Hace exactamente cuatro años, el mundo contuvo el aliento mientras las imágenes de tanques disparando contra la central nuclear más grande de Europa daban la vuelta al globo. Aquella noche del 4 de marzo de 2022, la invasión rusa contra Ucrania cruzó una frontera de peligro sin precedentes: la transformación de la infraestructura atómica en un arma de guerra.
Hoy la Central Nuclear de Zaporizhzhia (ZNPP) cumple 48 meses bajo ocupación ilegal. Lo que Rusia ha establecido ahí no es solo una administración de facto, sino un régimen de terrorismo nuclear que pone en riesgo no solo a Ucrania, sino a la seguridad de todo el continente europeo y la estabilidad global.
Lejos de respetar los protocolos internacionales de seguridad, las fuerzas de ocupación han convertido las instalaciones en una base militar estratégica. Los informes son alarmantes: se oculta equipo de combate en las salas de máquinas y se almacenan municiones peligrosamente cerca de las unidades de energía. Desde el recinto de la planta, el agresor lanza drones y dispara sistemas de cohetes (MLRS) contra ciudades civiles como Nikopol y Zaporizhzhia, sabiendo que Ucrania no puede responder al fuego para evitar un desastre. Rusia manipula las visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), retirando equipo militar justo antes de las inspecciones y forzando rutas preestablecidas para ocultar la realidad de la planta.
Detrás de los muros de la ZNPP hay una tragedia humana. El personal técnico, que antes de la guerra sumaba 11 mil profesionales, se ha reducido drásticamente a solo 4 mil. Muchos de estos ingenieros y operadores han sufrido presiones, persecuciones o detenciones ilegales por parte de las autoridades de ocupación.
A esto se suma la alarmante falta de capacitación del personal enviado por la empresa rusa Rosatom, quienes desconocen las especificidades técnicas de esta planta ucraniana, aumentando el riesgo de un error humano catastrófico.
La estabilidad operativa de la central pende de un hilo. Durante estos cuatro años, la planta ha sufrido 11 apagones totales, situaciones críticas donde la seguridad depende exclusivamente de generadores diésel. Actualmente, el nivel de agua en el estanque de enfriamiento es de apenas 13 metros, cuando el mínimo necesario para operar con seguridad es de 15 metros. Además, de las 10 líneas eléctricas originales, solo dos permanecen operativas, y su funcionamiento se ve interrumpido constantemente por los bombardeos rusos.
La Central Nuclear de Zaporizhzhia es propiedad de Ucrania y una pieza clave del sistema de seguridad nuclear global. No podemos permitir que el mundo se acostumbre a esta ocupación como si fuera una “nueva realidad”.
Como ha señalado nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, no puede haber “negocios como siempre” con un Estado que utiliza una planta nuclear para chantajear al planeta. Es imperativo aumentar la presión internacional y aplicar sanciones contundentes contra la industria atómica rusa.
La única garantía real de seguridad es la desocupación total, la desmilitarización y el retorno de la central al control soberano de Ucrania y de su empresa Energoatom. El chantaje nuclear nunca debe ser aceptado como una herramienta legítima de política internacional. La seguridad de millones de personas depende de que el derecho internacional prevalezca sobre la fuerza bruta.
