Con el reinicio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) esta semana, se reactiva la interrogante sobre cómo se llevará a la práctica el decreto presidencial que congela la edad de jubilación de docentes y burócratas que no están en el sistema de Afores y que la reduce a partir de 2028, promesa que presionará las finanzas del país.
En mayo, durante 24 días la CNTE realizó protestas, bloqueos y vandalización de espacios que dejaron a estudiantes sin clases en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, y algunas escuelas de la Ciudad de México.
A cambio, recibieron la recompensa de un decreto presidencial con el que se estableció reducir la edad de jubilación de los burócratas que no cotizan en el régimen de Afores, lo que incluye a docentes.
Según lo anunciado antes de que concluyera el ciclo escolar 2024-2025, a partir de 2028 iniciará un proceso de reducción progresiva que culminará en 2034. En ese año, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55, siempre que cumplan con los años de servicio establecidos.
Esta modificación implica una disminución de cinco años en comparación con la legislación vigente, ya que actualmente, las mujeres deben esperar hasta los 58 años y los hombres hasta los 60 para acceder a la jubilación, siempre y cuando se encuentren dentro del supuesto del artículo Décimo Transitorio, fracción II, inciso a) de la Ley del ISSSTE.
El beneficio aplicará únicamente para quienes permanecieron en el régimen solidario del ISSSTE, vigente para alrededor de 860 mil personas, de las cuales 40 por ciento pertenecen al magisterio.
En aquel momento, el propio gobierno reconoció que involucraría un costo fiscal muy importante, unos 36 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.
Cálculos elaborados por especialistas estiman un gasto adicional de entre 30 y 40 mil millones de pesos anuales a partir de 2030, lo que equivale a más de 20 veces lo que se está invirtiendo en infraestructura de educación media superior.
Pero la CNTE no está conforme y han anunciado el segundo round
Tras una pausa de seis meses en las movilizaciones, la CNTE sigue sin estar conforme con las promesas y tienen en la mira obstaculizar el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026.
Las dirigencias de las secciones 22 en Oaxaca; 7 en Chiapas; 18 en Michoacán; 9, 10 y 11 en la Ciudad de México han considerado el decreto como nulo, ya que no responde a su demanda principal: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
Las amenazas de boicot al Mundial han ido creciendo. El pasado 16 de octubre, integrantes de la CNTE protestaron afuera de oficinas de la SEP, amenazando con obstaculizar las actividades programadas para el Mundial de Futbol 2026 si no se abroga la Ley del ISSSTE.
En esta ocasión, con la jornada de paro de 48 horas del 13 y 14 de noviembre, y tras montar un plantón en la Cámara de Diputados, el magisterio disidente advirtió que habrá protestas durante el Mundial 2026 si el gobierno federal no atiende sus demandas al pie de la letra.
Las acciones aún están por definirse, pero el siguiente movimiento será un paro de 72 horas que se acordará en la siguiente Asamblea Nacional Representativa (ANR), a celebrarse el 22 de noviembre en el edificio de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México.
De dónde financiar las pensiones
Marco A. Fernández, investigador de México Evalúa, explicó que, al momento de la publicación del decreto el 24 de junio, la cobertura alcanzaba a casi un millón de personas trabajadoras del Estado, entre ellas, más de 340 mil docentes.
Lo que representa, dijo, es que ese gasto se prolongará durante al menos 25 años y se cubrirá con los mismos recursos que hoy se necesitan en educación, salud y seguridad, por lo que un acto que se presenta como justicia laboral terminará siendo financiado por las generaciones más jóvenes.
“La lógica política del chantaje en las calles y no en el desempeño en las aulas sigue prevaleciendo a la hora de hacer las decisiones de asignación presupuestal, porque la medida que anunció el gobierno en junio de bajar la edad de retiro de los docentes que estaban en el régimen de pensiones previo a la reforma de 2007 tiene un costo importante para el país, que cuando se compara con lo que se destina para la capacitación de los propios docentes, palidece frente a los costos que va a implicar esta edad de retiro. Además, no termina de calmar las inconformidades de la disidencia magisterial que una vez más vuelve a las calles”, afirmó.
El también especialista de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey advirtió que la autoridad federal no está contemplando el alto costo en pensiones que se perfila.
EL DATOGasto en pensiones
Tan solo en 2025, el gasto en pensiones federales superará los 2.1 billones de pesos, lo que equivale a poco más del 23 por ciento del presupuesto neto del gobierno federal.
En un análisis realizado por el experto en materia educativa, sólo en pensiones contributivas el Presupuesto de Egresos prevé un gasto de 1.63 billones de pesos, cifra que representa 17.6 por ciento del gasto aprobado; traducido en términos del Producto Interno Bruto (PIB), representa seis por ciento y, de mantenerse la trayectoria actual, podría ascender a 7.1 por ciento para 2030.
“El mensaje es que el chantaje funciona, que no es a partir de tener mejores resultados en el aula, sino que crear presión social a partir de dejar a los estudiantes sin clases, bloquear y marchar es lo que es más efectivo para extraerle recursos al gobierno y ya le extrajeron en la primera ronda y van por el round número dos”, advirtió en entrevista.
En un análisis realizado junto con los especialistas de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Ana Gabriela Nuñez y Javier García Patiño, se advierte que por cada peso público que llega a las aulas, 1.26 pesos se destina a pensiones.
Además, entre 2018 y 2024, el gasto en pensiones creció 2.2 puntos del PIB, mientras que los ingresos públicos aumentaron sólo 0.2 por ciento. Esto significa que, por cada peso adicional recaudado, se destinaron 11 adicionales en nuevas obligaciones pensionarias, es decir, el país gasta más en retiro de los docentes que en formar a las nuevas generaciones.
Los especialistas advirtieron que para 2030 se proyecta que el gasto en pensiones alcanzará 7.1 por ciento del PIB.
“Sin una reforma que fortalezca las finanzas públicas, el Estado mexicano tendrá cada vez menos margen para financiar la educación. De mantenerse esta tendencia, la situación podría empeorar aún más hacia ese año. Para entonces, las pensiones del magisterio absorberán 41 por ciento del presupuesto educativo y rondarán 600 mil millones de pesos, mientras que el gasto por estudiante en infraestructura y formación seguirá estancado”, indicó el reporte elaborado por Fernández, Núñez y García.
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