Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá echar abajo de manera parcial dos decretos promulgados durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, a través de los cuales el Congreso de Morelos otorgó pensiones de jubilación, pero haciendo uso de los recursos del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
Sara Irene Herrerías Guerra, ministra ponente, asegura que estos decretos violan los principios de división de poderes y de autonomía e independencia presupuestal.
En cada uno de los proyectos se deja claro que no se pone en duda las pensiones de jubilación de los ex servidores públicos, sino la forma en que se actuó para disponer de los recursos para otorgarlas.
Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado promovieron controversias constitucionales contra los poderes ejecutivo y legislativo.
Una de las pensiones fue otorgada a Eldaí López López, quien su último cargo fue de actuaria de segunda instancia adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
La ministra subraya que los órganos legislativos no pueden otorgar de manera directa las pensiones y mucho menos dirigir de manera unilateral los recursos ni determinar las pensiones de otros poderes del Estado.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo alegaron que en el Presupuesto de Egresos local para el año 2024 se otorgaron al Poder Judicial los recursos necesarios para cubrir las pensiones.
Por ejemplo, el Poder Legislativo señaló que los 247 millones 228 mil 887 pesos concedidos al Poder Judicial en la partida de pensiones y jubilaciones es suficiente para cubrir las pensiones.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, en un oficio de 15 de octubre de 2024, informó que se realizó una ampliación presupuestal al Poder Judicial de 50 millones de pesos.
Sin embargo, la ministra propone tumbar los argumentos de los poderes demandados cuando aseguran que en el Presupuesto de Egresos local se dieron los recursos suficientes para cubrir las pensiones.
“Ello es así, debido a que el hecho consistente en que el Congreso del Estado de Morelos otorgue la pensión, en sí mismo, genera la invalidez del acto, con independencia de si la partida prevista es idónea o suficiente para cubrir la pensión por jubilación prevista en el decreto impugnado”, menciona uno de los proyectos.
La ministra propone que en un plazo de 60 días se modifique el artículo Segundo del Decreto 2172 y que determine si será el propio Congreso quien se ocupe del pago de la pensión con cargo al presupuesto general del Estado o en su caso otorgar los recursos necesarios si considera que otro poder o entidad debe realizarlo y, especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por jubilación a Eldai López López.
Ex fiscal de Morelos impugnó pensión de un ex funcionario
Uriel Carmona Gándara, entonces titular de la Fiscalía General del Estado, impugnó la pensión otorgada a Carlos Alberto Figueroa Vázquez, quien ocupó cargos relevantes en la entidad, entre ellos, el de procurador fiscal en el gobierno de Graco Ramírez.
En este caso se combate el Decreto 1983, a través del cual se concedió la pensión al ex funcionario y que se ordenó cubrir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El Poder Ejecutivo estatal señaló que la Fiscalía General cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir la pensión, ya que para el ejercicio fiscal 2025 se le otorgó un presupuesto de mil 068 millones 81 mil 543 pesos, donde se incluye la cantidad de 53 millones 404 mil 077 pesos para la fiscalía anticorrupción.
La ministra Sara Irene plantea ordenar que se modifique el Decreto, a fin de no lesionar la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Y que se realice lo siguiente:
“Si será el propio Congreso quien se ocupe del pago de la pensión con cargo al presupuesto general del Estado o en su caso; otorgar los recursos necesarios si considera que otro poder o entidad debe realizarlo y, especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por jubilación a Carlos Alberto Figueroa Vázquez”.
ROA
