El derecho de acceso al agua en el Estado de México está condicionado. A finales de octubre, la Fiscalía General de Justicia mexiquense informó sobre el despliegue de una diligencia cuyo objetivo es desmantelar un esquema criminal a través del cual el vital líquido es vendido a sobreprecios en distintos municipios de la entidad.
La Operación Caudal no sólo puso en la mira a organizaciones que operaban bajo la fachada de sindicatos o grupos sociales, sino que expuso también el lucrativo negocio que se ha construido en torno a una necesidad básica de las y los habitantes del Estado de México.
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El operativo ha provocado la clausura de pozos y tomas clandestinas, lo que ha su vez se traducen en bloqueos que la población civil ha realizado en distintas vialidades para exigir el restablecimiento del servicio. Del mismo modo, la fiscalía del estado ha informado sobre detenciones relevantes de líderes o integrantes de los sindicatos u organizaciones involucradas en el ahora llamado: ‘huachicol del agua’.
¿Qué es la Operación Caudal?
Desde 2022, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad tipificar y sancionar con penas de dos a seis años de prisión a la persona que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por alguna autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica o que restrinja su flujo destinado al suministro de usuarios. Aquellos quienes la explote o comercialice incluso podría alcanzar una condena de ocho años en prisión.
"La pena máxima será de hasta nueve años en prisión y aplicará cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública cuyo encargo o comisión facilite la sustracción del agua potable de la infraestructura hidráulica estatal", abundó en el dictamen el diputado Daniel Andrés Sibaja González.
Entonces, la reforma se planteaba como una medida para sancionar a quienes a través de diversas modalidades, buscaran obtener un beneficio económico sin permiso de la autoridad competente a costa del vital líquido. Empero, la incidencia se mantuvo vigente.
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No fue sino hasta finales de octubre de 2025 que se cumplimentó la primera fase de lo que la fiscalía mexiquense presentó como Operación Caudal. La diligencia tiene como objetivo desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, así como proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro.
Con dicho fin, la dependencia implementó de forma simultánea en 48 municipios mexiquenses la operación que permitió intervenir un total de 189 inmuebles en los cuales fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.
Entre los municipios en donde se desplegó la operación destacaron Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca e Ixtlahuaca.
Así como en Jilotzingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.
El modus operandi, abundó la fiscalía mexiquense en un comunicado, apuntó a prácticas de acaparamiento en las que se utilizaban pipas de diferentes capacidades sin los permisos obligatorios. Sus operadores obligaban a la ciudadanía a comprar el vital líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización.
De acuerdo con información obtenida por el periodista Abdiel Martínez para MILENIO, en Ecatepec las pipas se llegaron a vender con un sobrecosto de hasta el 59%, en Cuautitlán con 41.4%; en Tlalnepantla con 32.4% y en Toluca con casi el 10% adicional.
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Además del aumento del precio, las pesquisas revelaron que el agua que vendían no pasaba por procesos de potabilización, sino que únicamente era clorada, abriendo así la puerta a un riesgo que puede convertirse en un problema de salud para las y los consumidores.
Fueron las mismas pipas las que poco a poco sacaron del anonimato a los responsables de dichas operaciones toda vez que, a la par de las investigaciones de la fiscalía mexiquense, por los municipios identificados transitaban con logos de diversas organizaciones, supuestamente sindicales.
Los sindicatos del huachicol del agua
A través de un comunicado publicado en sus principales canales de comunicación la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que detrás de las prácticas de acaparamiento ilegal de agua en la entidad se encontraban organizaciones sociales con fachada de sindicatos.
Entre los identificados por autoridades mexiquenses destacaron los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON); Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME); Los 300 y/o Unión 300; Libertad; 25 de Marzo; 22 de octubre; La Chokiza, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.
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En una segunda fase, las diligencias también sumaron al listado a la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y al Sindicato Unidos por la Transformación de México (Sutmex).
Además de haber sido relacionadas con delitos como la explotación y comercialización ilegal del agua, integrantes de dichas organizaciones son investigados también por su presunta participación en otras actividades delictivas como despojos, extorsión y hasta secuestro.
Desde la primera fase de la Operación Caudal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México advirtió que ejercería acciones penales en contra de diversos objetivos identificados como miembros relevantes de las organizaciones sociales que operan bajo la fachada de sindicatos.
#OperaciónCaudal.
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 24, 2025
Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Ricardo "N", identificado como integrante del grupo "La Chokiza", afín a la #USON y presunto propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas que operan en el municipio de #Ecatepec.
Este indidviduo era… pic.twitter.com/hX3u2nVtGs
En ese sentido el pasado lunes 24 de noviembre la dependencia informó sobre su más reciente golpe al huachicol de agua: la detención de Ricardo “N”, identificado como integrante de La Chokiza, pero también afín a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). Al ahora detenido se le señaló como el presunto propietario de pipas y tomas de agua clandestinas que operan en Ecatepec.
“Este individuo era considerado objetivo prioritario dentro de la segunda etapa de la Operación Caudal. Ricardo 'N' fue detenido en el municipio de Ecatepec e ingresado a un Centro Penitenciario Estatal”, abundó la fiscalía mexiquense.
El pasado sábado 22 de noviembre también se informó sobre la detención de Juan "N" , Guillermo "N" y de Christian Jesús "N". El primero fue identificado como el secretario general de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y como vocero del Sindicato por la Transformación de México (Sutmex), quien presuntamente participó en el acaparamiento y cobro ilícito de agua en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Guillermo "N", por su parte, figuró como un integrante relevante del Sindicato 22 de Octubre y fue señalado por intervenir tomas oficiales de agua para administrar y vender el líquido extraído, así como por extorsión. Finalmente a Christian Jesús "N", quien es mejor conocido como Jimmy, se le identificó como el líder de la misma organización y como el sexto regidor de Chalco.
La postura de Delfina Gómez
Ante las múltiples diligencias que se han llevado a cabo en el marco de la Operación Caudal, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que el objetivo no es afectar fuentes de trabajo ni perseguir a quienes operan pozos o distribuyen agua en la entidad, sino garantizar el uso legal y equitativo del recurso.
La regulación de la distribución del agua, apuntó, no es un castigo sino justicia, toda vez que el líquido es un bien común y su manejo responsable es fundamental para el bienestar de las comunidades.
“Tenemos que regular tanta situación de huachicoleo. La gente y los compañeros que están bien no tienen por qué preocuparse. Los que tengan algún documento o trámite pendiente, estamos abiertos para que se puedan regularizar [...] Estamos en la mejor disposición de que se regule lo que se tenga que regular, pero también de que se aplique la sanción a quien se le tenga que aplicar”, declaró la gobernadora del Estado de México.
ATJ
