En América Latina comienza a repetirse una escena demasiado parecida para seguir llamándola coincidencia. Un gobierno gira a la derecha, recompone su relación con Washington y, casi de inmediato, aparece otro gesto en el paquete: acercarse a Israel. No se trata simplemente de mantener relaciones diplomáticas —algo perfectamente normal entre Estados—, sino de convertir el respaldo político a Israel en una especie de certificado de pertenencia al bloque occidental.
Colombia acaba de ofrecer el ejemplo más contundente. Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024. Con la llegada del conservador Abelardo de la Espriella, el viraje ha sido extraordinariamente rápido: restablecimiento de relaciones, eliminación recíproca de visas, anuncio del traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y una cooperación política y de seguridad mucho más estrecha. El nuevo gobierno incluso reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, convirtiendo a Colombia en el segundo país, después de Estados Unidos, en adoptar una posición que rompe con el consenso internacional sobre ese territorio sirio ocupado.
El cambio resulta todavía más revelador porque ocurre simultáneamente con una aproximación acelerada a Washington. Esta semana Estados Unidos anunció una profundización de la cooperación de seguridad con el nuevo gobierno colombiano y planteó incluso operaciones conjuntas contra organizaciones armadas, acompañado de un paquete de alrededor de mil millones de dólares en asistencia de seguridad. Israel no aparece entonces como un expediente aislado de política exterior, sino como parte de una reubicación geopolítica mucho más amplia.
Venezuela ofrece ahora otra versión del mismo fenómeno. Caracas rompió relaciones con Israel en 2009, durante Hugo Chávez. Diecisiete años después, Venezuela e Israel acaban de acordar un mecanismo para restablecer servicios consulares. Todavía no equivale al restablecimiento completo de relaciones diplomáticas, pero el contexto importa: el acercamiento ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y en medio de una reorientación venezolana hacia Washington y un alejamiento de su antigua asociación con Irán.
La secuencia se vuelve difícil de ignorar. Javier Milei ha hecho de su cercanía con Washington e Israel uno de los elementos más visibles de la política exterior argentina y ha defendido el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Paraguay, bajo el conservador Santiago Peña, reabrió formalmente su embajada en Jerusalén en diciembre de 2024; había sido trasladada allí por Horacio Cartes en 2018, devuelta posteriormente a Tel Aviv y nuevamente llevada a Jerusalén con el regreso de un gobierno políticamente cercano a Israel.
¿Son decisiones soberanas? Por supuesto. ¿Son todas idénticas? No. Pero cuando derecha, alineamiento con Estados Unidos y acercamiento político a Israel empiezan a aparecer reiteradamente juntos, hablar únicamente de coincidencias resulta insuficiente.
Y ahí comienza la hipocresía.
Lo ocurrido en Gaza es un genocidio, y reconocerlo no debería transformarse en una prueba ideológica de pertenencia a la izquierda. Sudáfrica llevó precisamente la acusación de violaciones de la Convención sobre Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Colombia, México, España, Türkiye, Chile y otros Estados posteriormente intervinieron en ese procedimiento. La CIJ aún no ha dictado sentencia definitiva sobre el fondo, pero ha establecido medidas provisionales sucesivas dentro del proceso.
A ello se suma otro hecho jurídico imposible de reducir a propaganda partidista. La Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, emitida el 21 de noviembre de 2024. No es una orden por genocidio —conviene no confundir los dos tribunales ni los dos procedimientos—, sino por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La CPI señaló que existen motivos razonables para atribuirle responsabilidad, entre otros cargos, por el crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra y por crímenes de lesa humanidad como asesinato y persecución.
Ser conservador no debería exigir negar Gaza. Ser aliado de Estados Unidos tampoco debería obligar a abandonar el derecho internacional. Y defender la seguridad israelí no exige convertir cada acción de su gobierno en moralmente intocable.
Pero ese parece ser precisamente el nuevo examen de pureza de cierta derecha latinoamericana: Washington como aliado, Israel como credencial y Palestina como silencio incómodo.
Cuando las convicciones sobre derechos humanos cambian al mismo tiempo que cambia el gobierno, quizá nunca fueron convicciones. Eran alineamientos. Y cuando reconocer un genocidio depende de quién sea nuestro aliado, el problema ya no es únicamente la política exterior.
Es la doble moral.
TALYA ISCAN
