Publicitada como “detención” la de Yesenia Méndez Rodríguez, ex secretaria particular de Carlos Manzo y ahora de su viuda Grecia Quiroz, resultó una simple “entrevista” en la fiscalía de justicia michoacana.
La falsa captura corrió a cargo de la Secretaría federal de Seguridad y la policía judicial estatal, sin que mediara una obligada orden de aprehensión.
De manera inexplicable, la señora fue llevada a la Fiscalía estatal de Michoacán y no, como debió serlo, ante un juez.
La ridícula pifia deja más interrogantes que respuestas porque no se le detuvo en flagrancia (cometiendo algún crimen), y se filtró la insidia de que se le detuvo porque se comunicaba por chats con Jorge Armando N, apodado El Licenciado, encarcelado y bajo proceso como autor intelectual del crimen.
No es la falsa “detención” lo más extraño —en México son habituales las detenciones arbitrarias—, sino que, en vez de ponerla a disposición de un juez, como manda la Constitución y el debido proceso, fue conducida a la Fiscalía del Estado, gobernado por Morena, como si ahí residiera un tribunal de excepción.
¿Por qué una fiscalía y no un juzgado? ¿Qué urgencia, qué cálculo o qué temor llevó a las autoridades a alterar el trayecto institucional previsto para evitar arbitrariedades?
Como se supo al día siguiente, Yesenia quedó en plena libertad y declaró que su sustracción fue para “una entrevista”.
Una vez más queda en evidencia la intención de desacreditar al Movimiento de El Sombrero creado por Manzo, como se hizo con la cuestionada acusación contra ocho integrantes de su escolta de seguridad a quienes se les imputa su “probable participación en el delito de homicidio agravado por omisión en calidad de garante”.
La falsa “detención” exhibe el temor que ha generado en el oficialismo el arrastre que está teniendo la creciente agrupación opositora del obradorato.
Todo indica que se busca distraer la atención y tratar de justificar que no se investigue la línea política que tanto denunció Manzo y apunta hacia machuchones morenistas (el ex alcalde de Uruapan, el ex aspirante a la gubernatura y el ex gobernador Leonel Godoy) como a eventuales maquinadores del atentado letal.
Con una torpeza que desafía el entendimiento, el Registro Nacional de Detenciones dio parte oficial de la “detención” de Yesenia.
El caso Manzo está viciado de origen porque lo investiga la fiscalía michoacana del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Por tratarse de delincuencia organizada, las averiguaciones debiera llevarlas la Fiscalía General de la República o, mejor, una fiscalía independiente para evitar la sospecha de que el morenismo fabrica una investigación facciosa.
Las detenciones, éstas sí, de siete policías del círculo de confianza del matrimonio Manzo-Quiroz constituyen una maniobra para insinuar que el ex alcalde y su sucesora seleccionaron torpemente a su equipo de confianza, lo cual, con la información disponible, carece de sentido…
