Ayer, un grupo de seis personas legisladoras de Morena presentó una iniciativa de reformas a diez artículos constitucionales para modificar los procesos de evaluación y selección de aspirantes a jueces, así como los tiempos de organización electoral. En muy apretada síntesis, se busca evitar la coincidencia de las elecciones judiciales con las elecciones políticas, modificar y homologar los criterios de evaluación de los aspirantes, reducir de tres a uno los Comités de Evaluación y acreditar la competencia técnica de los candidatos mediante una certificación previa de la Escuela Nacional de Formación Judicial, entre otras medidas.
Con independencia de lo anterior, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 (bit.ly/42oOQKE). Veintiún investigadoras e investigadores y más de treinta colaboradores, coordinados por Diego Valadés y un servidor, nos dimos a la tarea de documentar, de la manera más objetiva y rigurosa posible, las causas, el contenido y los primeros resultados de la reforma judicial. Con una autoría colectiva, el objetivo es dejar una memoria institucional de un episodio que marcará la historia de México, y que como demuestran los hechos, aún no concluye.
El informe —cerca de 400 páginas y más de 600 notas a pie— organiza en siete capítulos los diagnósticos persistentes de debilidad del sistema de justicia, el proceso de aprobación legislativa, los debates alrededor de la reforma, las acciones de resistencia, las elecciones judiciales, las reformas en las entidades federativas y los saldos del cambio.
La iniciativa de Morena corrige algunos de los errores más evidentes del modelo de elección de jueces. Al lector atento, no le pasará por alto que todos ellos están señalados en el informe. Pero subsiste el problema central, que es la idea misma de elegir por voto popular a todas las personas que imparten justicia. Muchas cuestiones quedan abiertas. Sólo como ejemplos, ¿cómo lograr una mayor participación ciudadana? ¿Cómo asegurar que la ciudadanía pueda conocer a las y los candidatos para realizar un voto informado? ¿Cómo evitar las anomalías, en particular el uso de acordeones, y su impacto directo en los resultados?
El informe no pretende clausurar el debate, sino ofrecer una base documental para valorar propósitos y resultados. La reforma ya está en marcha y sus consecuencias empiezan a visibilizarse, sobre todo en la justicia local. Quizá por ello la urgencia de esta iniciativa que busca enmendar algunos de sus males más conspicuos, a menos de dos años de haber sido realizada. Celebro que se haya presentado y ojalá se apruebe. Espero también que el informe sirva para entender mejor el mal diseño de la reforma como condición para debatir, con el tiempo, la necesidad de modificarlo sustantivamente. Esa es la apuesta.
