La defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apeló formalmente el juicio y la sentencia que se le impuso de 38 años de prisión, bajo el argumento de que su derecho a un debido proceso fue violado, entre otras cosas, por haberse utilizado declaraciones presuntamente falsas de testigos en su contra, y por el ocultamiento de pruebas que lo beneficiaban.
En un documento de 78 páginas acompañado de 22 apéndices con casi cuatro mil 600 hojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib desglosan en cinco grandes ejes las razones por las cuales consideran que el juicio en contra de su cliente ha quedado “irremediablemente contaminado” y, por lo tanto, debe ser cancelado o al menos reiniciado.
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Como MILENIO había adelantado hace unos días, la defensa presentó formalmente los argumentos de la apelación este 18 de diciembre, fecha en que vencía la última prorroga que se había concedido al exfuncionario, luego de varios obstáculos que los abogados enfrentaron para poder presentar la apelación, entre otras cosas, por un constante cambio de penales e incomunicación a la que estuvo sometido el exfuncionario.
Lo que sigue ahora es que los fiscales revisen los argumentos desglosados por los abogados y contesten cada uno de ellos en otro escrito que también será enviado a la Corte. Posteriormente la defensa tendrá una última oportunidad para replicar y, a partir de la información recibida, la corte de Apelaciones tomará una determinación.
En febrero de 2024 un jurado declaró culpable a Genaro García Luna de cinco cargos de narcotráfico tras un juicio de poco más de un mes que se llevó a cabo en la corte federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Seis meses después el juez Brian Cogan le impuso al exfuncionario una pena de 38 años de prisión y el pago de una multa de dos millones de dólares.
Tanto el resultado del juicio, así como la condena impuesta por el juez, han sido objeto de la apelación presentada por el ex funcionario.
¿Cuáles son los argumentos con los que García Luna ganar esta fase definitiva de su proceso?
Testimonios falsos
La defensa sostiene que dos de los principales testigos presentados como prueba en el juicio cometieron perjurio al haber expuesto hechos falsos bajo juramento en las audiencias, y, por lo tanto, su testimonio tendría que haber sido desechado.
Uno de ellos es el del ex agente federal Francisco Cañedo Zavaleta que, en el juicio, relató un supuesto encuentro y secuestro de García Luna por sicarios del grupo delictivo de los Beltrán Leyva sobre la carretera México-Cuernavaca. Un secuestro que, supuestamente, era una represalia por problemas en la colaboración del exfuncionario con el Cartel de Sinaloa.
Lo que los abogados argumentan es que se obtuvo evidencia que no fue tomada en cuenta, y que prueba que el día en que ocurrió ese supuesto secuestro García Luna estaba en el Hospital Ángeles pagando la cuenta de un tratamiento de su esposa.
Agregan que Zavaleta también mintió sobre la corporación para la que trabajaba y que sus declaraciones en realidad tuvieron motivaciones políticas pues, el supuesto secuestro, no fue denunciado por él ante alguna autoridad, sino que en su lugar redactó la historia y la entregó a la entonces diputada de oposición Layda Sansores y a la revista Proceso.
El otro testigo que, según la apelación, habría mentido es Héctor Villarreal, ex secretario de finanzas de Coahuila, cuyo testimonio sirvió para documentar el posible tráfico de influencias y el pago de sobornos por corrupción política de García Luna.
Lo que los defensores sostienen es que ese testigo dio datos que cronológicamente son imposibles, como una supuesta visita al bunker de la Policía Federal cuando todavía no existía, o una exhibición que García Luna dio del software Pegasus cuando este en realidad nunca fue comprado por la SSP.
Como ese se citan varios ejemplos más que, de acuerdo con los abogados, desacreditan por completo este testimonio.
Ocultamiento de evidencia exculpatoria
Otro de los puntos centrales de la apelación es que los fiscales estadunidenses, indebidamente, ocultaron documentos y evidencias que eran favorables para García Luna y que en suma eran exculpatorias de varias de las afirmaciones que se hicieron en su contra o que generaban dudas de su trayectoria.
Por ejemplo, los abogados encontraron documentos que muestran que agencias estadunidenses practicaron, en su momento, revisiones de antecedentes de García Luna. Incluso el exfuncionario fue sometido a posibles pruebas de polígrafo, y hubo múltiples reuniones entre el ex secretario con altos mandos de la CIA y la DEA sin que eso genera problemas de seguridad.
Los abogados sostienen que toda esa evidencia documental prueba que Estados Unidos no tenía alerta del perfil del ex funcionario. Sin embargo, aunque los documentos existen no fueron transparentados por los fiscales.
Castro y Gotlib también denunciaron que la fiscalía ocultó evidencia de que al menos uno de sus testigos colaboradores continuó delinquiendo mientras negociaba con Estados Unidos, información que tendrían que haber conocido los integrantes del jurado en el desarrollo del juicio.
Contra-interrogatorio censurado
Otra violación grave, de acuerdo con la apelación, es que el juez Cogan no permitió el contrainterrogatorio a dos testigos cooperantes de la fiscalía, Sergio Villarreal‑Barragán y Harold Poveda‑Ortega, sobre conductas de violencia engañosa y de índole sexual al considerar que eran hechos de otra naturaleza que no tenían que ver con el caso.
Los abogados defensores argumentan que en un caso que depende casi por completo de cooperantes sin corroboración objetiva, negar a la defensa la posibilidad de exponer al jurado el verdadero perfil moral y de credibilidad de esos testigos viola el derecho a confrontación y a un juicio justo.
Mini juicio patrimonial ilegal
La defensa también cuestiona que el juez permitiera a los fiscales introducir múltiples fotografías de una casa blanca, un acuario y otros bienes supuestamente asociados a García Luna, sin ninguna prueba de que fueran producto de los delitos imputados.
Los defensores relatan, y las constancias de la audiencia lo corroboran, que se exhibieron numerosas fotografías de propiedades y bienes que el juez Cogan terminó deteniendo cuando ya era tarde. En la charla privada con los fiscales y abogados Cogan reconoció que se había generado un “mini juicio” sobre los bienes del exfuncionario, y que no tenía relación con el caso que se estaba jugando.
Se añade que esto violó los principios de la Regla 403 de evidencia federal, que establece que la prueba de riqueza no vinculada al delito carece de valor probatorio y es altamente prejuiciosa, invitando al jurado a inferir culpabilidad por ostentación económica.
Sentencia y multa irracional
La apelación también cuestiona que, más allá del juicio y veredicto, la sentencia de 28 años de prisión impuesta por el juez y el pago de dos millones de dólares de multa son desproporcionados.
Indican que dicha condena se basó en elementos como el intento de soborno a otros internos de la cárcel de Brooklyn que habría intentado García Luna, pero que según su defensa no fueron probados, y que el hecho de que ellos no lo hubieran negado no equivale a que se aceptara que eso sucedió.
También reclaman que se impusiera una multa elevada pese a que los estados financieros del exfuncionario mostraban que no tenía ese recurso y que, incluso, por ello se le había asignado abogados de oficio.
La defensa compara la pena con la de otros exmandatarios o funcionarios de alto nivel condenados por delitos de narcotráfico, señalando que varios recibieron entre 16 y 24 años, por lo que insisten que la sanción impuesta al exfuncionario mexicano es desproporcionada.
rdr
