La intervención de Estados Unidos contra gobiernos que considera “indeseables” no es una anomalía reciente ni una respuesta excepcional a contextos extremos. Es una práctica histórica sistemática que, en la mayoría de los casos, ha operado al margen del derecho internacional y con resultados profundamente contradictorios a los valores que dice defender. El caso venezolano se inscribe en esta tradición: una acción unilateral, sin mandato multilateral, que viola principios básicos de soberanía y no intervención, y que se justifica bajo una narrativa moral que rara vez resiste el contraste empírico.
Desde el punto de vista jurídico, el marco es inequívoco. La prohibición del uso de la fuerza es una norma central del derecho internacional contemporáneo. No es una recomendación política, sino una obligación legal. Intervenir militarmente en otro país para forzar un cambio de gobierno, capturar a sus autoridades o imponer un orden político externo constituye un acto de agresión, independientemente de la valoración que se tenga sobre ese gobierno. La legalidad no depende de simpatías ideológicas, sino de reglas compartidas.
Estados Unidos ha violado este principio en múltiples ocasiones, incluso en contextos donde el discurso democrático fue central. Vietnam es uno de los ejemplos más contundentes. Durante casi veinte años de intervención directa e indirecta, el conflicto dejó más de tres millones de vietnamitas muertos, devastó infraestructura civil y utilizó armamento químico cuyos efectos persisten hasta hoy. Lejos de “defender la libertad”, la guerra evidenció cómo la lógica de contención geopolítica se impuso sobre cualquier consideración democrática.
Otro caso revelador es Panamá en 1989. La invasión estadounidense, realizada sin autorización del Consejo de Seguridad, provocó cientos —posiblemente miles— de muertes civiles en zonas urbanas densamente pobladas. El argumento fue la captura de Manuel Noriega y la restauración del orden democrático. Sin embargo, el precedente fue claro: Estados Unidos se arrogó la facultad de intervenir militarmente en América Latina sin consecuencias legales, reforzando una relación asimétrica basada en la fuerza.
Kosovo, en 1999, suele presentarse como una “intervención humanitaria”. No obstante, la operación militar se llevó a cabo sin mandato explícito del Consejo de Seguridad, sentando un precedente peligroso: la idea de que la legalidad internacional puede ser sustituida por consensos políticos entre aliados. Aunque se invocó la protección de civiles, la intervención redefinió unilateralmente cuándo y cómo es legítimo usar la fuerza, debilitando el sistema multilateral que supuestamente se buscaba proteger.
Incluso intervenciones menos visibles, como Granada en 1983, siguen el mismo patrón. Una pequeña isla caribeña fue invadida bajo el argumento de proteger ciudadanos estadounidenses y restaurar el orden. La desproporción militar, la ausencia de autorización internacional y la rapidez con la que se impuso un nuevo gobierno ilustran cómo la noción de soberanía se vuelve flexible cuando se trata de intereses estratégicos.
Estos casos comparten un denominador común: ninguno produjo democracias estables y soberanas en el largo plazo. Vietnam terminó con una retirada humillante; Panamá quedó marcado por la intervención; Kosovo sigue siendo un territorio con reconocimiento limitado y tensiones latentes; Granada se convirtió en un ejemplo de disciplinamiento regional. La democracia, entendida como autodeterminación, instituciones legítimas y estabilidad social, nunca fue el resultado central.
Aquí es donde el mito de Estados Unidos como exportador de democracia se derrumba. La democracia no se impone con bombardeos, ni con ocupaciones militares, ni con sanciones asfixiantes. Cuando el cambio político depende de una potencia externa, lo que se genera no es legitimidad, sino dependencia. No se construyen instituciones sólidas, sino gobiernos frágiles sostenidos por apoyo externo. La historia demuestra que la intervención debilita al Estado, polariza a la sociedad y normaliza la violencia como herramienta política.
¿Qué podemos esperar si esta lógica continúa? Un mundo más inestable, donde el uso unilateral de la fuerza se normaliza y donde otras potencias replican el mismo comportamiento en sus regiones. Si Estados Unidos puede intervenir sin consecuencias, otros actores asumirán que las reglas también son opcionales. El resultado no es más seguridad, sino una multiplicación de conflictos, una carrera por la fuerza y el colapso del derecho como marco regulador.
Para América Latina, el mensaje es especialmente alarmante. La región vuelve a aparecer como espacio de intervención “legítima” desde Washington, reeditando lógicas del siglo XX bajo nuevos discursos. La ilegalidad se presenta como pragmatismo, y la soberanía como obstáculo.
Defender que la intervención contra gobiernos como el de Venezuela es ilegal no implica defender a esos gobiernos. Implica defender una regla básica: sin derecho internacional, no hay protección posible para los Estados más débiles. Cuando la democracia se convierte en pretexto y no en principio, deja de ser un valor universal y se transforma en una herramienta de poder.
La experiencia histórica es clara. Estados Unidos no ha llevado democracia donde ha intervenido militarmente; ha llevado guerra, fragmentación y dependencia. Insistir en lo contrario no es ingenuidad: es negación deliberada de los hechos. Y en un sistema internacional cada vez más frágil, esa negación puede tener costos irreversibles.
