En los últimos meses hemos sido testigos de un conjunto de cambios legales que, de manera silenciosa, pero constante, están construyendo jurídicamente un Estado autoritario. No se trata de un golpe espectacular ni de una sola reforma visible, sino de una serie de ajustes que han ido alterando el equilibrio entre el poder del Estado y los ciudadanos. El episodio más reciente es la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo.
El proyecto es técnicamente complejo y con claroscuros. Es cierto que incorpora algunos avances, como la tramitación electrónica, pero en los aspectos sustantivos preocupa más lo que resta que lo que aporta. En medio de un debate de nuevo polarizado, muchos juristas reconocidos coinciden en que, lejos de fortalecer la protección de derechos, la reforma refuerza la posición del Estado frente a los particulares.
Tres aspectos me parecen regresivos: se acota el interés legítimo, se restringe la suspensión y se amplía el margen de las autoridades para incumplir las sentencias de amparo. Por razones de espacio no puedo argumentar aquí los detalles técnicos. Pero puedo afirmar que estos cambios dificultarán la defensa de los derechos de las personas. Dicho con claridad: si el amparo nació como un mecanismo de protección de los particulares frente al poder estatal, esta reforma invierte la lógica y fortalece la posición litigiosa del Estado.
Lo más grave, sin embargo, es que esta iniciativa no es aislada. Forma parte de un patrón más amplio. Desde la reforma judicial, cuyo efecto práctico ha sido reducir la independencia e imparcialidad de los jueces, hasta las nuevas leyes en materia fiscal, de seguridad pública y de regulación administrativa, se ha construido un andamiaje normativo que no fortalece los derechos del “pueblo”, como repite el discurso oficial, sino que menoscaba los espacios de defensa de los ciudadanos. Un Estado blindado jurídicamente, aunque debilitado por la austeridad y la pérdida de capacidades institucionales.
La paradoja es evidente. Bajo la retórica de ampliar derechos o democratizar la justicia, lo que observamos es el debilitamiento de los contrapesos y la reducción de los espacios de defensa ciudadana. En el caso del amparo, la lógica protectora que lo ha caracterizado desde el siglo XIX se ve desvirtuada. En lugar de facilitar el acceso a la justicia, se levantan nuevas barreras.
Un régimen autoritario no se edifica de un día para otro ni solo mediante la fuerza. También se construye a través de reformas legales que, sumadas, transforman el sentido del derecho. La reforma al amparo es un paso más en esa dirección: un Estado blindado contra sus ciudadanos. La responsabilidad recae ahora en diputados y senadores. Mucho me temo que votarán, una vez más, para complacer al poder. Ojalá no lo lamenten después.
