Justicia pronta y expedita es lo que nuestra Constitución nos asegura en el Artículo 17 y que por décadas nuestros políticos han repetido en sus discursos. Pronta, en un tiempo breve, y expedita, sin obstáculos, ni dilaciones injustificadas. Eso es el anhelo de todo mexicano, extranjero o empresas, cuando se enfrentan al doloroso proceso judicial. Doloroso, porque quien ha vivido esta experiencia sabe que es tortuoso, costoso y largo. Lejos estamos del deseo que nos promete el nuevo Gobierno con la reforma judicial y los nuevos ministros, magistrados y jueces que entraron en funciones el 1 de septiembre.
Se dice que el sistema priorizó a las élites y a los intereses de unos cuantos, principalmente los poderosos. “Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia”, dijo Claudia Sheinbaum sobre la toma de protesta de los nuevos ministros, quienes llegaron cargados de mensajes simbólicos, principalmente indígenas y populistas. No podemos negar que nuestro sistema tenía muchas deficiencias como venía operando, pero estos cambios en cuanto a los procesos y liderazgos no aseguran lo deseado: justicia pronta y expedita.
Lo que más preocupa por su impacto en la economía, que no está suficientemente dimensionado, la protección de los derechos humanos y desarrollo del país hacia uno más democrático y en el que impere el estado de derecho, es si el Poder Judicial será realmente independiente o sumiso al oficialismo. El venir de una votación ciudadana mínima del 13 por ciento, y con un triunfo en su mayoría de los candidatos del oficialismo, preocupa su objetividad e imparcialidad. Y si a esto le sumamos la falta de experiencia o carrera judicial profesional de muchos de ellos, realmente lo que se prevé es nada alentador.
Reconociendo los riesgos, estamos frente a un desafío inédito: fortalecer el sistema y volverlo eficiente y profesional, o retroceder aún más de cómo estaba, si dejamos que el poder político influya en su operación. Hay un camino largo para lograr la confianza ciudadana en nuestra impartición de justicia, pero sobre en alcanzar lo prometido: una justicia pronta y expedita para todos.
