La solicitud de extradición del fiscal de Distrito Sur de Nueva York contra un grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, colocó al gobierno mexicano en una situación incómoda, por decir lo menos. Una de las muchas lecturas posibles muestra la ambigua relación de la 4T con el Estado de derecho y las consecuencias que de ello se derivan.
El Estado democrático de derecho es una construcción que atiende a una racionalidad simple: contener al poder y sujetar al más fuerte a las normas. Esa lógica opera ad intra, frente a los ciudadanos, y ad extra, en las relaciones entre Estados. Por eso existen tratados, reglas y procedimientos. La extradición, por ejemplo, es un dispositivo jurídico que protege la soberanía, garantiza el debido proceso y limita la discrecionalidad de los gobiernos.
La Presidenta reaccionó a la solicitud de extradición invocando, con razón, la presunción de inocencia, la exigencia de pruebas contundentes, el uso político de las acusaciones y el rechazo a la injerencia extranjera. El problema es que ese mismo gobierno ha eludido sistemáticamente las reglas cuando le ha resultado conveniente, o las ha modificado para asegurar que sus causas prevalezcan.
Los ejemplos abundan. La reforma judicial de 2024 desmanteló la independencia e imparcialidad de los jueces. La reforma a la Ley de Amparo acotó la suspensión y fortaleció la posición litigiosa del Estado frente a los particulares. El uso de los medios de control de la constitucionalidad es prácticamente imposible. La desaparición del INAI debilitó la transparencia. Las nuevas plataformas de identidad e inteligencia se crearon sin controles externos ni supervisión independiente. La entrega de 55 personas a Estados Unidos en 2025, bajo la figura del “traslado” —y no de la extradición—, eludió las garantías del tratado bilateral.
Por otro lado, desde hace décadas la procuración de justicia se encuentra en un estado lamentable. La carencia de capacidades institucionales, la falta de inversión, los cambios constantes de sus titulares y la falta de una política criminal sostenida nos mantiene como uno de los peores países del mundo en materia de justicia penal. Con instituciones tan erosionadas, ¿podemos alegar soberanía? ¿Podemos hacer investigaciones sólidas y juicios justos?
La moraleja es simple. Frente a Washington, exigir pruebas y respeto al debido proceso es legítimo y necesario. Pero la autoridad moral para hacerlo se construye con congruencia. Un gobierno que recurre al Estado de derecho cuando lo protege, y lo elude cuando le estorba, debilita el principio mismo que pretende defender. Las reglas valen porque se aplican siempre, no solo cuando convienen. Esa es, al final, la única forma de contener al poder, el propio y el ajeno.
