El huachicol es un estigma que acompaña a Puebla desde hace más de una década, cuando el robo de hidrocarburos se convirtió en el delito predilecto de los criminales que asentaron sus operaciones en el estado; sin embargo, la entidad dio un giro a esa historia y ahora, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), es líder nacional en la recuperación de hidrocarburos robados.
Un territorio estratégico para Pemex
La ubicación de Puebla es estratégica para Petróleos Mexicanos, ya que funciona como punto de cruce del oleoducto Tuxpan-Azcapotzalco, que atraviesa la Sierra Norte, y del gasoducto Cactus-Guadalajara, que recorre la zona centro, desde la colindancia con Veracruz hasta su salida por el Estado de México.
Esta red de hidrocarburos no solo detonó la actividad industrial, sino que también se convirtió en objeto de deseo para los huachicoleros, grupos integrados por civiles que realizan ordeñas ilegales a los ductos y que, con el paso de los años, evolucionaron hasta integrar en sus células a mandos policiacos.
Una clara muestra de ello ocurrió en julio de 2015, cuando el Ejército Mexicano capturó a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y jefe de grupos especiales de la Policía Estatal de Puebla, respectivamente, por apoderarse de diversos contenedores de hidrocarburo robado en Tepeaca.
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Tragedias que marcaron al estado
El huachicol también ha dejado episodios trágicos que permanecen frescos en la memoria colectiva de los poblanos, con respuestas institucionales que llegaron solo después de que las víctimas fueron mortales.
Es el caso de San Martín Texmelucan, donde el 19 de diciembre de 2010 una enorme columna de humo, con llamas de hasta 40 metros de altura, arrasó con viviendas de la colonia El Arenal, provocando la muerte de 30 personas y dejando heridas a otras 52.
El desastre fue provocado por una fuga de material petroquímico en un oleoducto de 30 pulgadas que atravesaba el municipio, el cual se filtró por varias calles hasta entrar en contacto con el fuego, en plena víspera de Navidad.
Aunque las autoridades realizaron recorridos, las investigaciones nunca arrojaron responsables. No obstante, los sobrevivientes señalaron que para entonces ya era común que huachicoleros perforaran los ductos de Pemex para extraer gasolina y gas LP, que posteriormente vendían a precios más bajos.
Un escenario similar cimbró a San Pablo Xochimehuacán la madrugada del 31 de octubre de 2021, cuando una pipa ilegal ordeñaba una toma clandestina al interior de un predio y, tras desconectarse la manguera, el gas se esparció por toda la comunidad, lo que obligó a una evacuación inmediata.
Sin embargo, un par de explosiones acabaron con más de 100 viviendas a la redonda, dejando un saldo de cinco muertos, más de 20 heridos y cuatro personas detenidas por la Fiscalía General del Estado, señaladas como presuntas autoras materiales del desastre.
La omisión del morenovallismo
Aunque las bases de datos de Pemex registraron que de 2008 a 2010 se detectaron al menos 76 tomas clandestinas, Puebla se convirtió en epicentro del huachicoleo cuando Rafael Moreno Valle Rosas asumió la gubernatura.
Tan solo de 2011 a 2015, las incidencias por robo de hidrocarburos en la entidad aumentaron a mil 942. Lejos de contenerlo, el delito se disparó en los años siguientes: mil 533 casos en 2016; mil 437 en 2017, y 2 mil 072 en 2018, cifra récord.
A plena luz del día, con garrafas de plástico, en carreteras o mercados, el negocio ilícito del huachicol se “acurrucó” en diversos puntos del estado, dando origen al llamado triángulo rojo: Tepeaca, Quecholac, Palmar de Bravo, Amozoc, Acatzingo, Esperanza y San Salvador Huixcolotla, en la zona centro; San Martín Texmelucan y Tlahuapan, en los límites con Tlaxcala; así como Esperanza, Miahuatlán, Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez, en la salida hacia Veracruz.
El panorama empeoró en 2018, cuando la Fiscalía General del Estado reconoció supuestos vínculos de 76 policías municipales con grupos dedicados a la extracción ilegal de combustible: 36 en San Martín Texmelucan, 23 en Tehuacán y 17 en Ciudad Serdán.
Además, en junio de ese año, seis policías municipales de Amozoc fueron ejecutados a un costado de la autopista Puebla-Orizaba, tras ser emboscados por huachicoleros que ordeñaban un ducto.
Armenta, cambio de timón
Aunque la llamada cuarta transformación comenzó a gobernar Puebla en agosto de 2019, el robo de hidrocarburos se mantuvo como un delito relevante, pese a que desde Palacio Nacional se negaba su magnitud.
Datos de Pemex evidenciaron que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2019 a 2024, el estado acumuló 3 mil 383 tomas clandestinas por robo de gasolina o gas LP, un promedio de 564 por año, es decir, tres cada 48 horas.
No obstante, más allá de los intentos de las fuerzas de seguridad en los gobiernos de Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la reducción del delito coincidió con la pandemia de covid-19 y la migración de los huachicoleros hacia otras actividades ilícitas, como el robo a transporte de carga, la extorsión y el narcomenudeo.
Los registros de Pemex señalaron que 2024 fue el peor año de la 4T en Puebla, con mil 886 ordeñas, en contraste con 2020, el pico del coronavirus, cuando se registraron apenas 264 perforaciones. La lista se completa con 2023, con 502 casos; 2021, con 387, y 2022, con 344.
El primer año de Armenta
De acuerdo con el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la lucha contra el huachicoleo es frontal y se basa en la coordinación de los tres niveles de gobierno, a través de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y los 217 municipios.
El mandatario confió su estrategia al vicealmirante Francisco Sánchez González, quien en su primer año al frente de la Policía Estatal posicionó a Puebla en el primer lugar nacional en recuperación de combustibles robados.
Con el delito a la baja, la Secretaría de Seguridad Pública reportó que en 2025 se inhabilitaron 261 tomas clandestinas en el estado, una cada 32 horas, lo que representa una reducción del 89 por ciento respecto a los registros de 2018.
Durante ese año se incautaron más de 2 millones 700 mil litros de gasolina, petróleo y gas LP robados, lo que derivó en la detención de al menos 162 personas por el delito de robo de hidrocarburos en sus distintas modalidades: extracción, traslado y comercialización.
Este avance le valió el reconocimiento de Pemex, que premió al gobierno estatal con la donación de material pétreo para la rehabilitación de 33 avenidas de la capital poblana.
La paraestatal prometió que, de mantenerse ese ritmo, continuará otorgando materiales para la renovación de caminos, además de donaciones de material educativo para escuelas que requieran intervención.
La respuesta no se hizo esperar y, al cierre de 2025, la administración armentista anunció que en 2026 enfocará sus esfuerzos en cumplimentar la aprehensión de dos presuntos huachicoleros que burlaron a la justicia durante el barbosismo y el cespedismo: Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, y Juan Lira Maldonado, El Moco.
El primero mantiene un perfil activo como influencer en Facebook, donde realiza transmisiones en vivo para mostrar su vida como agricultor, mezclada con lujos, ropa y vehículos de alta gama, además de contar con el “manto protector” de habitantes de Palmarito Tochapan, en Quecholac, municipio gobernado por su hija, Guadalupe Martínez Gerardo.
El segundo permanece “a salto de mata” desde que se le negó asumir la alcaldía de Chignahuapan por irregularidades en las elecciones de junio de 2024, además de previas acusaciones por robo de hidrocarburos y tala clandestina en la Sierra Norte de Puebla.
AAC
