La estrategia de seguridad actual se ha discutido desde muchos ángulos, pero uno muy poco comentado es la forma en la que se está incrementando dramáticamente el número de personas en prisión. Muchas de ellas sin sentencia.
Esto es grave. En lo que va del sexenio, el número de internos ha aumentado en 11%. Es decir, el gobierno está encarcelando en promedio a mil 525 personas al mes.
El dato no tiene precedentes. Representa casi cuatro veces más la cantidad mensual de internos generados por Calderón (402 personas), tres veces la de Obrador (540) y el doble que la de Fox (769). Las cárceles se están llenando a tope. De 2024 a 2026, la población penitenciaria en hacinamiento se ha triplicado.
Lo peor es que 40% de las personas privadas de su libertad no tienen sentencia, es decir, no se sabe a ciencia cierta si son culpables.
Esto debe prender las alertas. A este paso, el sexenio de Sheinbaum terminará con casi 110 mil personas adicionales en prisión, es decir, 47% más de las que dejó Obrador. Esto hará que México pase de ser un país con una tasa de encarcelamiento ligeramente por arriba del promedio mundial a tener una tasa mayor al 75% de los países. Todo en solo seis años.
Es crítico que el gobierno no caiga en la tentación de tratar de resolver el problema de seguridad del país a base de multiplicar la privación de la libertad, sobre todo si esta sucede sin sentencia.
Para evitar caer en ello, se requiere una atención real y sistemática al proceso de los indiciados. El trabajo del gobierno no debe culminar en la captura de “agentes generadores de violencia”, sino que debe continuar hasta asegurarse un juicio justo para todos los internos.
A ello debe agregarse una estrategia potente, no retórica, que convierta a la privación de la libertad en el último recurso. Ello requiere que se desarrolle un ejército de trabajadores sociales que vigilen vecindarios de alta incidencia delictiva a fin de evitar el consumo de drogas ilegales, la violencia doméstica y la deserción escolar. Es decir, los factores típicamente asociados con el fortalecimiento de las redes criminales.
Un buen candidato para desarrollar este trabajo son los Servidores de la Nación, los cuales, al provenir de las propias comunidades, tienen el acceso, confianza y la información necesaria para poder arropar a los adolescentes antes de que cometan su primer delito.
Finalmente, todo lo anterior debe acompañarse de inversiones públicas para lograr condiciones adecuadas en los penales y centros de detención y, sobre todo, un programa de rehabilitación serio que impida la reincidencia.
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