M+.- Cuando ella comenzó la labor de parto, Oswaldo y su mujer acudieron a la Unidad de Medicina Familiar 234 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del poblado de Colorines. Ambos son derechohabientes. Ahí les dijeron que no podrían atender a la mamá porque venía con una hernia que obligaba a practicar una cesárea y que, por ser una unidad de primer nivel, ahí no se practican cirugías.
El hospital más cercano del IMSS se encuentra a una hora y cuarto de distancia, en la ciudad de Toluca. La autoridad médica no ofreció servicio de ambulancia y el riesgo de trasladar a la parturienta en un taxi era alto. La pareja desconocía que el alumbramiento podía ser atendido en el sistema IMSS-Bienestar, así que acudió con un médico particular que anunció un cobro de 15 mil pesos por el procedimiento. La madre salvó apenas la vida, pero el niño nació muerto. Esta historia ocurrió hace apenas veinte días.
Oswaldo y su mujer merecen ser algo más que una cifra. Y, sin embargo, su tragedia es una que nadie ve, como la de los 44.5 millones de personas que hoy en México no tienen acceso a los servicios de salud.
Esta semana fue presentado en El Colegio de México el reporte Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México. Se trata de una de las mejores radiografías en este tema. Un diagnóstico riguroso elaborado por especialistas con gran reputación, entre quienes destacan Laura Flamand, del Colegio de México (Colmex), Diego Cerecero, Octavio Gómez Dantés y Edson Serván Mori, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y Alejandro Mohar, del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
No gustaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los hallazgos referidos en el documento. Muy probablemente lo que más enojó fue el título “Salud quebrada”, aunque, para decir la verdad, no habría ninguno mejor a la hora de llamar la atención pública sobre un relato muy bien argumentado.
El INSP y el INCan corrieron a desmarcarse de sus investigadores y aclararon que no avalaban el trabajo ahí expuesto. El IMSS, que no participó en su elaboración, rechazó las conclusiones del reporte y cuestionó datos relacionados con la mortalidad materna y la precariedad laboral de los médicos.
El mayor rechazo se expresó en un editorial del diario La Jornada del miércoles 11 de noviembre en el que llama a este trabajo académico “una pieza de propaganda política” y califica de “bulo” (noticia falsa) el dato según el cual la desaparición del Seguro Popular multiplicó la población sin acceso a servicios médicos en los municipios pobres, a pesar de que proviene de las encuestas realizadas por el Inegi.
Lo que más habrá enojado a los defensores de la política social de la cuarta transformación es que, en materia de salud, los pobres no han estado primero; más bien han sido los últimos en la fila. Aquí el dato que más duele: en 2018, en los municipios con alto o muy alto rezago social, sólo el 6.2 por ciento de los hogares decía al Inegi no estar afiliado a ningún servicio de salud. En 2024, al concluir el mandato de Andrés Manuel López Obrador, esa cifra saltó al 62.7 por ciento.
También habrá irritado al gobierno la comparación en la cobertura de servicios ofrecida por el Seguro Popular, creado en 2003, y la que hoy entrega su sucesor, el IMSS-Bienestar:
En el año 2000, antes del Seguro Popular, 56.7 por ciento de los hogares no estaba afiliado a ningún servicio público de salud. En 2018, cuando López Obrador se puso la banda presidencial, esa cifra se redujo a 8.5 por ciento. Sin embargo, debido al fallido experimento del Insabi y a la muy lenta puesta en marcha del IMSS-Bienestar, en 2024 el 31.4 por ciento de los hogares reportaba no estar afiliado.
Es decir que durante el mandato lopezobradorista la proporción de hogares sin cobertura médica creció 22.9 puntos porcentuales. Medido en personas, según el Inegi, fueron 24.4 millones de mexicanas y mexicanos más sin acceso a los servicios de salud. Con estos números, ¿se puede decir que la salud en México está quebrada? Son más bien propagandistas quienes intentan desesperadamente negar la realidad.
En consecuencia, el gasto de bolsillo —el dinero que las familias tienen que desembolsar para proteger su salud— se incrementó notablemente. Según el reporte, entre 2014 y 2024 el número de hogares con gastos excesivos en salud creció 73 por ciento: en 2024 fueron 5.7 millones las familias que destinaron más del 30 por ciento de sus recursos a atenderse o que, por esa causa, cayeron en la pobreza.
Uno de los componentes principales de este fenómeno ha sido el desabasto de medicamentos. Según el colectivo Cero Desabasto, mientras que en 2017 no se habrían surtido 3.6 millones de recetas, en 2022 habrían sido 17 millones. Esto se debió en buena medida a la decisión presidencial de interrumpir la compra consolidada de medicamentos, supuestamente para combatir la corrupción. Hoy sabemos que esa medida abrió la puerta a la corrupción y a los sobreprecios en la adquisición de tales productos.
El dato más doloroso del reporte tiene que ver con las madres. En 2018 morían 44.1 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos durante el embarazo, el parto o el puerperio; en 2021 la cifra llegó a 76.4, un nivel que el país no veía desde 1990. La pandemia explica buena parte de ese salto, pero no lo explica todo: el sistema no supo proteger a las embarazadas cuando más lo necesitaban, y lo más desconcertante es que las mujeres con seguridad social —las que tenían IMSS o Issste— murieron en mayor proporción que las que no contaban con ella.
Un ejemplo más de la quebradura es la precariedad en la que se encuentran los operadores del sistema, concretamente médicos y enfermeras. Tres de cada cuatro médicos y dos de cada tres enfermeras tienen un empleo precario (contratos inestables, bajos ingresos, falta de prestaciones o jornadas excesivas).
Como tantas otras que vive el país, hay dos maneras de vivir esta quebradura: haciendo propaganda y negándose a conversar, tal como hacen el gobierno y sus dependencias; o bien, mirando de frente el problema y sin negaciones abocarse sinceramente a atenderlo.
