Hay palabras que, en política internacional, no describen solamente una realidad: también la fabrican. Cuando un Estado poderoso coloca una etiqueta de amenaza sobre otro país, no solo emite una acusación; activa un régimen de castigo, aislamiento financiero, sospecha diplomática y miedo empresarial. En el caso de Cuba, esa lógica revela una de las contradicciones más profundas de la política hemisférica: un país que ha sido sede y garante de procesos de paz termina tratado como si su papel diplomático fuera una amenaza.
En entrevista con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, este punto apareció como uno de los más emblemáticos. El diplomático no lo planteó como una diferencia administrativa entre Washington y La Habana, sino como una paradoja moral y política. “¿Cómo se puede entender que personas con juicio puedan considerar que Cuba apoya el terrorismo?”, preguntó. Y enseguida recordó que Cuba fue sede y garante del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC, un proceso que desembocó en el acuerdo de 2016 y por el cual el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz.
La contradicción es difícil de ignorar. Cuba no fue un actor marginal en ese proceso. La Habana ofreció territorio, interlocución y garantías para una negociación que buscaba cerrar más de medio siglo de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en la narrativa estadounidense, ese mismo papel puede ser reinterpretado como cercanía con grupos armados. El problema es que, si facilitar un proceso de paz se convierte en argumento para castigar a un país, entonces la diplomacia pierde sentido y la mediación internacional queda atrapada en la lógica de la criminalización.
Martínez Enríquez lo expresó con claridad al referirse también al Ejército de Liberación Nacional. Según el embajador, Cuba fue sede del último proceso de paz entre el ELN y el gobierno colombiano, donde se firmaron acuerdos vinculados al cese al fuego. Además, subrayó que representantes de esa delegación de paz estuvieron reunidos con actores internacionales, incluyendo representantes de Naciones Unidas, Noruega, Brasil, Chile, México, Cuba y otros países europeos. “Sin embargo”, señaló, “el único de todos esos países mencionados que está en la lista, y por el motivo supuesto de apoyar a esta delegación de paz de un grupo armado colombiano, es Cuba”.
Esa frase debería ocupar el centro del debate. Si varios países acompañan un proceso de negociación, pero solo uno es penalizado, entonces no estamos ante una evaluación jurídica neutral. Estamos ante una decisión política. El mensaje parece ser que la legitimidad de una mediación no depende de su contribución a la paz, sino de la relación que ese mediador tenga con Washington.
El embajador fue todavía más directo al recordar la rapidez con la que Cuba volvió a esa clasificación: “¿Cómo es posible que en cinco días Cuba se convirtió en un país terrorista sin que haya pasado nada que así lo acredite?”. La pregunta no es menor. Para Martínez Enríquez, ese movimiento revela la ausencia de nuevas evidencias y el predominio de una
lógica de castigo político. En su lectura, Cuba no cambió en cinco días; lo que cambió fue la voluntad política de Washington.
Lo grave es que esa designación no es simbólica. Tiene consecuencias concretas. Según el embajador, “la lista se convierte como en un calificador para todo lo negativo que tenga que ver con finanzas, ayudas al exterior, etcétera”. Esa frase explica por qué una acusación de este tipo afecta mucho más que la reputación de un gobierno. Bancos, aseguradoras, empresas turísticas, compañías comerciales y plataformas financieras suelen alejarse de cualquier operación que pueda ser interpretada como riesgosa. No necesariamente porque exista una prohibición directa en cada caso, sino porque el miedo a una sanción estadounidense termina funcionando como sanción anticipada.
Martínez Enríquez ofreció un dato revelador: “más de 50 bancos cortaron las relaciones con Cuba, temerosos de sanciones que les pudieran aplicar porque tuvieran una transacción mínima con Cuba”. Desde esa perspectiva, la lista opera como un multiplicador del bloqueo. No hace falta prohibir cada transacción; basta con colocar a Cuba bajo una categoría que active temor global. El resultado es una economía obligada a moverse en condiciones excepcionales, con mayores costos, menos intermediarios y menos margen de maniobra.
También hay un impacto silencioso sobre el turismo y los vínculos humanos. El embajador recordó que ciudadanos de países como los de la Unión Europea, Chile o Corea del Sur, que normalmente podrían viajar a Estados Unidos bajo autorización electrónica, pueden perder ese privilegio si han viajado a Cuba. En sus palabras, muchas personas perdieron ese derecho “solo porque viajaron a Cuba a ver un amigo, a bañarse en una playa o a una reunión”. Aquí el castigo deja de recaer únicamente sobre el Estado cubano y se extiende a terceros: turistas, académicos, empresarios, familias y visitantes.
Por eso la discusión sobre Cuba no puede separarse del debate sobre soberanía. No se trata solamente de si Cuba aparece o no en un documento del Departamento de Estado. Se trata de cómo una categoría jurídica se usa para producir aislamiento, condicionar relaciones internacionales y convertir la paz en sospecha. Cuando un país que facilitó negociaciones entre actores armados es castigado como si esa mediación fuera complicidad, se envía un mensaje peligroso al mundo: mediar puede ser penalizado si no se cuenta con la aprobación de la potencia dominante.
Mi impresión después de escuchar al embajador es que Cuba no solo denuncia una injusticia bilateral. Denuncia un mecanismo más amplio de fabricación de legitimidad internacional. Las categorías de seguridad deberían ser herramientas serias para enfrentar amenazas reales, no instrumentos flexibles para castigar adversarios políticos. Si se usan de manera selectiva, pierden credibilidad y se convierten en propaganda jurídica.
Cuba puede ser criticada, discutida y analizada desde muchas perspectivas. Pero castigarla mientras se ignora su papel en procesos de paz como los de Colombia es, como mínimo, una contradicción monumental. Y en política internacional, las contradicciones no son inocentes: suelen revelar dónde termina el derecho y dónde empieza el poder.
