Reducir la tragedia cubana a la frase fácil de que “el comunismo no funciona” no solo es intelectualmente perezoso: también borra la arquitectura real del castigo. Cuba llega a 2026 con apagones masivos, escasez de combustible, contracción económica, dificultades crecientes para importar alimentos y medicinas, y una nueva ola de migración. Pero ese deterioro no ocurre en el vacío: ocurre dentro de un sistema global interdependiente en el que Estados Unidos ha mantenido durante décadas un andamiaje legal y financiero diseñado precisamente para aislar, encarecer y asfixiar la inserción internacional de la isla.
El dato central no es ideológico, sino estructural. El programa de sanciones de Estados Unidos contra Cuba no es una metáfora ni una consigna: la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo describe como un régimen basado en varias autoridades legales, entre ellas la Trading With the Enemy Act, la Cuban Democracy Act de 1992 y la Helms-Burton Act de 1996. La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales recordó, además, que desde 1962 el esquema fue ampliado con la “regla de minimis del 10%”, que prohíbe exportar a Cuba bienes con 10% o más de componentes, patentes o tecnología de EE. UU., y que Helms-Burton extendió el alcance extraterritorial de esas medidas sobre terceros países y empresas.
Ese punto importa porque Cuba no es una economía autosuficiente ni podría serlo sin costos sociales brutales. El Programa Mundial de Alimentos señala que en 2024 la economía cubana se contrajo 1.1% y que la canasta básica mensual del país es “casi enteramente importada”; además, subraya que la falta de divisas ha reducido de forma significativa la disponibilidad de alimentos domésticos e importados. En otras palabras: cuando se castiga a un país dependiente de importaciones, financiamiento externo, repuestos, combustible, seguros y pagos internacionales, no se le “deja que pruebe su modelo”; se le empuja hacia una caída administrada desde fuera.
Por eso la idea de que el problema cubano demuestra, sin más, el fracaso intrínseco del socialismo es insuficiente. Lo que Cuba muestra, más bien, es que dejar a cualquier sociedad relativamente pequeña, importadora y financieramente vulnerable sola dentro de una economía global profundamente interdependiente la expone al colapso. Las sanciones no operan solo prohibiendo comercio directo: operan elevando costos, desalentando bancos, impidiendo créditos, bloqueando transferencias, frenando proveedores, metiendo miedo a navieras y empujando a terceros a la sobrerreacción. La relatora de la ONU fue explícita al afirmar que la aplicación extraterritorial y el “over-compliance” de bancos y empresas agravan la crisis humanitaria y afectan desde la salud hasta el acceso a infraestructura crítica.
Las cifras más duras aparecen justamente ahí. En sus hallazgos preliminares de noviembre de 2025, la relatora reportó que el acceso a la salud estaba “severamente afectado” y que ello había derivado en la “inaccesibilidad generalizada” del 69% de los medicamentos para la población cubana, incluyendo medicinas oncológicas, cardiológicas, pruebas para dengue y otros insumos, además de dificultades para equipos, reactivos, consumibles y piezas de repuesto. También indicó que las restricciones y sus efectos sobre el sistema financiero dificultan remesas, pagos y compras esenciales, incluso cuando existen exenciones humanitarias nominales.
La dimensión energética termina de mostrar que esto no es una abstracción. Reuters informó el 4 de marzo de 2026 que Cuba sufrió un apagón amplio en gran parte del país y recordó que la isla ya había vivido grandes cortes en años recientes, agravados ahora por acciones estadounidenses para cortar envíos de petróleo, especialmente desde Venezuela. El propio PMA actualizó en febrero de 2026 que la suspensión del suministro de combustible venezolano estaba interrumpiendo servicios esenciales, incluyendo el abastecimiento alimentario. Cuando falta electricidad, no solo se apaga la luz: cae la cadena del frío, se encarece el transporte, se daña la distribución de agua, se frena la producción y se vuelve casi imposible la vida cotidiana.
Quienes defienden el embargo suelen responder con un argumento formal: que existen excepciones para alimentos y medicinas. Pero el problema de las sanciones contemporáneas no es solo lo que prohíben en el papel, sino lo que vuelven inviable en la práctica. La propia relatora sostuvo que esas exenciones “no son suficientes ni efectivas” para garantizar la entrega sin trabas de bienes críticos. Y aun así, el dato comercial revela una paradoja útil: Estados Unidos exportó a Cuba 585.2 millones de dólares en bienes en 2024, mientras importó apenas 4.9 millones. Esto no demuestra que el embargo no exista; demuestra que existe como una relación profundamente asimétrica, estrecha y condicionada, donde Cuba puede comprar algunas cosas, pero no insertarse normalmente en la economía mundial.
Por eso el mantra de “que el sistema se caiga por sí solo” es, en realidad, una ficción cómoda. Ningún país puede ser evaluado seriamente si durante más de seis décadas enfrenta restricciones de comercio, pagos, financiamiento, logística, seguros y acceso tecnológico, sumadas a penalizaciones para terceros. No se trata de defender acríticamente al gobierno cubano. Se trata de no naturalizar una política de castigo colectivo y luego presentar sus consecuencias como prueba neutral de una teoría económica. Hasta la Asamblea General de la ONU lo ha condenado de manera reiterada: en 2024 la resolución contra el embargo fue respaldada por 187 países, con solo Estados Unidos e Israel en contra y una abstención; en 2025 volvió a aprobarse por 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.
¿Cómo podría evitarse esta caída? Primero, desmontando la lógica de asfixia: levantar o al menos suspender de forma sustantiva las medidas que impiden el acceso fluido a combustible, financiamiento, remesas, repuestos, tecnología, plataformas de pago y bienes esenciales. La relatora pidió expresamente remover trabas a remesas, cesar el uso extraterritorial de sanciones, eliminar obstáculos a bienes críticos y suspender medidas coercitivas unilaterales contra Cuba.
La lección cubana no es que “el comunismo no funciona” y asunto resuelto. La lección más incómoda es otra: en un mundo interdependiente, aislar deliberadamente a una sociedad pequeña y vulnerable puede volver inviable casi cualquier proyecto nacional. Y luego, sobre esas ruinas, siempre habrá quien diga que el derrumbe fue espontáneo.
