No es secreto de nadie que en México la gente con dinero logra modificar leyes y regulaciones a modo para beneficiarse. La pregunta es cómo lo logran. Esta es la cuarta de 5 notas donde hago propuestas concretas para separar el poder político del económico.
Hoy hablaremos de la corrupción en el poder Judicial.
El problema es de todos conocido, pero por nadie resuelto: el poder Judicial no ha logrado crear un mecanismo para efectivamente sancionar a los jueces, magistrados y ministros que incurren en actos de corrupción. Ello ha convertido a las decisiones del poder Judicial en una subasta, decisiones vendibles al mejor postor.
Así, mientras las cárceles se encuentran llenas de personas inocentes, los potentados logran eludir el pago de impuestos con amparos fiscales, hacerse de empresas mediante interpretaciones mercantiles a modo, o incluso violentar psicológicamente a sus parejas mediante decisiones judiciales que les quiten la custodia de sus hijos.
Ante el crimen regresivo y cruel de que en México la justicia se vende, la clase política nos ofrece dos soluciones igualmente ridículas.
Por un lado, los autonombrados protectores de las instituciones que, sin darse cuenta, por su profunda ineptitud política, se han dejado convertir en los defensores del statu quo. Una minoría política que, en vez de proponer una solución al problema, ha decidido defender a ultranza a un poder Judicial corrupto, demandar que no se le toque, y navegar bajo la cobarde y falsa premisa de que cualquier reforma nos dejaría peor que ahora.
Por otro lado, la reforma que ahora se cocina en la Secretaría de Gobernación bajo el mando directo de López Obrador. Reforma que se levanta sobre los hombros de la falsa premisa de que la elección popular de jueces, magistrados y ministros reducirá la corrupción del poder Judicial.
Al respecto aclaro que a mí no me asusta la elección de estas posiciones. No considero que la elección por voto popular signifique la llegada de juzgadores incompetentes porque se podrán imponer condiciones técnicas a los candidatos. Ni tampoco considero que la reforma significa que Morena vaya a controlar al poder Judicial.
Lo que considero que sucederá es más grave. Es que el poder Judicial quedará capturado por el poder económico, por quien financie o cabildee las campañas políticas de los candidatos. La elección en vez de alejar al poder económico del poder Judicial, lo acercará con singular fuerza (véase entrega 1 y 2 de esta serie). Y en el fuero común podría ser aún peor (véase entrega 3 de esta serie).
Basta abrir los ojos para ver los hechos. Los peores casos de corrupción de México han provenido de personajes electos por voto popular. Ahí está Javier Duarte, Peña Nieto, Tomás Yarrington, Humberto Moreira, Arturo Montiel, etc. Todos fueron electos en elecciones democráticas. La corrupción no se resuelve por el método de selección de un juez, sino por el método con el que el juez es monitoreado, sancionado e incentivado.
Para erradicar la corrupción del poder Judicial se debe revolucionar al poder Judicial de formas que ninguna facción política se atreve a proponer. Hay que erradicar el coto de poder que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), crear mecanismos colegiados para decisiones importantes (i.e. promociones, adscripciones, etc.) y verificar la probidad de sus integrantes.
Las mejores mentes de este país deben avocarse a pensar en cómo romper los contubernios que existen entre abogados y jueces. Hay que transparentar y monitorear el contenido de cualquier reunión que un juzgador tenga con alguna parte (i.e. “audiencias de oído”) y fiscalizar a los despachos de abogados que todos sabemos que son corruptos.
Los regalos en especie son un tema. Se debe fiscalizar cualquier regalo en especie que reciban los juzgadores. Desde los medios se deben crear áreas de periodismo judicial que investiguen a juzgadores como se investiga a políticos o personas de interés público (i.e. a qué clubes sociales van, con quién comen y en casa de quién toman vacaciones).
Hay que crear un task force que revise con el marco legal para encontrar las áreas que más se prestan a interpretaciones a modo. Así, se debe reformar el derecho mercantil, civil y fiscal para que sean menos sujetos de interpretación, reformar la ley de amparo que se ha convertido en el más grande festín del poder económico y crear sanciones ejemplares para abogados privados que incurran en actos de tráfico de influencias (i.e. dejar de creer el cuento de hadas de que los códigos de conducta de los colegios de abogados son suficientes).
El notariado debe, en la medida de lo posible, desaparecer. De forma inmediata, el notariado debe dejar de regularse a sí mismo por medio de sus colegios. Gradualmente, la labor del notario deberá ser substituida por tecnología o corredores.
Hay un aspecto muy de fondo: atrevernos a cuestionar la idea de que todos los juzgadores tienen libertad de interpretación de la ley. De la misma forma en la que en las universidades hay libertad de cátedra, pero no libertad para enseñar cosas falsas o fraudulentas, en la abogacía debe derrocarse la idea de que la interpretación de la ley es sacra. Hay interpretaciones que todos saben que tienen dueño y que son notablemente absurdas. Ante un criterio jurisdiccional absurdo, no basta con que otra instancia corrija, se debe abrir un procedimiento de monitoreo y fiscalización para el juzgador y el abogado privado que llevó el caso.
No todo el poder Judicial es corrupto. Me atrevería a decir que la mayoría de los juzgadores son probos. Sin embargo, para las pocas manzanas podridas urge una reforma de fondo.
