A finales de mayo de este pandémico año, Luis Raúl Albores Morales, director del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde principios de 2020, convocó a los ocho miembros de su equipo para una reunión imprevista: “Cuando llegamos, nos dijo que los dos subirectores, Rocío Ivonne Verdugo Murúa y José Antonio Matus Régules, así como Mauricio Ayala Torres y yo, estábamos cesados. El maestro Matus preguntó la razón y él contestó que era una orden que venía desde arriba. No nos dio explicación alguna”, me comenta Manuel López Castañeda, quien desde marzo de 2011 fungió como operador de Servicios en el Programa Especial de Sexualidad, cuyo objetivo principal consiste en atender demandas y quejas relacionadas alrededor de las problemáticas que implican vivir con VIH de las cuales, según López Castañeda, la gran mayoría tiene que ver con retraso o desabasto de tratamientos anirretrovirales. Dada la urgencia que arrastra una súbita interrupción de antirretrovirales, entre el personal del programa despedido había quien se encargaba de acelerar el proceso entablando comunicación directa con los responsables del Issste, IMSS o a quien correspondiera, resolviendo cada queja en un lapso de entre una hora o máximo al día siguiente. No paralizar la medicación antirretroviral es determinanre para mantener la carga viral indetectable y los linfoncitos CD4 a niveles óptimos que robustezcan el sistema inmunológico. El resto de las demandas del Programa Especial tienen que ver con capacitación en temas de discriminación a personas trans, gays o privadas de su libertad que no fueran heterosexuales; maltrato a niños en escuelas a niveles educativos y gubernamentales. Con el recorte de personal, las demandas y quejas se volvieron burocráticas, por lo tanto lentas (hasta dos meses según se lee en redes sociales) y riesgosas para los denunciantes.
Acaso presionada por la insistencia de organizaciones de la sociedad civil involucradas en las causas del VIH, que empezaron a manifestarse contra las afectaciones al programa especial con posturas en redes sociales y desplegados, es que la CNDH, en concordancia con la política de austeridad de la 4T, emitió un comunicado explicando que el área del programa especial “se encuentra en un proceso de renovación” a fin de remediar anomalías en los “procesos burocráticos agobiantes” o los “dispendios en eventos y publicaciones para el mero lucimiento y peor aún, en viáticos, y en especial en viajes nacionales y al extranjero” que pretenden conseguir con un equipo reducido a cuatro personas. Lo cierto es que dicho programa especial es de los menos onerosos y aun así, no ejercían el total del presupuesto original anual, como puede constatarse en el Avance Físico-Financiero por programa preupuestario al tercer trimestre de 2019 de la CNDH.
“Dos cosas me enojan: primero, que se hizo en un momento en que nadie puede buscar trabajo, sin previo aviso, ni liquidación, ni nada. En mi caso, a unas cuantas semanas de jubilarme. Segundo, pareciera que en el fondo quieren desmantelar el programa”, dice Manuel López Castañenda, quien tiene 67 años y antirretrovirales suficientes de aquí a mes y medio: “Voy a perder el Issste. Si bien los ARVs me los puede dar la Clínica Condesa, la artritis, la gastritis, la ciática, ¿quién me las va a atender? ¿Quién me va a dar trabajo? Pensaba meterme de chofer de alguna app de transporte, pero ya vi que no aceptan personas de mi edad”.
La situación del programa especial se contrae en medio de la inevitabilidad de los sesgos politizados con el que se desplaza el activismo Lgbttti en México, donde todos los frentes se acusan mutuamente de tener intereses escondidos bajo la causa, y suposiciones sueltas que sugieren transformar la CNDH en una procuraduría de los pobres, cuya denominación induce a la aventuradamente pantanosa percepción de que los derechos humanos solo pueden leerse en una sola dirección, disolviendo cualquier variable de diversidad. ¿Cómo medirían la intersección entre pobreza y VIH a ojos de la supuesta procuraduría?
Lo cierto es que en su renovación, personas como Manuel López Castañeda, sobreviviente del periodo más crudo del VIH, de un día para otro se ve obligado a hacer frente al desempleo y la pobreza, siendo un adulto mayor. Por eso resulta desesperante escuchar al presidente López Obrador leer el punto número 9 de su Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad, donde sugiere: “Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Reforcemos nuestros valores culturales, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la organización social comunitaria y sigamos cuidando a nuestros adultos mayores…”, cuando tan solo 10 días antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejecutaba preocupantes movimientos de renovación que sin filtros de ideología polarizada, fueron distraídamente sexistas y discriminatorias con los adultos mayores. Y adultos mayores con VIH.
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