La reciente detención de al menos once personas que se hacían pasar por escoltas o policías en Jalisco encendió las alertas en la Secretaría de Seguridad del estado, que reforzó las revisiones a empresas de seguridad privada, sobre todo aquellas que operan en condominios, cotos y servicios de protección personal.
El fenómeno inquieta tanto a autoridades como a ciudadanía. El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, explicó a MILENIO cómo operan estos falsos escoltas y cuáles son los riesgos que representan.
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De acuerdo con el secretario, las detecciones surgen a partir de operativos de verificación en zonas donde existe una alta presencia de seguridad privada, en su mayoría integrada por personal civil que funge como escolta, sin cumplir necesariamente la normatividad.
“Hacemos una verificación de manera aleatoria en las zonas donde sabemos que tenemos mayor presencia de grupos de seguridad privada, algunos prestando su servicio de civil como escoltas privados. Es parte de una revisión administrativa… solo es una revisión a su documentación para verificar que esté en regla”, explicó.
¿Cómo identifican a un guardia falso?
Durante estas inspecciones se solicitan oficios de comisión, credenciales de portación de arma de fuego o cualquier documento que acredite la legalidad del servicio. Cuando no hay coincidencias, se da aviso a instancias federales o estatales para verificar que exista registro tanto del arma como de la persona que la porta.
“El escolta está dado de alta en la empresa, pero el arma no corresponde a quien la porta. Una misma arma la pueden estar portando varias personas, lo cual es incorrecto”, señaló Hernández. “No cualquier persona puede andar de civil portando un arma de fuego y haciendo funciones de escolta… debe tener preparación y someterse a varios exámenes”.
Estos requisitos son establecidos tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional como por la propia Secretaría de Seguridad.
Los operativos también se extienden a guardias intramuros que trabajan en cotos o condominios. Hernández explicó que se trabaja en coordinación con el Consejo Estatal para supervisar que quienes desempeñan estas funciones cuenten con la capacitación necesaria y, por lo menos, con un filtro adecuado de seguridad que garantice que no tengan antecedentes penales.
Uniformes apócrifos y acceso a equipo táctico, más irregularidades
Las inspecciones revelan otras irregularidades, como el uso de uniformes oficiales de generaciones anteriores o prendas que simulan pertenecer a corporaciones formales.
“Incluso hemos detectado uniformes oficiales, pero que ya son de una generación anterior… también se hace conocimiento al Ministerio Público para saber cómo llegaron esas prendas a manos de estas personas”, explicó el funcionario.
Hernández reconoció que no es difícil adquirir uniformes, incluso por internet, pero el problema radica en el uso indebido de insignias e identificadores exclusivos de empresas autorizadas.
“No es tan complicado obtener ese tipo de uniformes, inclusive los pueden comprar por alguna plataforma digital. El problema es el uso que les dan o las insignias que les ponen. En una tienda oficial sí hay protocolo… les piden credencial. Más bien los consiguen en el mercado negro o en algunos tianguis”.
La Secretaría también ha recibido reportes sobre venta de equipo táctico e insignias en tianguis, lo que ha motivado inspecciones en esos puntos. Hernández advirtió que la presencia de falsos escoltas o guardias sin preparación puede derivar en abusos, excesos e incluso facilitar delitos, particularmente robos a casa habitación en cotos con acceso controlado.
“Hemos visto cómo algunos elementos de seguridad privada han cometido abusos o excesos… no cuentan con la preparación ni con la información necesaria”.
Cuando ocurre un robo en un condominio con ingreso controlado, la primera línea de investigación apunta a los elementos de seguridad privada, pues en muchos casos ni siquiera están dados de alta en una empresa formal.
Por ello, el secretario lanzó un llamado directo a las administraciones de condominios: “Hacemos un exhorto a todas las mesas directivas para que hagan contratos con empresas bien establecidas, que tengan su razón social, que les facturen, que estén totalmente en regla”.
¿Cuáles son las consecuencias legales que enfrentan los usurpadores?
En lo que va del año, la Secretaría ha registrado múltiples detenciones por usurpación de funciones, tanto de escoltas armados como de guardias intramuros. “La mitad han sido armados y la otra mitad de seguridad intramuros”, precisó Hernández.
Las sanciones pueden ir desde una multa administrativa, hasta penas de cárcel, según el tipo de insignias utilizadas o la portación ilegal de armas.
Los operativos continuarán, indicó, especialmente en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para verificar la legalidad de las licencias colectivas que amparan el uso de armas en empresas de seguridad.
La dependencia insiste en que la ciudadanía debe contratar únicamente servicios formalizados y autorizados, pues el personal no capacitado representa un riesgo y puede facilitar delitos dentro de los mismos entornos que debería proteger.
¿Cuál es la causa de los guardias 'fakes'?
La problemática también ha sido analizada por especialistas. Rubén Ortega Montes, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, advirtió que la presencia de falsos escoltas representa un riesgo para quienes contratan estos servicios y para la seguridad pública en general.
“El riesgo mayor es para quienes los contratan y no son personas expertas en el cuidado o protección de personas”, explicó. “Y lo más riesgoso es que, si andan armados y en un momento determinado son detenidos, la persona que supuestamente están protegiendo puede verse relacionada con un delito de portación de arma de fuego”.
Ortega recordó que portar armas de calibre superior a 380 milímetros, como las de 9 milímetros, constituye un delito federal al tratarse de armamento de uso exclusivo del Ejército.
“Entre que investiguen y si el arma resulta relacionada con la persona que va a ser cuidada, pues se va a ver involucrada en un delito. Al final le va a resultar peor el sentirse supuestamente escoltado”, afirmó.
¿Por qué ha crecido el número de este tipo de ilícitos?
El investigador señaló que, al no contar con certificación ni permisos, estos supuestos escoltas pueden convertirse en delincuentes.
“Si no se tienen los antecedentes penales por medio de una empresa debidamente certificada y con permisos necesarios del Estado, donde pasen todas las pruebas y el armamento esté registrado, realmente no se estaría cuidando de la legalidad”, dijo.
También advirtió que, en algunos casos, estos falsos escoltas podrían estar vinculados con grupos criminales. “Podemos encontrarnos con delincuentes que se están haciendo pasar por escoltas y que a lo mejor las personas que cuidan también están relacionadas con alguna actividad ilícita”.
De acuerdo con Ortega, la falta de una verdadera labor de inteligencia por parte de las autoridades ha permitido el crecimiento del fenómeno. “La labor de inteligencia es de mayor mérito que los retenes o filtros, que al final son una manera de molestar en contra de la Constitución”, señaló.
“Si lo hicieran con inteligencia, se darían cuenta quiénes están acompañándose de supuestos escoltas que andan armados y podrían acudir directamente a sus oficinas a solicitar permisos”.
Protocolos débiles y penetración del crimen organizado
El académico afirmó que es común ver camionetas de alta gama estacionadas en plazas o restaurantes, acompañadas de hombres con corte militar y ropa táctica. “Ahí, en una labor de inteligencia, deberían llegar y verificar si esa seguridad que aparenta estar de manera ilegal está certificada”.
También criticó la excesiva burocracia que enfrentan las empresas de seguridad privada para obtener permisos. A su juicio, el sistema actual es demasiado riguroso y poco expedito.
Otro riesgo es la venta sin control de ropa e identificadores utilizados por personal de seguridad, que pueden adquirirse libremente en tiendas o plataformas digitales. “Definitivamente, debería ser por oficio. Solo este tipo de ropa o identificadores deberían venderse a empresas autorizadas o a quien presente un oficio personalizado”.
Recordó que hace algunos años existía un protocolo estricto para adquirir estas prendas, que debía ser avalado por la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública o las direcciones de seguridad pública.
Hoy, la delincuencia organizada también aprovecha la facilidad para hacerse de estos artículos. “En últimas instancias vemos a la gente de la delincuencia organizada vistiendo ese tipo de ropa. No tienen problemas, disponen de bastante poder económico y a veces el estado de fuerza de estas organizaciones es mayor al de un municipio”.
Zapopan un ejemplo constante del riesgo
Como ejemplo del riesgo, Ortega compartió una experiencia personal. Relató que, en una plaza comercial de Zapopan, dos personas con apariencia de personal de seguridad pasaron cerca de él; uno de ellos sacó una pistola y la accionó a una cuadra de Andares. “No es increíble porque se supone que ahí estaba la seguridad y accionó por más de siete veces un arma semiautomática, si no es que automática”.
El académico explicó que muchas personas terminan contratando falsos escoltas porque desconocen cómo opera la seguridad privada.
“Los empresarios legales desconocen incluso si realmente hay permiso, si es correcto. Muchos contratan ex militares o ex policías creyendo que están legalmente. Hasta que tienen un problema en un filtro se dan cuenta”.
Sin embargo, también reconoció que otras personas sí saben con quién contratan. “Está la otra parte, los que realmente contratan a sicarios… y que el motivo es extorsionar, levantar, amenazar o presionar para obtener dinero o alguna acción que les convenga”.
Transparencia, la clave para solucionar el problema
Ortega llamó a verificar la legalidad de las empresas y actuar con precaución ante individuos armados. “Solicitar que vía inteligencia informen si estas personas son legales”.
Para quienes se enfrenten a un supuesto escolta o guardia armado, recomendó llamar a la policía para evitar agresiones, golpes, lesiones, privaciones de la libertad, desapariciones o incluso la muerte.
El especialista concluyó con un llamado a la transparencia y a la recuperación de la confianza ciudadana. “Yo creo que el que haya transparencia, que haya verdad, el dirigirnos con mayor tino en cuestiones de seguridad y de procuración de justicia, es lo que nos puede llevar a tener una mejor confianza”.
El temor de la gente, dijo, muestra con claridad que la ciudadanía se siente insegura. “Se siente esta sensación de que falta el Estado, de que falta el Estado policía, de que falta, dirían en mi pueblo, gobierno”.
OV
