En las últimas dos semanas, la Suprema Corte resolvió varios casos relevantes que esperaban desde 2019 y 2020. Importan porque la Corte analizó decisiones del presidente López Obrador y reformas legislativas impulsadas por Morena. La pregunta subyacente era saber si tenemos una Corte deferente al Ejecutivo o un tribunal constitucional capaz de ejercer su función de control y contrapeso.
En conjunto el balance es interesante. Por una mayoría de nueve votos, la Corte ordenó al Presidente que, en un plazo perentorio, cumpliera con su obligación de enviar al Senado, para su ratificación, los nombres de las o los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (el retraso se contaba en años). En otro, determinó por mayorías de ocho y nueve votos declarar inválidas las reformas a diversas leyes que ampliaban el catálogo de delitos en materia fiscal con prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría necesaria para establecer una interpretación que permitiera que la prisión preventiva no fuera “automática”. Este asunto aún hará mucho ruido.
También declaró válido, por una mayoría de ocho votos, el decreto que dispone de las fuerzas armadas permanentes para llevar a cabo tareas de seguridad pública. En este caso, la mayoría consideró que el Presidente no invadió la esfera de competencia del Congreso. Hubo una intensa discusión sobre si el decreto cumplía con los estándares constitucionales de motivación.
Más allá de las decisiones, lo que resulta interesante es el análisis de las diferentes posiciones de las y los ministros. Cierto, la Corte habla con una sola voz, que es la de la mayoría. Pero detrás de esos acuerdos existe una enorme diversidad de concepciones, valoraciones y métodos de interpretación que se reflejan en los numerosos votos concurrentes y particulares. En muchos casos, el diálogo se pierde en una cacofonía de posicionamientos.
Sería sencillo hacer una clasificación simplona de las y los ministros en pro y contra de la 4T. Creo que no ayuda al análisis. Lo que sí puede observarse es una clara diferencia en la calidad de los argumentos. Tenemos ministras y ministros sólidos y congruentes. En otros casos, lo menos por fortuna, existe una calidad argumentativa endeble y un sesgo claro en las decisiones. Eso está a la luz de todos.
El lunes pasado cinco ministras y ministros presentaron sus proyectos para postularse a la presidencia de la Corte. Habrá que juzgarlos en sus méritos. Pero también en sus posiciones y argumentos. La Suprema Corte se encuentra en una posición muy comprometida frente a un poder que desdeña el derecho. Necesitamos por ello una Corte autónoma, prudente pero congruente con su misión y conducida por una persona con una sólida convicción constitucional. Confiamos que, en enero, las y los ministros tomarán la mejor decisión.
Sergio López Ayllón*
*Investigador del CIDE
