Más de 200 trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) viven estos días entre la alerta y la preocupación por lo que les depara el destino, ahora que su lugar de trabajo desaparecerá y no saben con cuánto contarán para sobrevivir al desempleo.
La nueva ley, con la que se extinguirá la antigua institución que regulaba lo relacionado con las señales de radio, televisión, internet y telefonía en México para dar vida a otra, no les da claridad sobre cómo serán liquidados quienes dedicaron años a trabajar ahí.
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Trabajadores llevan meses protestando
Por esa incertidumbre ya pasaron este año los ex empleados del primer organismo autónomo eliminado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quienes en su inconformidad cerraron el tránsito en Insurgentes Sur y lograron una indemnización pareja para todos.
También ya lo vivieron los ex trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que por semanas mantuvieron protestas en la calle y finalmente, lograron un acuerdo para ser indemnizados, por igual cuando se extinguió ese organismo descentralizado.
Ahora, la ola les llegó a los servidores públicos del IFT, que podrían ser el último bloque de trabajadores de los organismos autónomos eliminados que darán la batalla por sus derechos laborales.
Sobrevivir en el desempleo
Su inquietud radica en uno de los artículos transitorios de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se refiere a sus liquidaciones, que fue redactado con ambigüedad.
De lo que reciban como indemnización dependerá que puedan sobrevivir los siguientes meses en el desempleo, si es que no son contratados en la nueva agencia reguladora de telecomunicaciones, ahora adscrita al Poder Ejecutivo.
El artículo en cuestión, el noveno transitorio de la nueva ley, establece que “las indemnizaciones se pagarán a las personas servidoras públicas que gocen de estabilidad laboral considerando la fecha en que se integraron al servicio profesional del Instituto”. Y agrega: los que no tengan esa estabilidad laboral “serán finiquitados”.
¿Qué pasa con la estabilidad laboral?
Estabilidad laboral es el término que los inquieta. Porque eso, dicen, está sujeto a interpretaciones para cuando vayan a liberarse los pagos.
¿Qué es ‘estabilidad laboral’?, se pregunta una de las servidoras públicas del IFT, abogada de profesión, que fue contratada bajo una categoría conocida como de “libre designación”.
Ella lleva 11 años trabajando en el IFT, pero habla el anonimato por temor a perder lo poco que pueda obtener de indemnización.
En el instituto trabajaron casi mil 200 personas. De esas, unas 900 estaban en el régimen de Servicio Profesional de Carrera.
Los demás, más de 200, son de esa “libre designación”. Son ellos los que temen ser a quienes se señale como que no tienen ‘estabilidad laboral’. Ahí se agrupan desde choferes, enlaces, secretarias, subdirectores, es decir, trabajadores operativos del instituto. También hay directores generales.
Su petición es que todos los empleados por igual reciban al menos tres meses de su salario y 20 días por cada año trabajado. Eso fue lo que se les dio al INAI y a Mejoredu. De lo contrario, sólo recibirán un finiquito que sólo sumará la parte proporcional de su aguinaldo y sus vacaciones no disfrutadas.
“Pero nosotros consideramos que también formamos parte del sistema de servicio profesional del instituto, que nos otorga la misma estabilidad laboral, porque tenemos acceso a los mismos incentivos, a las mismas evaluaciones al desempeño, a las mismas capacitaciones. Es decir, tenemos los mismos derechos y prestaciones”, añade la mujer en entrevista con MILENIO.
Inconforme, va más allá en su argumentación porque si de estabilidad se trata, dice, un documento los respalda: “esta ambigüedad se vuelve compleja porque absolutamente todos contamos con un nombramiento, tanto los de libre de designación como los de servicio de carrera, y todos nuestros nombramientos dicen que son de manera definitiva”.
Sólo hay unos que no tienen un nombramiento definitivo, dice: “Realmente los únicos servidores públicos que no cuentan con esta estabilidad o que su nombramiento es por un plazo fijo son los mismos comisionados”, advierte.
El martes 7 de julio, los trabajadores en vilo se mantienen atentos para cuando la ley, aprobada el martes, se publique en el Diario Oficial de la Federación y comience el reparto de indemnizaciones, cuyos montos dependerán de los titulares del organismo, es decir, de los comisionados encabezados por Javier Juárez, y las áreas de recursos humanos del IFT.
Todo lo que sabemos de la nueva Ley de Telecomunicaciones
La vuelta de tuerca que cambió todo
Para la abogada, la incertidumbre creció en los últimos días en que el dictamen pasó del Senado de la República a la Cámara de Diputados, pues en esa transferencia, las palabras del texto se modificaron y todo se tambaleó.
Al inicio, el artículo transitorio decía: “los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones serán respetados, en términos de la legislación aplicable” y que el instituto “dispondrá de los recursos financieros con los que cuente (…) para el pago de liquidaciones o finiquitos correspondientes”. No más, pero tampoco menos.
Pero al proponer reservas al dictamen, hubo una vuelta de tuerca que cambió todo.
El senador Javier Corral propuso la modificación para hacer la distinción entre los servidores públicos según su “estabilidad laboral”.
Esa reserva pasó en el Senado, la ratificaron en San Lázaro y quedó en la nueva ley aprobada el martes primero de julio.
Una fuente cercana al proceso legislativo en el Senado confirmó a MILENIO que las modificaciones introducidas por Corral fueron solicitadas por altos mandos del instituto, en un documento que tenía la leyenda: “Cambio propuesto IFT”.
¿Cuál es el precedente?
Sin volver a las calles para protestar, pero indignados de la misma forma, el jueves 3 de julio, los trabajadores organizados enviaron cartas a los comisionados del IFT, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Hacienda, Edgar Amador.
Con copia a la presidenta Claudia Sheinbaum, para recordarles que en el INAI las indemnizaciones fueron parejas y que eso mismo merecen ellos.
Las cartas citan lo dicho por el entonces comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, cuando defendió en el pleno de ese organismo una indemnización pareja para todos sus trabajadores, a los que él llamaba “Familia INAI”.
“Es obligación del Estado y de este Instituto respetar y velar por los derechos de las y los trabajadores, sin distinción alguna. Así, el hecho de excluir del acuerdo a las personas trabajadoras de Libre Designación es un acto unilateral, discriminatorio y que atenta su dignidad humana, a la vez que menoscaba sus derechos y libertades”, dijo Alcalá entonces.
También citaron un comunicado de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que absorbió las funciones del INAI, en el que informó que el pago a los ex empleados del instituto fue parejo: “se garantizará el pago de liquidaciones tanto a los trabajadores del Servicio Profesional de Carrera como a los de libre designación”.
Por eso, la mujer inconforme del IFT afirma: “en el caso del INAI, de Mejoredu, de estos órganos que están ya extintos, existió una indemnización a todo tipo de personal sin discriminación y eso es lo que nosotros estamos abogando”.
Argumenta que su reclamo está basado en el derecho a la no discriminación, establecido en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo.
Angustiados por lo que ahora pueda pasar, los trabajadores en vilo no dudan en manifestarse e incluso en llegar a la vía judicial para reclamar lo que, consideran, les corresponde de indemnización.
Pero confían en que la presidenta Sheinbaum y sus funcionarios, así como los comisionados del IFT les escuchen y les garanticen una separación digna.
“Estamos abiertos al diálogo, somos respetuosos del nuevo orden, solamente que también pedimos que sean respetuosos con nuestros derechos laborales”, asegura la mujer que ahora no sabe qué hará con 11 años de experiencia en telecomunicaciones.
RM
