Los usuarios del transporte público y quienes lo operan conviven en una especie de “simbiosis forzada” que sostiene la movilidad en Tampico, Madero y Altamira. Por un lado, la urgencia de llegar al trabajo, la escuela o a cualquier actividad cotidiana; por el otro, la necesidad de los choferes de ganarse la vida como puedan.
Pero entre ambos se abre un abismo que nadie parece dispuesto a cerrar.
Porque esa convivencia diaria se da sobre un tablero desigual:
Rutas insuficientes, unidades en evidente decadencia, conductores sin capacitación y una autoridad que supervisa… cuando quiere, si quiere y sólo para la foto.
A esto se suma el eterno cuento del incremento a la tarifa.
La famosa autorización de un peso, que algunos celebraron como si fuera una reforma estructural y otros calificaron como lo que es: una broma de mal gusto.
Pero el alza, curiosamente, no aparece en el Periódico Oficial. Se anuncia, se rumora, se comenta… pero no existe legalmente. Un aumento fantasma que algunos ya aplican.
Y el contraste es brutal: Mientras las refacciones y la gasolina suben sin misericordia, las unidades siguen circulando destartaladas, parchadas, maquilladas para sobrevivir un día más, como si fueran reliquias de una guerra imaginaria.
¿Cómo pedir que cobren más si ofrecen menos?.
¿Cómo exigirles mejorar si tampoco hay una política pública que los obligue a hacerlo?.
En la práctica, el transporte del sur funciona como un ciclo de nunca acabar: la autoridad no regula, el concesionario no invierte, el chofer sobrevive, el usuario aguanta y todos fingen que algo se mueve, cuando en realidad lo único que avanza es la resignación colectiva.
Dos preguntas inevitables: ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que la movilidad de una región completa dependa de una maquinaria improvisada, cansada y rota?.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que la necesidad sea el argumento que excuse la decadencia?.
La nueva Ley de Movilidad, impulsada por el actual gobierno estatal de Morena, presume un transporte digno y seguro, pero en la zona sur no pasa de ser tinta sobre papel.
Mientras la norma promete calidad, supervisión y renovación, las calles muestran chatarra rodante, choferes sin control y tarifas opacas. Una ley viva en teoría… y muerta en la realidad.
