Las oportunidades no faltaron, pero todas se dejaron pasar. Venimos arrastrando la colusión entre el poder político y el crimen organizado desde hace varios lustros. Cuando asomaba la punta del iceberg, todos optaron por esperar a que amainara el escándalo y, a lo mucho, si procedían, lo hacían contra los elementos involucrados en los escalafones más bajos de la jerarquía. En el caso de Sinaloa, las evidencias de contubernio datan de los años sesenta, una y otra vez, fue patente, una y otra vez, los gobiernos, emanados de diferentes partidos, prefirieron mirar a otra parte.
Detrás de esto hay una negligencia indiscutible de todas nuestras élites políticas. No de ahora, de siempre. Unas más, otras menos, pero ningún partido, ningún presidente, se aventó a dar la batalla mayor: la que consiste en promover las investigaciones en contra de un gobernador en activo, o de miembros prominentes de sus gobiernos, y sancionarlos conforme a derecho. Las razones de unos y otros, sí pueden haber sido distintas. En algunos casos, habrá sido para evitar que se revelara alguna complicidad propia; en otras, por temor (porque hace falta valentía, y mucha), por desidia, o por proteger la reputación del partido o del movimiento. Al final, para los habitantes de Sinaloa, de Tamaulipas, de Michoacán, o de Jalisco, poco importan las razones, ningún presidente ha mandado el mensaje de que toda complicidad será castigada sin importar el nivel del infractor. Porque hablando de traiciones, qué más traición que la de quienes, por codicia de poder o dinero, han dejado a millones de familias, y en particular, a las más pobres, impotentes frente al acecho de las mafias y de sus cómplices, vulnerables frente a los abusos de los que desparecen y matan, de los que extorsionan y cobran derecho de piso, de quienes reclutan a jóvenes y niños para convertirlos en asesinos y torturadores.
La ruta está trazada. La siguió el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando procedió contra el alcalde de Tequila. La Fiscalía investigó, un juez concedió la orden de aprehensión y las autoridades federales hicieron el operativo y se ejecutó la orden. Impecable. A muchos morenistas no les gustó, y lo hicieron saber. Aseguraban que se vulneraba al partido al reconocer la relación del alcalde morenista con el crimen organizado, llegaron incluso a insinuar que la Presidenta había actuado plegándose a las peticiones de poderosos empresarios. Pues resulta que esa es la operación que hoy puede presumir en materia de combate a la colusión entre poder político y mafias criminales. Porque todo lo demás, se detuvo. No avanzó la investigación respecto a lo ocurrido el día en que El Mayo Zambada fue entregado a las autoridades estadounidenses, se topó la investigación respecto a La Barredora, en Tabasco y la del huachicol fiscal.
Pero aún hay espacio para que la Presidenta retome la iniciativa. Y que denuncie, sí, que la forma en que procedió Estados Unidos es un acto injerencista y político, porque lo es, y que no se va a plegar a eso, pero decirlo, las veces que crea necesario, no la exime de la responsabilidad de actuar con toda firmeza para que se investigue a los señalados. Aquí en México y allegándose de las pruebas necesarias, y procediendo como ella misma lo anunció el lunes: buscando la verdad, haciendo justicia, y garantizando, por lo mismo y, en consecuencia, la defensa de la soberanía. En ese orden. Es ahora o nunca.
