En esta columna hemos argumentado que el derecho establece las reglas del juego político. Cuando los actores las desconocen hay dos alternativas. El árbitro se impone y las partes acatan o el asunto deriva y entra en el umbral del uso de la fuerza. Esto fue lo que pasó en Nuevo León.
Va una lectura normativa del sainete regio. Existen otras interpretaciones y hay razones políticas que se esgrimen para justificar las acciones de unos y otros. Me importa subrayar que en esta ocasión —rara, por cierto, en los tiempos recientes— una intervención oportuna del árbitro fue capaz de contener el caos que se anunciaba.
La Constitución de Nuevo León es clarísima. Si el gobernador electo solicita una licencia por más de 30 días, corresponde al Congreso designar a uno interino. Esto lo sabían todos los actores y nadie puede llamarse a engaño.
Enfrentados políticamente, el gobernador y el Congreso iniciaron un juego de vencidas que desconoció las reglas. El gobernador solicitó licencia y en el mismo documento designó a su interino disfrazado de “encargado de despacho”. El Congreso solicitó una aclaración que parecía razonable. Pero el gobernador se enojó y buscó la intervención del INE.
Sin respuesta a la aclaración, los diputados nombraron gobernador interino al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, quien estaba impedido para ocupar ese cargo. Todo lo anterior desencadenó una cadena de litigios ante la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y diversos jueces federales. El resultado fue una inverosímil cacofonía jurídica de medidas cautelares y suspensiones.
El Tribunal Electoral, con un proyecto de la magistrada Otálora, dictó una sentencia contundente. Revocó la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia y le ordenó al Congreso del estado “que realice el nombramiento de la gubernatura interina” conforme a lo establecido en la Constitución y generando los consensos necesarios (entiéndase la mayoría necesaria para la designación).
El Congreso procedió a designar a otro gobernador interino. Pero Samuel García no lo aceptó, regresó al estado y amenazó con desconocerlo. A esto se sumó la increíble suspensión que dictó un juez de distrito en materia laboral de Ciudad de México (bien haría el Consejo de la Judicatura en investigar su actuación).
El viernes en la noche estuvimos cerca de atestiguar un “golpe de Estado” en Nuevo León. Pero el ministro Laynez dio un golpe en la mesa y restableció el orden. Dictó nuevas medidas cautelares que dejaron claramente establecidas las reglas y desactivaron el efecto de las suspensiones. Las consecuencias son conocidas y el orden volvió. Esto no implica que el conflicto esté resuelto y seguramente veremos nuevos capítulos. Pero ojalá este episodio sirva para recordarles a todos que, por una vez, la ley sí fue la ley y la Suprema Corte hizo oportunamente su trabajo.
