¿Se imagina usted una cirugía cerebral para corregir un problema neurodegenerativo con el paciente despierto?¿Es posible? Sí. ¿Tiene riesgos? Muchos. Si tiene éxito, cambia radicalmente la prospectiva del paciente. Sin duda. Está imagen sirve para explicar la tarea que se ha impuesto la fiscal de la CdMx, Bertha Alcalde. Pieza por pieza, reconfigura la lógica, el sentido y la cultura de la institución para poder perseguir eficazmente a la delincuencia y ofrecer una atención adecuada y con base en derechos a las víctimas.
El punto de partida fue un diagnóstico crudo: fragmentación institucional, cargas de trabajo desiguales, rezago acumulado, una respuesta ministerial irregular en calidad y tiempos, corrupción y una percepción pública muy desfavorable. A ello se suma un problema más profundo: la operación cotidiana está dominada por inercias, caso por caso, sin una comprensión sistemática de los patrones delictivos.
El Plan de Política Criminal 2026 y su Programa de Persecución Penal —que define con criterios diferenciados 23 fenómenos delictivos relevantes en la CdMx— introducen un cambio de enfoque: pasar de una procuración de justicia reactiva a una estrategia basada en análisis criminal, priorización y gestión de resultados. En términos simples, se intenta racionalizar, con base en las mejores prácticas, la actuación de la Fiscalía.
Las líneas de acción son consistentes con ese giro. Destaca la creación de un modelo de gestión de casos que clasifica, prioriza y asigna recursos según la viabilidad y el impacto de cada asunto; la incorporación de unidades especializadas de análisis criminal —por ejemplo, en homicidios— para identificar patrones y orientar investigaciones, y el uso intensivo de tecnología, desde georreferenciación hasta análisis de datos y trazabilidad de evidencia digital.
Hay, además, un esfuerzo deliberado por ordenar la operación interna: fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para que puedan litigar asuntos con éxito, ampliar el uso de los mecanismos alternativos, generar información confiable para la toma de decisiones y, como prioridad, mejorar la atención a víctimas.
La evaluación suma a lo anterior. A diferencia de reformas anteriores, aquí se introduce una lógica explícita de seguimiento: gabinetes de revisión de casos, medición de desempeño ministerial, monitoreo de órdenes de aprehensión y análisis de resultados en juicio. La persecución penal se concibe como un proceso “planificado, evaluable y orientado a resultados”.
¿Funcionará? Es pronto para saberlo. Los datos preliminares —reducción de incidencia y aumento en judicializaciones— son alentadores, pero todavía frágiles. Por años hemos insistido en que una reforma profunda de la procuración de justicia es crucial si queremos combatir la impunidad. La tarea es muy compleja. Requiere tiempo, perseverancia, planeación y liderazgo.
Las fiscalías, luego de años de abandono, son terreno donde florece la corrupción y las inercias. Los problemas se multiplican y entrecruzan. Modificar este rumbo es crítico, pero posible. Capacitación, profesionalización, institucionalización, continuidad, tecnología y cultura son elementos claves. Sin estridencia y con trabajo constante vemos una luz, pero la fiscal y su equipo necesitan tiempo y apoyo. Ojalá lo tengan. Sería una muy buena noticia.
