inicial permanecen prófugos, otros enfrentan procesos penales por tortura y desaparición forzada, y al menos tres encabezan hoy puestos clave en fiscalías estatales.
La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un ataque coordinado contra los normalistas derivó en la tragedia que aún sacude al país. Meses después, en enero de 2015, la Procuraduría General de la República presentó la llamada “verdad histórica”, una narrativa oficial hoy desacreditada por el propio gobierno federal y rechazada por los padres de los 43, al demostrarse que fue construida sobre torturas, pruebas manipuladas y omisiones deliberadas.
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En el centro de la construcción de esta narrativa habría estado Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Zerón encabezó diligencias en el Río San Juan, donde supuestamente se hallaron restos de los normalistas. Acusado de tortura y manipulación de evidencia, huyó del país en 2019 y desde entonces permanece en Israel. México solicitó su extradición en 2021, pero el proceso está estancado.
“Mi objetivo es poder regresar a mi país, regresar con mi familia, regresar con mi nombre y que se haga justicia”, declaró a la televisión israelí N12 en su última aparición pública, en agosto de 2023.
Otro de los nombres clave es Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la SEIDO en octubre de 2014, cuando la PGR atrajo la investigación desde Guerrero. Renunció el 23 de octubre, un mes después de los hechos, pero su carrera no se detuvo.
En mayo de 2023 fue nombrado Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México, cargo que mantiene hasta hoy.
También figura Jorge Hugo Ruiz Reynaud, encargado de despacho de la SEIDO entre octubre de 2014 y febrero de 2015. Participó en las llamadas “juntas de autoridades” en el 27 Batallón de Infantería, donde se coordinó la investigación. Fue removido meses después y desde entonces ha mantenido un bajo perfil.
La SEIDO pasó después a manos de Gustavo Salas Chávez, quien participó en reuniones con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque llegó tiempo después de los hechos, su gestión estuvo marcada por la sombra de la “verdad histórica”.
En mayo de 2023 fue ratificado por unanimidad como Fiscal General de Justicia de Sonora, con un mandato que se extiende hasta 2029. Su nombramiento fue aprobado sin objeciones.
A nivel operativo, el caso de José Antonio Onofre Polvo ilustra la misma paradoja. En 2014 era agente del Ministerio Público en la SEIDO, bajo las órdenes de Gualberto Ramírez. Hoy, en 2025, figura en la estructura de la FGJ-CDMX como Fiscal de Investigación de Asuntos Relevantes. Su nombre ha sido vinculado mediáticamente a la fallida investigación de Ayotzinapa.
Otros funcionarios enfrentan procesos judiciales. Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, fue detenido en junio de 2023 y acusado de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. En mayo de 2025, un tribunal federal dejó sin efecto su vinculación a proceso por desaparición forzada, aunque permanece en prisión por tortura.
La ex fiscal Blanca Alicia Bernal Castilla también fue procesada por tortura, falsificación de documentos y delitos contra la administración de justicia. Tras casi cuatro años en prisión, obtuvo libertad provisional en 2024 con brazalete electrónico. Sin embargo, un tribunal ordenó revisar esa medida, lo que podría regresarla a la cárcel.
El nombre de Abraham Eslava Arvizu, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículos de la SEIDO, reapareció en 2019 cuando huyó a Estados Unidos.
La FGR ha solicitado su extradición por tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, uno de los principales acusados en el caso. Apenas durante una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió su extradición para que enfrente acusaciones por delincuencia organizada y secuestro.
En 2025 también se registró la detención de Ezequiel Peña Cerda, exdirector de área en la AIC, acusado de torturar a Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos en 2014. Su arresto, ocurrido en las propias oficinas de la FGR, es una de las pocas acciones concretas que materializan el desmantelamiento de la “verdad histórica” mediante la persecución de sus operadores directos.
Finalmente, está la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general. Sin embargo, en 2025 obtuvo prisión domiciliaria por motivos de salud y edad avanzada, lo que generó críticas sobre un trato diferenciado a personajes de alto perfil. Durante su arresto, se recuerda que un oficial, al leerle sus derechos, comentó: “Es penoso”, a lo que Murillo Karam respondió: “No se preocupe, no es penoso, es político”.
LP
