M+.-Pasaron más de 3 años para que la DEA consiguiera su primer caso contra un gobernador en funciones por vínculos con Los Chapitos, y es el mandatario de Sinaloa (actualmente con licencia al cargo), Rubén Rocha Moya, quien ahora acompaña a una treintena de acusados de países como China, Guatemala y, por supuesto, México, en la causa criminal por narcotráfico, la cual involucra a toda la cadena de suministro de drogas sintéticas que operaba con los hijos del fundador y ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El caso: Estados Unidos vs. Guzmán Salazar et al., anunciado con bombo y platillo el 14 de abril de 2023 como parte de un acumulado de cargos presentado por el Departamento de Justicia en contra de los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio y Joaquín Guzmán López, conocidos colectivamente como Los Chapitos, y su red criminal internacional.
Ese día se presentaron cargos en Washington DC, Chicago, Illinois y Manhattan, Nueva York, siendo el último con la DEA como agencia a cargo del caso, y con un enfoque en la red de precursores químicos de Asia que permitía la fabricación de drogas como fentanilo y metanfetamina, las cuales terminaban en suelo estadunidense.
De 23 acusados a la integración de funcionarios: ¿cómo creció el caso?
La acusación tenía originalmente a 23 personas, entre ellas a Iván y Jesús Alfredo Guzmán, y a jefes operativos y de seguridad como Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, Jorge Humberto Figueroa Benítez, El 27, y Óscar Noé Medina, Panu.
Asimismo, a otros aliados y operadores en el extranjero, como los chinos Yonghao Wu, Yaquin Wu, Kun Jiang y Huatao Yao, quienes usaban empresas para enviar precursores químicos a México a través de colaboradores en Latinoamérica.
También se encuentra acusada Ana Gabriela Rubio Rea, una empresaria guatemalteca señalada como intermediaria para los cargamentos de precursores que llegaban a México. Tras declararse culpable, la mujer fue sentenciada a seis meses en prisión, y se espera que salga libre a mediados de este año.
Tres hombres, Liborio Núñez Aguirre, Luis Javier Benítez Espinoza, El Fourteen, y Alan Gabriel Núñez Herrera, son señalados por formar parte de la estructura de tráfico e importación de fentanilo a los Estados Unidos, lo cual, según la DEA, ocurre por mar, tierra y aire.
Conforme fueron aprehendidos algunos de los acusados, como El Nini—arrestado y extraditado desde México— , o la propia Rubio Zea, y otros fueron abatidos o ejecutados, como El 27 y El Panu, respectivamente, la DEA avanzó con su caso, hasta que en agosto de 2023 se añadió a otras tres personas que formaban parte del equipo operativo de Los Chapitos, entre ellos Martín Zazueta Pérez, El Piyi, un jefe de seguridad que trabajó con los hijos de El Chapo y fue entregado por México a los Estados Unidos en agosto de 2025 para enfrentar carios cargos por tráfico de fentanilo y posesión de armas de fuego.
Así, la DEA continuó investigando el caso y obteniendo información de donde le fuera posible, y este 29 de abril, junto con el Departamento de Justicia, obtuvo una acusación aprobada por un gran jurado de los Estados Unidos para imputar a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, con cargos por narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Rocha Moya negoció respaldo con los Guzmán Salazar, acusa EU
Ahora, el caso con el número 1:23-cr-1800, bajo el nombre USA vs. Guzmán Salazar, incluye a Rocha, a un senador en activo, Enrique Inzunza, y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan De Dios Gámez, todos del partido Morena, y a otros políticos y miembros de cuerpos policiales, como parte del aparato institucional que da protección a Los Chapitos para mantener a flote sus operaciones criminales.
La acusación en contra de Rocha Moya asegura que el mexicano, oriundo de Badiraguato, la misma cuna donde nació El Chapo Guzmán, negoció en 2021 el respaldo de Los Chapitos para llegar a la gubernatura a cambio de otorgarles el control de Sinaloa.
“A cambio, antes y después de ser gobernador, Rocha Moya presuntamente participó en reuniones con Los Chapitos, en las cuales prometió proteger(los) mientras distribuían cantidades masivas de drogas en los Estados Unidos, y como gobernador, Rocha Moya ha permitido a Los Chapitos operar con impunidad en Sinaloa”, establece la acusación de los Estados Unidos.
Así, el 6 de junio de 2021, Rocha Moya resultó electo gracias, presume Washington, a que la estructura de la célula criminal de los hijos de El Chapo robó boletas con votos de rivales, amenazó, secuestró e intimidó a oponentes políticos de Rocha, e incluso instruyeron cómo votar a ciudadanos de ciudades clave como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota.
Funcionarios y policías en la nómina de Los Chapitos
Estados Unidos asegura que podría demostrar en un juicio que Rocha Moya llegó al cargo a finales de 2021 y se puso a disposición de Los Chapitos a cambio de “millones de dólares en sobornos” para él y el resto de sus aliados en cargos públicos en Sinaloa. Entre ellos están quien fuera su secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza, su exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y directivos y miembros de la policía y fiscalía de Sinaloa.
Dentro del caso se menciona al vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, quien a decir del gobierno estadunidense, estaba en una nómina de Los Chapitos dirigida directamente a cuerpos policiales y de investigación. Recibía unos 11 mil dólares al mes, aproximadamente 200 mil pesos.
“De hecho, ciertos oficiales de policía en México, incluyendo a algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia del cártel y en la venganza, incluyendo el asesinar a enemigos del cártel y el secuestro de individuos en México que se sospechaba que cooperaban con el gobierno de Estados Unidos”, señala la acusación.
La causa también señala que Juan De Dios Gámez Mendívil y la policía local estaban en la nómina de Los Chapitos, a tal grado que un comandante de la policía, Juan Valenzuela Millán, Juanito, fue clave para que Los Chapitos se deshicieran de un informante de la DEA en 2023.
“Millán ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial, Alexander Meza León, quien había estado trabajando con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y a familiares, algunos de los cuales fueron torturados y asesinados”, asegura Washington.
También están incluídos dos exdirectores de la Policía de Investigación de Sinaloa, quienes habrían recibido sobornos a cambio de protección para Los Chapitos y para emitir órdenes de arresto contra enemigos de los hijos de El Chapo: Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Contreras Núñez.
Los cargos son suficientemente graves para que, en caso de enfrentar un juicio y ser encontrados culpables, corran todos el riesgo de pasar el resto de sus días tras la rejas, a excepción del comandante de la policía de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, quien enfrenta dos cargos adicionales por el secuestro y asesinato del informante de la DEA, quien de forma mandatoria enfrentaría cadena perpetua.
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ksh
