La defensa de Fernando Farías Laguna asegura que en 60 días podría definirse su extradición. En un escenario exprés, la entrega de Argentina a México sería inmediata; sin embargo, al someterse a un juicio de extradición y de seguir el cauce legal, el caso puede prolongarse por varios años e incluso derivar en que el excontralmirante mexicano obtenga la condición de refugiado.
Aunque autoridades argentinas han anunciado un envío inminente a México, aún falta recorrer un laberinto legal que involucra tratados bilaterales, causas locales y una solicitud de asilo que suspende cualquier acción inmediata hasta que se resuelva, según una revisión realizada por MILENIO.
En México, Farías Laguna es requerido por delincuencia organizada y robo de hidrocarburos. Ingresó a Argentina con un pasaporte guatemalteco falso y fue detenido por autoridades federales con ayuda de inteligencia mexicana en aquel país.
Su defensa sostiene que los cargos son una represalia política por haber denunciado irregularidades dentro de la Secretaría de Marina (Semar) y asegura que su vida corre peligro en México.
Para entender la legislación vigente, MILENIO conversó con la Dra. Virdzhiniya Petrova, académica e investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien detalla la travesía legal que tendrá que enfrentar la defensa del contralmirante, que en el mejor de los casos pasará al menos un año en una prisión argentina en lo que se desahogan todos los procesos.
Las claves del tratado de extradición
El Tratado de Extradición entre México y Argentina, vigente desde 2013, obliga a ambos países a entregar a las personas reclamadas por la justicia. Pero para que la extradición sea procedente, el reclamo debe pasar por lo que llaman doble incriminación: la conducta que se imputa al prófugo debe estar tipificada como delito en ambos países. En este caso, los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos (huachicol) son graves en ambos códigos penales, por lo que ese requisito se cumple.
Sin embargo, el artículo 4° del Tratado de Extradición abre una salida fundamental para la defensa. Establece que no se concederá la extradición si el Estado requerido (Argentina) tiene motivos fundados para creer que la solicitud fue formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por sus opiniones políticas.
Además, el mismo artículo agrega una protección adicional: tampoco se concederá si la persona reclamada alega un peligro real para su vida o su libertad por razones políticas, y ese temor resulta fundado según las circunstancias.
“Argentina puede negar la extradición del individuo si se comprueba que él puede ser objeto de persecución política en México. Al solicitar asilo político, en realidad la defensa del inculpado está alegando una de las causales de la no extradición”, explica la doctora Petrova.
La defensa de Farías Laguna sostiene que los cargos fueron fabricados tras reportar anomalías al almirante Rafael Ojeda. De ahí que intente demostrar que detrás no hay delitos comunes, sino una persecución por disidencia interna.
Una vez presentado el expediente formal por vía diplomática, con toda la documentación exigida —orden de aprehensión, identificación precisa del prófugo, relato de los hechos y fundamento legal—, un juez federal analiza si el pedido cumple los requisitos del tratado bilateral y, sobre todo, si existe algún impedimento para la entrega, como la persecución política o el peligro para la vida del reclamado.
El juez dicta una sentencia declarando procedente o improcedente la extradición. Tanto la defensa como la fiscalía pueden apelar directamente ante la Corte Suprema. Ese recurso puede demorar entre uno y dos años adicionales.
El pasaporte falso
Pero este camino principal se ve inmediatamente bloqueado por la causa penal por el pasaporte falso. Al ingresar a Argentina con documentación guatemalteca apócrifa, Farías Laguna no solo violó las normas migratorias: cometió delitos en suelo argentino.
El artículo 292 del Código Penal castiga la falsificación de documento público con penas de uno a seis años de prisión cuando se trata de un instrumento público como un pasaporte. Farías Laguna también se enfrenta al delito de usurpación de estado civil (artículo 401), que prevé prisión de seis meses a tres años.
Al respecto, la doctora Petrova puntualiza: “Falsificar un pasaporte, presentar un pasaporte guatemalteco, es un delito en Argentina que puede ser penado hasta seis años de cárcel. Hay que aclarar que libre no va a salir de ninguna manera”.
Y agrega sobre la posible priorización de procesos: “Aquí dependerá de si un juez… los Estados tienden a congelar los delitos cometidos en el extranjero hasta que se decida el delito cometido en su propio territorio, si son más nacionalistas, o puede que un juez compare la gravedad de los delitos y decida primero la extradición por el delito que se imputa: delincuencia organizada es más grave que falsificación de documentos. Pero no hay una regla ni en el tratado de extradición sobre cuál tiene que perseguirse primero”.
“Argentina puede decidir primero juzgarlo por el delito que ha cometido en Argentina, puede diferir la extradición hasta que se haya terminado el juicio por el delito de falsificación de documentos, y también existe la posibilidad de que decida primero entregarlo a México, pero que México se comprometa a que una vez juzgado por el delito que cometió lo devuelvan otra vez a Argentina. De cualquier manera, esa alegación de si se le tiene que otorgar asilo político también será afectada por el hecho de que también es un delincuente en Argentina”.
El asilo político
En cuanto al asilo político, este debe solicitarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), el organismo estatal argentino encargado de evaluar y conceder o denegar el estatuto de refugiado, similar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), aunque con procedimientos distintos.
El trámite de asilo no tiene un plazo preestablecido, pero la complejidad del caso —que exige recabar informes sobre la situación de derechos humanos y el sistema judicial en México— podría extender la evaluación hasta 24 meses.
Sumando los tiempos: causa local por el pasaporte falso (seis a 12 meses), trámite de asilo (12 a 24 meses) y eventual apelación ante la Corte Suprema (uno a dos años), el proceso completo podría prolongarse entre dos y cuatro años, o incluso más.
La fase política y la extradición concurrente
Finalmente, está la fase política. Una vez que la justicia se expide, el Poder Ejecutivo argentino tiene la última palabra para conceder o no la entrega. En la práctica, suele acatar lo resuelto por los tribunales.
La especialista explica el proceso en detalle: “Puede tomar algunos meses hasta que el juez decida si procede o no la extradición. Después, el inculpado puede apelar; si se concede la extradición, él puede apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La apelación tomará unos meses más por resolverse, pero no termina todo ahí. Es una gran crítica: los procesos de extradición en Argentina y en México —la decisión final de si procede o no una extradición— están en manos del Poder Ejecutivo”.
“Es decir, al final en Argentina, si el juez niega la extradición, ahí muere: el juez determinó que sí va a ser perseguido en México, sea porque consideró que puede ser sujeto a tratos crueles en México o una cosa similar. Pero si el juez, después de la apelación de la Suprema Corte, autoriza la extradición, aun así la última palabra la va a tener el Poder Ejecutivo de Argentina, el presidente Milei, quien a través de las secretarías de Relaciones Exteriores decide si procede o no extraditar al individuo a México”.
Además, la doctora Petrova advierte sobre una posible complejidad adicional:
“En caso de que Estados Unidos lo requiera —si Estados Unidos presenta una solicitud de extradición—, estamos ante una hipótesis de extradición concurrente y Argentina tendrá que decidir a cuál de los dos países, si a México o a Estados Unidos, extradita al individuo”.
Antecedentes y panorama actual
El antecedente del empresario Carlos Ahumada muestra cómo las extradiciones desde Argentina suelen trabarse por violaciones procesales. Ahumada aceptó la extradición simplificada, pero aun así el proceso enfrentó demoras. En el caso de Farías Laguna, la solicitud de asilo complica aún más el camino rápido.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que se busca la deportación inmediata y que, en caso contrario, se establecerán condiciones de extradición.
Sin embargo, el reciente Decreto 366/2025 del gobierno de Javier Milei, que endurece las condiciones para extranjeros con antecedentes penales, no puede aplicarse mientras exista un pedido formal de extradición y, sobre todo, una solicitud de refugio. La normativa migratoria no está por encima del derecho de asilo.
Un juez federal difícilmente permitiría una expulsión administrativa que eluda las garantías del juicio de extradición. Por ahora, el laberinto legal recién comienza.
“Mínimo un año en que se desahogue la fase judicial. Si deciden juzgarlo por el delito local, puede ser que seis años en Argentina y después a México”, calcula la especialista.
Y concluye con una reflexión de fondo: “La extradición, lamentablemente, es un proceso que mezcla elementos jurídicos con políticos, y siempre las relaciones diplomáticas entre los países influyen mucho. En últimas fechas, México mismo se ha brincado algunos procesos de extradición y ha ‘regalado’ delincuentes a Estados Unidos por la presión que se ha sentido”.
ROA
