El 16 de julio pasado se publicaron en el DOF 26 leyes, reformadas o nuevas, producto de la labor legislativa del Congreso durante el periodo extraordinario. Hay que notar la “diligencia” del Congreso que, en solo 10 días, fue capaz de procesar todo ese conjunto de leyes, algunas de enorme complejidad. En el fondo, el debate parlamentario se sigue deteriorando bajo la batuta del Ejecutivo.
Estas leyes desarrollan diversas reformas constitucionales recientes —en materia de competencia económica, telecomunicaciones, medición de la pobreza o eliminación de trámites— y a ellas me referiré en próximas entregas.
Una parte importante del paquete legislativo es la nueva legislación en materia de seguridad pública, Guardia Nacional, y una innovación, el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. Bajo el argumento de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir e investigar delitos, esta ley crea una arquitectura jurídica que habilita el acceso masivo y en tiempo real a bases de datos públicas y privadas, sin necesidad de orden judicial, ni controles efectivos.
El corazón del sistema es la Plataforma Central de Inteligencia. Se trata de una herramienta operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Permitirá consultar, interconectar y analizar registros administrativos, bases de datos y sistemas de información para generar “productos de inteligencia” destinados a prevenir e investigar delitos, particularmente los de alto impacto.
El alcance de esta plataforma preocupa. De acuerdo con la ley, estarán obligadas a interconectarse no solo las autoridades federales y estatales, sino también las empresas que manejen información que, a juicio del CNI, sea útil para la inteligencia en seguridad pública. Eso incluye registros biométricos, fiscales, telefónicos, de salud, transporte, comercio electrónico o telecomunicaciones, entre otros. El acceso puede ser por convenio con la SSPC, o bien por simple requerimiento de la autoridad, sin orden judicial ni criterios previos claros de proporcionalidad o necesidad.
¿El problema? Que no hay mecanismos efectivos de control. Todo el funcionamiento del sistema es opaco por diseño: la ley clasifica ex ante como reservada toda la información generada —normas, decisiones, productos de inteligencia, protocolos de operación y un largo etcétera. No se prevén auditorías independientes ni salvaguardas técnicas verificables. La referencia a la protección de datos personales es meramente declarativa.
Lo que está en juego es la privacidad de millones de personas y la erosión de la confianza en las plataformas digitales. En el peor de los escenarios, la plataforma puede convertirse en una infraestructura de vigilancia masiva al margen del control democrático. Un moderno panóptico digital al servicio del poder, más que de la justicia.
